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El sexo, pecado y tabú para las mujeres de Zanzíbar

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Sulhiya, 17 años, sostiene en brazos a su hija recién nacida en el centro de salud de Uroa, en Zanzíbar.

  • En el archipiélago tanzano, las relaciones sexuales y el uso de anticonceptivos entre solteras está mal visto, y el aborto es ilegal. Miles de ellas se sienten entre la espada y la pared

Para las mujeres no casadas de Zanzíbar existen algunos conceptos prohibidos. Sexo, anticonceptivos, embarazo no deseado, maternidad en solitario. O aborto. Este archipiélago de dos islas en la costa de Tanzania, paradisiaco destino turístico, vive entre contrastes. Por un lado, la modernidad que ha traído el turismo con sus extranjeras blancas en bikini, discotecas que escupen música hasta altas horas de la noche, restaurantes cosmopolitas y hoteles de lujo. Por otro, la tradición imbuida desde el nacimiento a sus habitantes. Y sobre todo a ellas. Mujeres recatadas por obligación en una sociedad al 95% musulmana, no radical, pero sí muy conservadora. En Zanzíbar, las turistas enseñan muslos, hombros y ombligos, pero quienes han nacido allí se tapan con velo. En Zanzíbar, infinidad de parejas europeas o americanas de vacaciones se cogen de la mano en la calle y comparten intimidad en la alcoba, pero ellas, las de allí, no pueden practicar sexo antes del matrimonio porque está mal visto, porque supone un estigma y una marginación de por vida.

Como se presupone que las mujeres no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, no hay riesgo de que se queden embarazadas, así que tampoco hay razón para utilizar métodos anticonceptivos. Pero la realidad es más compleja. Se practica sexo y se practica sin protección. "Para las solteras o divorciadas el acceso a servicios de anticoncepción sigue siendo un problema. Las normas sociales negativas sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio probablemente explican la renuencia de algunos proveedores, planificadores y responsables políticos a abordar la necesidad insatisfecha de anticonceptivos que existe", explica Francesca Morandini, directora de la oficina de Unicef en Zanzíbar.

Por su parte, la ONG Marie Stopes International, que lleva muchos años dedicándose a la planificación familiar en las islas, revela que la mayoría de las participantes en sus estudios ve los anticonceptivos como una herramienta para espaciar el número de hijos y que, aunque es fácil encontrar condones en farmacias y otros comercios, las adolescentes desconfían y no se sienten tratadas de manera privada o confidencial, sino inseguras al comprar porque podrían ser vistas por cualquiera.

Las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos afectan a unos 225 millones de mujeres en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) algo que, de solucionarse, evitaría muchos embarazos no deseados y la muerte de miles de mujeres a causa de abortos provocados que salieron mal. En este archipiélago, solo un 14% de las mujeres casadas en edad reproductiva toma precauciones, una de las tasas más bajas de África, según indica el informe de demografía y salud del Gobierno de Tanzania de 2016. Entre las solteras sexualmente activas, solo cuatro de cada diez obtienen acceso a estos métodos, según Unicef. Y otro dato más: la misma organización estima que más del 40% de los embarazos no son intencionados y que alrededor de un 18% de las mujeres comienza a tener hijos en la adolescencia.

En el centro de salud de Uroa, una localidad pesquera que vive de cara al océano Índico, se hacen patentes las consecuencias de esta discriminación. La enfermera Hifadhi lleva 35 años atendiendo a los vecinos, y los conoce muy bien. "Hay dos perfiles de usuarias de anticonceptivos: unas son las casadas y las viudas que se ven con alguien y quieren evitar tener más hijos; ellas sí los piden. Las jóvenes sin casar no los usan, nunca vienen por aquí. Tienen miedo a acercarse porque todo el mundo en el pueblo se conoce y van a acabar sabiendo que si alguna está embarazada o si toma anticonceptivos sin estar casada". Uroa tiene una población total de 2.828 mujeres, 778 en edad reproductiva, según los datos de este centro de salud. De ellas, solo 293 han solicitado algún método de prevención.

¿Qué le pasa a una mujer que se queda en estado? "Aquí, si te quedas embarazada sin estar casada eres una prostituta", asegura Mariam Hamdani. De 73 años, es la fundadora de la única banda de música tradicional formada por mujeres de Zanzíbar. Sus letras denuncian que ellas tienen menos derechos. Una madre soltera se enfrenta a la marginación y al estigma, y por eso hay dos opciones: casarse o arriesgarse a un aborto clandestino, ya que en Zanzíbar esta práctica es ilegal. Interrumpir el embarazo a escondidas supone poner en peligro la vida, pero la Marie Stopes International ha comprobado que las mujeres, especialmente las adolescentes, prefieren enfrentarse a esa posibilidad antes que las consecuencias de tener un hijo siendo solteras. "Son consideradas una desgracia para la familia y el embarazo se percibe como algo que arruina su vida y su futuro, incluida la posibilidad de elegir marido (...). Con frecuencia son expulsadas del colegio o del hogar", reza un informe de la organización.

Sulhiya, de 17 años y vecina de Uroa, eligió casarse. Se cubre parte del rostro con un velo naranja, y sonríe con nerviosismo cada vez que le toca responder una pregunta. Tratar temas como el sexo, el aborto o los anticonceptivos no es tarea fácil para ella, le da vergüenza. Sostiene a su bebé en brazos, Akhla, de 10 meses, a la que ha llevado al centro de salud para una revisión. "Me quedé embarazada por accidente y mi novio decidió que nos casáramos", reconoce tras cierta reticencia. Sus padres no la rechazaron, pero sí le recomendaron que consumara ese matrimonio con el padre de la criatura para que su unión y el bebé fueran "oficiales". Así hizo. Acabó la educación secundaria durante la gestación y desde que es madre y esposa ya no estudia, se ha convertido en ama de casa. Si pudiera, le gustaría formarse en algo relacionado con el dibujo o el Arte. Quiere tener tres hijos, pero no por ahora, por eso utiliza como medida de prevención un implante subcutáneo. Al ser mujer casada, ya no está tan mal visto.

Tanto hospitales públicos y privados como ONG y agencias de la ONU (Unicef, Marie Stopes o Engender Health) informan a las mujeres de los métodos reales de anticoncepción y hasta organizan encuentros formativos con parejas en las comunidades rurales de las islas del archipiélago, aunque muchas veces encuentran reticencias porque las interesadas necesitan el permiso del marido para usarlos. "Cuando se les dice por primera vez que hagan algo de planificación familiar, ellas responden: 'mi marido me dijo que si lo hago se divorcia'. Cuesta mucho convencerlas, pero al final suelen acceder. Y muchas lo hacen en secreto", relata Rukia Mohamed, enfermera en el área de ginecología y obstetricia del hospital público Mnazi Mmoja, el mayor de Zanzíbar. Quizá por esto, las inyecciones y los implantes intercutáneos son los métodos preferidos allí por las usuarias. "Las inyecciones duran hasta tres meses, vienen aquí a ponérselas. Es la más común porque es la que nadie ve, más discreta". Mientras, en el pequeño centro de salud de Uroa, la enfermera Hifadhi sostiene que la mayoría de sus pacientes cuenta con el consentimiento conyugal. "Es una decisión tomada con el marido, rara vez se ocultan".

Los métodos modernos más utilizados son inyectables e implantes subcutáneos (6% y 3% respectivamente) pero aún un 9% de mujeres creen en métodos tradicionales. Khadija, de 35 años, y embarazada de siete meses y medio de su cuarto hijo, está ingresada en el hospital porque su útero amenaza con desprenderse. Ella asegura que sí toma precauciones: "el calendario", dice con despreocupación. Esto es, simplemente, calcular en qué fecha una es fértil o no lo es, un método muy poco fiable, igual que la marcha atrás, sobre la que la enfermera Rukia asegura que también se encuentra mujeres adultas que creen que funciona.

Como en el caso de Sulhiya, un embarazo significa una maternidad, al menos en teoría, porque el aborto es un delito penado con cárcel y solo se permite si la vida de la mujer corre peligro. "El aborto es una de las principales causas de ingreso en el hospital Mnazi Mmoja pero, como no es legal, es difícil establecer cuántos de los casos admitidos se deben a causas espontáneas y cuántos fueron inducidos clandestinamente", detalla Morandini.

En la sala de evacuación, dos enfermeras y un anestesista están preparando a una paciente para hacerle un legrado después de haber interrumpido su gestación. Es el día a día del hospital. En la entrada de esta sala, Rukia coincide con las estimaciones de Morandini. Asevera que al menos la mitad de las mujeres en estado que llegan a la consulta querrían no tener al bebé. "Muchas vienen por complicaciones derivadas del aborto, unas ocho o diez por día". Un vistazo al libro de registros revela que en las primeras tres semanas del mes en curso ingresaron 115 pacientes por esta causa. "Ellas vienen cuando ya ha ocurrido. Cuando se casan y quedan embarazadas siguen realizando trabajos muy duros, llevan objetos pesados, cubos de agua... La mayoría lleva una vida muy dura", sostiene. Así le ocurrió a Rehema, de 24 años. Macilenta, dolorida y con aspecto deprimido, guarda reposo en un camastro, sobre una tela de colores. Acaba de perder un feto, el segundo ya. "Con el anterior me pasó igual, pero los doctores no saben decirme la causa, dicen tenemos que esperar para ver cuál es el problema".

Las mujeres abortan valiéndose de los métodos más variados y con nefastas consecuencias para su salud. Recurren a matronas, a médicos tradicionales, a clínicas clandestinas y, la mayoría de ocasiones, se lo hacen ellas mismas en casa para evitarse los costes de pagar a alguien. Las investigaciones de Marie Stopes revelan que el coste ronda los 45 dólares en un país donde la renta media per cápita es de 600 dólares anuales.

Entre métodos más utilizados se recurre a la ingestión de determinados tipos de hierbas, detergente, medicinas o insertándose agujas por la vagina hasta el útero. Pero no siempre sale bien. De hecho, Unicef estima que la tasa anual de mortalidad materna es de 450 gestantes por cada 100.000 nacidos vivos —en España es de seis— y que el 16% de ellas se debe a un aborto inseguro, "pero muchas ocurren comunidades alejadas y no se notifican", previene Morandini. Las principales causas son: hemorragia posparto (42%), eclampsia o trastorno hipertensivo del embarazo (19%), anemia grave (11%), rotura del útero (7%) y sepsis (5%).

"El problema de los abortos es que provocan infecciones y la muerte, sangran mucho cuando lo hacen en casa, eso he oído", dice Zuhena, de 47 años y de Uroa. Como todas las vecinas consultadas en el centro de salud, sus respuestas se vuelven vagas cuando se trata de abordar el asunto del aborto. Todas saben de casos, pero ninguna quiere hablar de personas concretas. Son secretos a voces, rumores, comadreos. "He oído algunos casos, y abortaron por el miedo que les daba la familia y los padres, y también por los cotilleos de la gente", cuenta Asia, de 30 años y de la misma localidad.

Solo en Stonetown, la capital, Khadija, de 22 años y estudiante universitaria reconoce que su mejor amiga de la facultad está de algo menos de tres meses. Que no lleva mucho saliendo con su novio. Que aún no ha decidido qué hacer. "Yo le digo que debe tener al niño porque la otra opción es muy peligrosa", asevera. La aludida no permite revelar su nombre y no quiere hablar de su caso, no quiere conocer a ningún periodista. Oculta su secreto en lo más profundo de sus pensamientos y su incipiente barriga aún se camufla bajo el hiyab. En otros puntos del mundo saldría adelante con un poco de ayuda. Pero aquí, en Zanzíbar, sabe que haga lo que haga su vida se acaba de complicar de verdad.
 
FUENTE: El País. Lola Hierro. 

¿Mujeres o incubadoras?: Deficientes servicios de salud sexual y reproductiva ponen miles de vidas en peligro

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La violencia de género tiene muchas caras, no entender a las mujeres como personas con capacidad de elección sobre su propio cuerpo es una de ellas.

Hay en determinados países donde el aborto está prohibido, no es el caso del nuestro, de momento, pero aquí en España, no es gratuito, ni tampoco se considera que las mujeres cuando asisten a solicitarlo han sido capaces de haber reflexionado su reflexión, por lo que se les da un mínimo de 3 días para reflexionar su decisión. Basta ya de considerarnos menores de edad, exigimos aborto libre y gratuito como derecho universal.

Esperamos que el siguiente artículo contribuya a la reflexión en esta línea:

¿Mujeres o incubadoras?: Deficientes servicios de salud sexual y reproductiva ponen miles de vidas en peligro

De Fernanda Doz Costa, Investigadora de Amnistía Internacional sobre derechos sociales, económicos y culturales en las Américas @FernandaDozCost , 7 marzo 2016, 13:13 UTC

Una joven llega inconsciente al hospital tras haber sufrido una pérdida y despierta esposada a la cama. Otra mujer, que vive con VIH, acude al hospital público a dar a luz y vuelve a casa esterilizada contra su voluntad. Una joven de 16 años muere sin haber recibido tratamiento contra la leucemia que podría haberle salvado la vida, porque estaba embarazada y el tratamiento hubiera dañado al feto. En otro rincón de las Américas, una mujer todavía sufre las consecuencias de una esterilización forzada que el estado le practicó como una forma de “combatir la pobreza”.

La vida de millones de mujeres y niñas de toda la región están a la merced de sistemas de asistencia a la salud que anteponen los estereotipos de género y las opiniones personales de los profesionales de la salud o los funcionarios de turno a la vida y el bienestar de las pacientes.

Tania, una mujer chilena, es una sobreviviente de este sistema. Cuando fue diagnosticada con cáncer, los médicos que la atendieron recomendaron que comenzara un tratamiento de quimioterapia de manera inmediata para salvar su vida. Pero había un problema: Tania estaba embarazada y para comenzar el tratamiento necesitaría un aborto.

El aborto está terminantemente prohibido en Chile, aun cuando la vida de una mujer depende de ello. La prohibición se basa en una ley de 1989 cuando Augusto Pinochet todavía dictaba las vidas de todas las personas que habitaban el país sudamericano. Ninguno de los médicos que trataron a Tania consideraron lo que ella necesitaba para sobrevivir.

Tania no tuvo otra opción que acudir a un aborto clandestino que afortunadamente salió bien. Muchas otras mujeres mueren en este intento al no tener los recursos necesarios para acudir a clínicas seguras.

“Nunca me vieron como una persona. Me vieron como una incubadora, alguien que puede traer hijos a este mundo. Y después no importa si yo lo voy a criar o no, si me voy a morir, si va a pasar hambre, a ellos no les importa,” Tania nos dijo recientemente.

Otra sobreviviente de este violento sistema es Michelle. En 2014, con 23 años, Michelle acudió a un hospital de Veracruz, México, para controles de su embarazo. A partir del cuarto mes, cuando detectaron que ella es portadora de VIH-SIDA, todo el trato que recibió fue discriminatorio y violento. Cuando programaron la cesárea para dar a luz, el médico le dijo que debía ser esterilizada para no traer “más hijos enfermos a este mundo”. A pesar de existir numerosa evidencia científica que indica que con tratamiento adecuado el riesgo de transmisión de madre a hijo/a es mínimo, el médico la humilló y la obligó. Ella nunca consintió a la esterilización pero se la practicaron de todas maneras.

La vida de millones de mujeres y niñas de toda la región están a la merced de sistemas de asistencia a la salud que anteponen los estereotipos de género y las opiniones personales de los profesionales a la vida y el bienestar de las pacientes.

Tania y Michelle son algunas de las historias recogidas en un nuevo informe de Amnistía International. Este informe documenta a través de casos paradigmáticos de ocho países un patrón sistemático en toda la región: estos mismos Estados que cada 8 de marzo se comprometen discursivamente a luchar por la equidad de género, se han convertido en aparatos reproductores de violencia contra las mujeres.

Los Estados reproducen la violencia cuando a través de sus leyes, políticas públicas y prácticas sobre salud sexual y reproductiva imponen violentamente estereotipos tales como “toda mujer debe ser madre sin importar las consecuencias para su salud o vida” o “si vives en la pobreza o con VIH no tienes derecho a tener los hijos que quieras”. Al hacerlo lo que están diciendo es: en este Estado se legitima y hasta se promueve la discriminación contra las mujeres; que es la base de toda violencia de género.

La centralidad que tiene esta problemática en la región y lo fuertemente arraigados que están estos estereotipos de género han sido reafirmados al inicio de este año, con la emergencia sanitaria en torno al virus Zika y las respuestas absurdas y discriminatorias que han dado algunos gobiernos.

¿Acaso alguien ha escuchado a algún funcionario público de la región llamar a los hombres a dejar de tener sexo para evitar los posibles embarazos, con la misma liviandad con la que llaman a las mujeres a evitarlos? El embarazo sigue siendo una responsabilidad, una obligación y un problema exclusivamente femenino para el imaginario popular.

En una región donde más de la mitad de los embarazos son no deseados, por barreras que los propios Estados no han sabido o querido superar; que van desde la violación sexual hasta la demanda insatisfecha de anticonceptivos modernos; no sabemos si la recomendación a las mujeres a no embarazarse era una broma de muy mal gusto o un insulto.

Lo que sí sabemos es que hasta que no acabemos con la discriminación tan arraigada y tan evidente en los ámbitos de la sexualidad y la reproducción, los Estados no dejarán de ser “aparatos reproductores de violencia contra las mujeres” y la lucha por la igualdad sustantiva no será más que una utopía.

Las soluciones a tan enraizados problemas no son sencillas, pero los estados no pueden continuar ignorando una de las peores, y más invisibles, crisis de derechos humanos de la región.

La alternativa es, simplemente, demasiado terrible para siquiera ser contemplada.

El número de abortos en España disminuye por tercer año consecutivo

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  • La cifra de interrupciones del embarazo baja de las 100.000 por primera vez desde 2006

Emilio de Benito Madrid 23 DIC 2015 - 11:15 CET

En 2014 se practicaron en España 94.796 abortos voluntarios, según los datos que ofreció el martes en su web el Ministerio de Sanidad. La cifra supone tres años de bajadas seguidas, desde el máximo de 118.319 interrupciones del embarazo notificadas en 2011, y pone el número al nivel de 2005, cuando fueron 91.664. Más importante: la tasa por cada 1.000 mujeres entre 15 y 44 años, que elimina factores como el aumento o descenso de la población, también está en su cifra mínima (10,46) de los últimos nueve años. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha publicado los últimos datos sin emitir nota de prensa al respecto, sin destacarlo en su portada y sin que sus responsables hayan querido comentarlos. Tampoco estaban disponibles en la web del Instituto Nacional de Estadística.

La cifra total, 94.796 abortos, es la menor de los últimos nueve años, y confirma un descenso que comenzó en 2011. El número representa una disminución del 12,8% respecto a 2013. Entre 2008 y 2009, año en que se aprobó la actual ley de plazos, hubo también una disminución de las intervenciones, pero la tendencia se rompió al año siguiente.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) considera que “la salida de población española y extranjera, el envejecimiento paulatino de la población y el consiguiente descenso de mujeres en edad reproductiva son las causas principales de esta bajada”. Pero si se mira la tasa de abortos por cada mil mujeres, que elimina el factor de la variación del número de mujeres en edad reproductiva, se ve que también hay un descenso acusado: en 2014 esta proporción fue de 10,46, frente a los 12,47 de 2012. En los últimos 10 años, la tasa solo había sido menor en 2005 (9,6). Ante este análisis, Acai también apunta que “la libre dispensación de la anticoncepción de urgencia y la lenta, pero paulatina mejora de los hábitos contraceptivos podrían ser otras de las causas que están contribuyendo a la disminución de las interrupciones”. También hay que considerar que las extranjeras representan más del 30% de los abortos, cuando son menos del 15% de las mujeres.

El descenso del número de abortos es también muy acusado entre las mujeres más jóvenes, el grupo cuyas condiciones para acceder a la interrupción del embarazo se han cambiado este año: las de 16 y 17 años ya no pueden hacerlo sin permiso de los padres. La tasa por cada mil menores de 19 años (el INE y Sanidad no dan datos específicos sobre menores de edad) bajó del 12,23 de 2013 al 9,92 en 2014, confirmando una tendencia que, también en esto, comenzó en 2011. Sanidad no aclara cuántas de estas mujeres abortaron sin permiso paterno. Las clínicas sí ofrecen esa estimación: calculan que en 2014 el 12,3% de las chicas de 16 o 17 años abortaron sin permiso paterno.

El grueso de quienes abortaron (el 88,9%) lo hizo a petición propia, sin aducir otro motivo, algo que solo se permite desde 2010, cuando la ley estableció un sistema de plazos: la mujer no tiene que alegar ninguna causa para interrumpir su embarazo si este se encuentra en las primeras 14 semanas de gestación. De hecho, la mayoría no espera tanto tiempo: el 70,18% de los abortos se practicaron en las ocho primeras semanas de embarazo. Acai matiza que, entre las que abortan por voluntad propia sin aducir otro motivo, el 54,41% de las mujeres lo hace por causas que no tienen un origen ni económico, ni laboral, ni afectivo.

La asociación de clínicas también recuerda que el aborto voluntario no está vinculado a mujeres sin formación o sin empleo, ya que más del 60% de las mujeres que abortan tienen estudios de Secundaria o superiores, más del 40% de las mujeres estaban trabajando y el 14% estaba estudiando.

36% de extranjeras

Nacionalidad. Las españolas representan el 64,35% de las que abortan. Les siguen las de América del Sur (el 14,57%) y las de América Central y Caribe (3,51%). En total, la proporción de extranjeros en España es del 10%. Esta mayor proporción de extranjeras es clave en el descenso, ya que su número total está bajando.

Anticoncepción. 32.302 mujeres (el 34%) afirmaron que no habían usado ningún método anticonceptivo, y de otras 19.871 (el 21%) no consta cuál usaron. Otras 3.927 utilizaron métodos “naturales”. En total, casi el 60% no usó una anticoncepción eficaz. Para el 62,49%, fue su primer aborto. Para el 24,76% fue el segundo. 

FUENTE: El País.

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El misterio de ‘las niñas perdidas’ llega a España

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Una niña protesta con la cara pintada contra los abortos selectivos en la ciudad de Chandigarh, en el norte de India. / Ajay Verma / Reuters (REUTERS)

  • Las mujeres indias alumbran más varones que mujeres, según el primer estudio demográfico de la diáspora española, que apunta a la práctica de abortos selectivos
Ana Carbajosa Madrid 27 MAY 2015 - 16:25 CEST

En España nacen más niños que niñas de padres indios. Y la disparidad estadística es de tal magnitud que no puede explicarse simplemente por el azar. La primera investigación sobre las llamadas niñas perdidas indias en España apunta a la práctica de abortos selectivos para elegir el sexo de los recién nacidos. Miembros de la comunidad india en España explican que la preferencia de varones es indiscutible y profesionales sanitarios relatan algunos casos con los que se han topado, aunque advierten que resulta muy difícil detectar prácticas de este tipo. El de las niñas perdidas indias es un fenómeno bien documentado, que se replica también en las diásporas. En India, las autoridades han declarado la guerra al llamado feticidio por razón de sexo.

Libertad González, profesora de la Universidad Pompeu Fabra, ha analizado 3.366 nacimientos de bebés de padres indios en España entre 2007 y 2013. “El resultado es que nacen muy pocas niñas de familias indias en España. La explicación más probable es la existencia de abortos selectivos en función el sexo”, explica por teléfono desde Estados Unidos durante una estancia académica. Sus datos, que presentará el viernes en Madrid en el encuentro científico de Economía de género COSME, indican que por cada 100 niñas nacen 119 niños. Los datos de González indican también que la diferencia entre niños y niñas es mucho más elevada para los segundos y terceros hijos, siendo casi igual en los primeros. Durante el periodo estudiado habría unas 200 niñas perdidas, según sus cálculos. En el Ministerio de Sanidad aseguran que los datos de abortos en España desglosados por países no son públicos.




Unas 40.500 personas tienen nacionalidad india en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Buena parte de ellos llegaron en la última década y proceden de regiones del norte, donde los abortos selectivos son más frecuentes. “Aunque estemos en España, la mentalidad de muchos indios no cambia respecto a la preferencia de niños frente a las niñas”, opina Meelan Rami, mediadora intercultural hindú del hospital del Mar en Barcelona. Cuenta que al centro no llegan casos de abortos selectivos, pero que en la calle es otra cosa. “Conocí el caso de una mujer india que tenía tres hijas y cuando se quedó embarazada de la cuarta quiso abortar, pero había pasado las 20 semanas. Se fue a India para intentarlo y tampoco lo consiguió. Al final, tuvo un quinto hijo para que pudiera heredar”. Rami explica que hay mujeres que optan por viajar a India.

Una mediadora cultural paquistaní también de Cataluña y que prefiere ocultar su identidad, recuerda cómo hace unos meses acudió al centro de salud una mujer india acompañada de su marido. Ya tenían una hija y ahora ella estaba embarazada de 12 semanas. “Querían saber si el bebé iba a ser niño. La ginecóloga les dijo que tenían que esperar a la siguiente ecografía. El marido dijo que si era niña, abortaría. Al final fue niña y abortaron. Después volvió a quedarse embarazada y tuvo un niño”. Entre un embarazo y otro, la mediadora le perdió la pista a la pareja. “En la consulta nos preguntaron por medicamentos abortivos. Después dijo que se los traería un amigo de India”.

Indios residentes en España corroboran la indiscutible preferencia por los niños, aunque aseguran desconocer casos de abortos selectivos. “El niño será el heredero”, explica Kamar Zaman, traductor jurado del Punjab. Madou Shawkatramni, que regenta una tienda de móviles en Madrid, cree que la mentalidad está cambiando muy rápido y que la preferencia por las hijas obedece a una mentalidad tradicional, menos arraigada entre los que emigran. “Pero todavía hoy la mujer cuando se casa pasa a formar parte de la familia del marido y la pierdes después de haber gastado enormes cantidades en la dote. Tengo amigos que son abuelos y todavía están pagando la deuda de la dote”. Por eso, asegura, en la comunidad todos se cuentan qué alimentos se deben tomar para concebir varones o cuándo el influjo de la luna es más favorable.

El caso de España no es único. Naciones Unidas calculó en 2012 que en el mundo podría haber unos 117 millones de niñas perdidas, la mayor parte indias y chinas. En India, el Gobierno aprobó una ley en 1994 para frenar los abortos selectivos mediante un exhaustivo control de los equipos de diagnóstico. En las diásporas indias, el patrón de natalidad se replica, según Christophe Guilmoto, demógrafo del Instituto de Investigación para el Desarrollo de París y especialista mundial en selección de sexo prenatal. “Los abortos selectivos son la principal explicación de la selección de sexos en todo el mundo”. Detalla que en Reino Unido y EE UU las estadísticas reflejan una inclinación a favor de los varones. E indica que, en el caso británico, “con el paso de los años el reparto de sexo se ha ido pareciendo cada vez más al de los nativos”.

El sexo del bebé se puede apreciar en ocasiones antes de las 14 semanas, en las que la ley española permite el aborto. Otras, hay que esperar más, explican los especialistas. Pero cada vez más los laboratorios ofrecen pruebas en Internet para desvelar el sexo antes. “Con ecografías, depende de la pericia del obstetra y de la máquina, pero con la sangre materna se puede determinar el sexo de forma muy fiable a partir de la semana décima”, explica Javier García Planells, presidente de la Asociación española de diagnóstico prenatal.

Hay abuelos que pagan aún la dote de su hija", dice Shawkatramni, un indio residente en Madrid Santiago Barambio es ginecólogo de la clínica Tutor Médica de Barcelona, especializada en interrupción del embarazo y cuenta cómo él ha visto en su consulta “a un hombre llorando en mi clínica porque iba a ser niña y casarla iba a ser carísimo”. No tiene evidencias de abortos selectivos, pero explica que con la ley actual no hay porqué desvelar la causa del aborto durante las primeras 14 semanas y que, en cualquier caso, sí hay indicios de que se producen abortos clandestinos y con medicamentos. “Es muy difícil luchar contra esto”, dice este médico que propuso sin éxito durante la redacción de la ley del aborto de 2010 “que no sea legal el feticidio por razón de género, anticipándonos a situaciones que ya se están dando en otros países”.
 
FUENTE: El País.
 
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Cuando no es posible planificar la maternidad

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Dos usuarias debaten sobre anticonceptivos en el centro de planificación familiar de Rubona (Ruanda). / Thomas Imo (Getty Images)


  • Unos 222 millones de mujeres no tienen acceso a educación sexual ni anticonceptivos
  • La mayoría vive en países en vías de desarrollo
  • En la UE las barreras son los anticonceptivos y la educación sexual

María R. Sahuquillo Madrid 4 MAY 2014 - 20:22 CET

Hace 40 años, la única manera que muchas mujeres tenían para prevenir un embarazo no deseado era mantener al hombre bien lejos. “Eso era lo que decían mi abuela, y luego mi madre. El método para controlar el tamaño de la familia era evitar el contacto con el marido...”, recuerda Jenny Tonge. La británica, médico especialista en planificación familiar primero y baronesa y parlamentaria en la Cámara de los Lores, después, creció en una sociedad en la que solo las mujeres casadas podían recibir información sobre anticonceptivos. “En los años sesenta, si no tenías anillo no había nada que hacer, pero aún llevándolo no todas sabían que tenían esa posibilidad”, abunda. En España, la contracepción estaba prohibida para todos. Hombres y mujeres; casadas y solteras. Vender, publicitar o informar sobre preservativos o acerca de las antibaby (como se conocía popularmente a la píldora, introducida en Europa en 1961) estaba penado con arresto y con hasta 200.000 pesetas de multa (1.200 euros).

Aún así, algunos colectivos de mujeres daban información sobre planificación familiar, y los anticonceptivos se conseguían; eso sí, de estraperlo o, en el caso de la píldora, como tratamiento médico para “regular el ciclo menstrual”. Esas prácticas ilegales desencadenaron algún susto, sobre todo en forma de redada. Pero también alguna condena, como la impuesta en 1977 a un hombre por vender preservativos en el Rastro madrileño; algo que suponía, según dijo la sentencia, una “vocación al vicio” y una “ofensa de la moral colectiva”. Sin embargo, la mayoría de los procesos judiciales quedaban en nada, como la acusación contra EL PAÍS por “propaganda anticonceptiva” por publicar un artículo científico sobre métodos de planificación familiar. Un delito por el que la Fiscalía pedía para su director, en aquel momento Juan Luis Cebrián, dos meses de arresto y una multa de 50.000 pesetas (300 euros).

El uso de “procedimientos para evitar la procreación” no se despenalizó hasta 1978 en España. Se autorizó entonces la venta de condones y de la píldora anticonceptiva (con receta médica, como ahora); un método que hoy, con más de 16,5 millones de envases dispensados al año en las farmacias —datos proporcionados por IMS-Health, la consultora de referencia en el sector—, se ha convertido en el segundo método anticonceptivo más utilizado, después del preservativo —unos 60 millones de cajas entre los que se venden en las farmacias y en otros establecimientos de libre servicios, según las cifras facilitadas por Nielsen—.

Como en España, paso a paso el panorama mundial ha cambiado: la sexualidad se ha separado de la reproducción. Al menos en la teoría. Porque, todavía hoy, la receta de abstinencia que aplicaba la abuela de Tonge u otros métodos ineficaces, como el ogino o la marcha atrás, son la única opción para 222 millones de mujeres que no desean quedarse encinta y no pueden acceder a una contracepción moderna; es decir preservativos o, sobre todo (para prevenir el embarazo) anticonceptivos hormonales —píldoras, implantes, parches— o dispositivos intrauterinos, métodos que permiten que ellas no dependan de que su pareja acepte o no ponerse la goma.

La mayoría de esas mujeres vive en países en vías de desarrollo, como radiografía un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (UNFPA). Lugares donde el poder decidir cuándo tener hijos y cuántos se engendran puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para ellas —por los problemas en el parto, la fístula obstétrica o las complicaciones del embarazo adolescente— y para sus hijos.

También en la Unión Europea, 25 años después de que el último Estado miembro —Rumanía— legalizase los anticonceptivos, quedan barreras que derribar para acceder a ellos, y a la información de cómo utilizarlos. En España, un 62% de las mujeres en edad fértil —o sus parejas sexuales— emplean métodos modernos para evitar el embarazo; frente al 82% de las noruegas o el 76% de las suecas. A mitad de camino, las guatemaltecas (un 34%) y, en el otro lado de la balanza, las mujeres de Sierra Leona, país récord de mortalidad materno-infantil, donde menos de un 8% de las mujeres usa anticonceptivos, según los datos de UNFPA, que estos días, junto al Foro Europeo de Población y Desarrollo (EPF) y parlamentarios de 134 países, ha pasado revista a los objetivos de desarrollo y salud sexual y reproductiva fijados en la Convención de El Cairo en 1994.

“La situación de Europa es incomparable con la de los países en vías de desarrollo, pero tampoco hay pleno acceso a la anticoncepción; sobre todo entre los más jóvenes”, apunta Vicky Claes, directora de International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF-EN). Las principales barreras en la UE, dice, son la falta de información, la financiación de los anticonceptivos y la escasez de servicios sanitarios especializados para menores; también algunos sistemas que impiden que estos puedan acceder a los servicios de salud sin sus padres. “Y los mitos relacionados con algunos anticonceptivos, como que la píldora engorda o que el preservativo resta placer —aún muy extendidos—, no ayudan”, añade.

En España, donde unas 1.400 adolescentes dan a luz cada año —y unas 13.000 interrumpen su embarazo—, el 35,6% de los jóvenes de entre 15 y 19 años no utiliza ningún anticonceptivo, según el último estudio Daphne sobre anticoncepción (de 2011). Y el 23,1% de quienes se protegen no lo hace de manera adecuada. Mientras, solo el 4,5% de los jóvenes finlandeses con pareja no usa ningún método anticonceptivo, como indica el estudio Reprostat, elaborado por expertos de la Comisión Europea.

Las diferencias a escala mundial entre los países ricos y aquellos que no lo son están claras. La pobreza, la inexistencia de sistemas públicos de salud y el lastre de una sociedad patriarcal, que impide a las mujeres tomar decisiones sobre su cuerpo —incluso sobre temas médicos— explican el alarmante dato de que solo un 1% de las sudanesas —por poner un ejemplo— emplea algún método moderno para prevenir el embarazo. Pero ¿cuál es la razón de las brechas de acceso que existen entre los países de un espacio común, como la UE? Algunos datos y modelos las explican: en Portugal, la anticoncepción es gratuita para quienes se registran en los servicios de salud. En Suecia, los anticonceptivos financiados cuestan al año unos 10 euros.

Nada que ver con España, donde las mujeres pagan entre cuatro y ocho euros al mes por las píldoras anticonceptivas financiadas por la sanidad pública; una lista de fármacos que además menguó en julio del año pasado, cuando el Gobierno excluyó de la subvención pública ocho contraceptivos de última generación. Y esos modelos portugués o sueco se comparan peor aún con Eslovaquia, donde el Gobierno aprobó en 2011 una ley que prohíbe financiar anticonceptivos. Estos productos han pasado a considerarse allí desde entonces productos “no esenciales”, como los fármacos para perder peso o los productos para dejar de fumar.

Sin embargo, es en el acceso a la información donde más diferencia existe en todos los países. También entre los europeos. “El coste de los anticonceptivos es un escollo para los jóvenes y más aún en una situación económicamente complicada, pero la base del problema es el conocimiento, la educación sexual y reproductiva; aquello que permite a las personas tener un mejor conocimiento de su cuerpo, de su salud, de su sexualidad y de sus necesidades y las de los demás”, dice Jenny Tonge. La baronesa británica habla delante de una chica que lleva luminosas mechas azules y de otra que se cubre los cabellos con un hiyab. Ambas aguardan en la sala de espera de la clínica de salud sexual para jóvenes del barrio central de Estocolmo, que Tonge visita con la ministra sueca de Cooperación Internacional, Hillevi Engström, y el director de la UNFPA, Babatunde Osetimehin, participantes los tres en la reunión de alto nivel sobre derechos reproductivos celebrada en la capital sueca a la que EL PAÍS acudió invitado por la agencia de la ONU y el EPF.

Las dos muchachas no son las únicas que esperan para entrar en la consulta del centro, donde se da información especializada a jóvenes de entre 12 y 23 años y se les proporcionan métodos anticonceptivos y apoyo psicológico si lo necesitan. La visita es secreta. Ni siquiera los más jóvenes necesitan permiso de sus padres para ir a la clínica y recibir consejo médico. Un punto fundamental para que funcione el proyecto, como destaca Hillevi Engström. “Tener servicios efectivos de salud sexual y reproductiva es clave para el desarrollo de los países y un elemento fundamental para las mujeres. Ayuda a atajar los embarazos no deseados y, por tanto, los abortos, y combate las enfermedades de transmisión sexual. Es, sin duda, una inversión”, afirma.

Al director de UNFPA le gusta el ejemplo sueco que vende Engström; un modelo que también tiene una base de educación sexual. En Suecia, esta formación se convirtió en obligatoria en 1955. Desde entonces, explica la ministra, todos los menores la estudian en la escuela a partir de los 11 años. Osetimehin no llega tan lejos a la hora de opinar si esta información debe ser obligatoria. Él no se sale del lenguaje equilibrista de la ONU, y repite —como lo hacen decenas de declaraciones— que cada Estado es soberano para organizar sus sistemas, pero que la información sobre sexualidad es “una prioridad”. “Hay que fomentar centros de salud sexual especializados en jóvenes, donde puedan acudir no solo a recibir consejo médico, también a ser escuchados. Estos elementos son clave y ni la ideología ni la economía pueden servir para quitar peso a los derechos reproductivos de la agenda política”, afirma, algo más tajante, el médico nigeriano.

Osetimehin habla de crisis porque sabe que muchos programas dedicados a la salud sexual se han recortado con la recesión económica; sobre todo en los países en vías de desarrollo, que dependen de las ayudas para cooperación y de fundaciones especializadas. Pero también menciona la ideología, porque los grupos contrarios a los derechos reproductivos están agudizando sus discursos. Y no solo contra el aborto, su caballo de batalla tradicional; también claman contra la contracepción, a la que culpan del descenso de la natalidad en Europa, y contra la educación sexual. Hace solo unos meses el voto de los eurodiputados más conservadores tumbó un informe que instaba a los países a incluir esa formación en el currículo educativo y a garantizar el acceso a anticonceptivos baratos; también al aborto seguro. La campaña de los lobbies que se oponen a los derechos sexuales, que defienden, entre otras cosas, que solo las familias —y no los Gobiernos— puedan decidir cómo educar a los hijos en estos temas, fue legendaria.

En España, apunta Luis Enrique Sánchez, presidente de la Federación Española de Planificación Familiar Estatal (FPFE), se dan los dos factores sobre los que alerta el director de la UNFPA. “La nueva ley del aborto hará retroceder al país tres décadas en derechos reproductivos”, asevera. El anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, elimina la opción de las mujeres a decidir libremente interrumpir su embarazo —posible ahora hasta la semana 14 de gestación— y permitirá el aborto solo bajo dos supuestos: violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer. La ley Gallardón supone, además, un alejamiento de los modelos vigentes en la mayoría de la UE, donde la mujer puede abortar sin alegar ninguna razón durante las etapas tempranas del embarazo. “Además de la regresión en derechos, estamos ante un anteproyecto de ley que no tiene ningún contenido relacionado con la prevención de embarazos no deseados o salud sexual y reproductiva”, incide Sánchez.

Raquel Hurtado, del área joven de la FPFE, incide en otro ángulo que empaña también las perspectivas de un país donde se registran más de 112.000 abortos al año. A pesar de que España no estaba muy boyante en servicios de salud sexual, el número de centros ha menguado desde 2010, cuando se iniciaron los recortes en las partidas de Sanidad y Educación. En Madrid, por ejemplo, dos servicios especializados en jóvenes han cerrado, otro ha recortado sus horarios, varios se han reconvertido en otro tipo de clínicas menos especializadas y todos han reducido su personal. Lejos queda España del modelo sueco. Tampoco cumple la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que marca que debe haber un centro de atención a la sexualidad por cada 100.000 habitantes menores de 29 años. En todo el país solo hay una docena; en Alemania, por ejemplo, son más de 200.

En España, además, no hay ni rastro de educación sexual en el currículo educativo. Tampoco intención de incluir esa materia. Mucho ha llovido desde que en 1983 el Gobierno socialista de Felipe González aseguró que incluiría como materia educativa la información sobre anticonceptivos en bachillerato y formación profesional. Nunca ocurrió. Ni su Ejecutivo ni los venideros lo hicieron. Lo más cercano fue meter ciertos contenidos en la difunta Educación para la Ciudadanía, que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió el curso pasado.

Y mientras algunos países de la UE están relajando sus esfuerzos en prevención, otros, sobre todo de América Latina y el Caribe, intensifican sus esfuerzos para atajar el embarazo adolescente. Esa región es la única en la que los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron en la última década. En Colombia, Bolivia, Honduras o El Salvador más de un 20% de las mujeres de entre 20 y 24 años ha dado a luz antes de los 18. Un panorama similar al de Paraguay, donde el Gobierno ha ideado una especie de bonos gratuitos para que los jóvenes puedan acceder a la contracepción.

La Conferencia de El Cairo de 1994 definió los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. También fijó metas claras para dar poder a las mujeres. Una de ellas, proporcionarles los medios para poder decidir libremente sobre su maternidad. Veinte años después, las mujeres de Sierra Leona, Bangladesh o Zambia aún deben pedir permiso a su marido para ir al sanitario que podría prescribirles anticonceptivos. La mayoría de ellas ni siquiera puede permitirse aplicar la receta de la abuela de Jenny Tonge.

Fuente: El País.

Sociedades científicas y de mujeres, contra el cambio de ley del aborto

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  • Seis asociaciones sanitarias exigen al Gobierno que no endurezca la ley y alertan de las consecuencias de hacerlo. 150 entidades femeninas piden a las diputadas que bloqueen la reforma

 María R. Sahuquillo Madrid 16 DIC 2013 - 21:01 CET

Ante la inminente presentación de la nueva ley del aborto se suceden voces que alertan de las consecuencias de la reforma, y que piden al Gobierno que se replantee hacerlo. En esta ocasión son seis sociedades científicas, agrupadas en la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, quienes exigen al Ejecutivo de Rajoy que no endurezca la ley. En un manifiesto firmado por la Sociedad Española de Epidemiología, la Asociación de Enfermería Comunitaria, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, la Asociación de Economía de la Salud, la Sociedad de Salud Pública de Cataluña y Baleares y la Asociación Madrileña de Salud, estos expertos manifiestan su preocupación por el riesgo para la salud física, psicológica y social de las mujeres que viven en España ante el cambio legal. Creen que si se cumplen los anuncios del ministro de Justicia, la reforma supondría un retroceso para la salud pública.

El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha apuntado en varias ocasiones que el proyecto que prepara se asimilará al modelo vigente desde 1985 a 2010, cuando el aborto era un delito salvo en tres supuestos (violación, riesgo para la salud de la mujer o malformación del feto). Un modelo mucho más restrictivo que el actual, que permite abortar sin alegar ninguna causa hasta la semana 14 de gestación y que crea un sistema de supuestos a partir de ese plazo (hacerlo por anomalía fetal extremadamente grave o incompatible con la vida, por ejemplo, puede hacerse si un comité médico la diagnostica, sin límite de plazo).

Los firmantes del manifiesto alertan también de que los países con las leyes más duras no han logrado atajar su tasa de abortos. “La prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo no implica una disminución de las mismas, sino que deriva en que éstas se produzcan en peores condiciones sanitarias legal el cambio legal, si cumple con los avisos que ha hecho el ministro de Justicia”, advierten, citando un estudio de la OMS sobre esto publicado en la prestigiosa revista científica The Lancet.

El manifiesto menciona también varias convenciones internacionales –El Cairo, Pekín, una resolución del Consejo de Europa—que han pedido a los estados que pongan los medios para garantizar que el aborto sea seguro. Además, apuntan a la importancia de promover métodos anticonceptivos.

La cercanía de un proyecto de ley que lleva amagando muchos meses ha agitado también la movilización de las organizaciones de mujeres. Más de 150 de ellas han firmado un documento en el que piden a las parlamentarias de todos los partidos que voten contra el cambio de ley. El texto, que han denominado Pacto entre mujeres en recuerdo a lo ocurrido en la legislatura constituyente cuando varias parlamentarias rompieron la disciplina de voto de su partido para pronunciarse en contra de la discriminación por razón de sexo en la sucesión a la Corona, se ha enviado ya a varios grupos políticos.

“Apelamos a la Libertad de decidir de las mujeres sobre nuestra vida y la autonomía en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Recortar estos derechos significaría tutelar a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Sin libertad para decidir no hay igualdad. Sin igualdad no hay democracia”, expone el texto que mañana, martes, presentarán al PSOE en el Congreso de los Diputados. “Apelamos al Pacto entre mujeres, porque solo a nosotras nos concierne decidir sobre nuestro embarazo, tanto si queremos ser madres como si no queremos serlo. Apelamos a las Parlamentarias para que hagan efectivo el Pacto porque ellas son la voz y el voto de sus representadas, son la voz y el voto de las mujeres en el Parlamento”, dicen.

Fuente: El País.

Piñera, sobre la niña embarazada: “La vida de la madre está en primer lugar”

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  • El presidente de Chile dice que velarán por la salud de la pequeña violada por su padrastro
  • Alaba la "madurez" de la menor, que dice que cuidará del bebé pese al daño que le hizo el padre

Agencias Santiago 10 JUL 2013 - 06:41 CET


El presidente chileno, Sebastián Piñera, destacó este martes la madurez de Belén, nombre por el que se conoce a la niña de 11 años violada y embarazada por su padrastro, a raíz de las declaraciones de la pequeña en una entrevista televisiva, en la que dijo que pese al dolor que le causó el violador, iba a querer y cuidar del bebé. El mandatario aseguró que el Gobierno protegerá la salud de la menor, y reiteró que en Chile “la vida de la madre está siempre en primer lugar”.

El caso de Belén ha causado una polémica nacional y ha reabierto el debate sobre el aborto en Chile, país donde no está permitido bajo ningún concepto, tan siquiera si la vida de la madre corre peligro. La denuncia del embarazo y violación de la menor la hizo la abuela de la niña, residente en Puerto Montt, a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago, quien presentó el caso ante la justicia el pasado 11 de junio. Esta semana el padrastro fue detenido y confesó haber violado a la menor.

"Le he pedido al ministro de Salud que se preocupe personalmente por cuidar la salud de Belén", dijo Piñera. "Estamos permanentemente preocupados de la salud y de proteger la vida de Belén". El mandatario ha indicado que en ocho semanas -la niña está embarazada de 14-, los médicos podrían provocar el parto. "Si fuera necesario tener un nacimiento prematuro, se tendrá que realizar esa terapia", añadió. "En nuestro país la vida de la madre está siempre en el primer lugar, y nosotros vamos a saber proteger la vida de Belén con todos los instrumentos que nos da la ciencia médica y con todo el cuidado que le está prestando el sistema público de salud", afirmó.

Adelantar el parto sería buscar la misma solución que le dieron a Beatriz, la mujer aquejada de una enfermedad grave a la que no se permitió abortar en El Salvador, hace unas semanas. Su hijo nació muerto, como se esperaba, puesto que era un feto inviable.

Además de reiterar su intención de proteger la salud de la niña, el presidente chileno alabó públicamente sus declaraciones. "Ayer (por el lunes) nos sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez cuando dijo que a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado, ella iba a querer y cuidar a su guagüita (bebé)".

La niña, entrevistada por Canal 13 de televisión, dijo que el bebé "va a ser como una muñeca tenerla en mis brazos". "La voy a querer mucho aunque sea de ese hombre que me hizo daño. Igual la voy a querer, la voy a cambiar", dijo la pequeña, que sufría abusos desde los nueve años, con el conocimiento de su madre. "La relación fue consentida", alegó incluso la mujer, algo que ha negado Belén.

Aunque ni la familia ni la menor han solicitado públicamente la interrupción del embarazo, varias organizaciones sociales y candidatos presidenciales reivindicaron esta semana la necesidad de cambiar la ley para permitir el aborto en caso de violación o riesgo para la madre. La exmandataria y candidata en las elecciones presidenciales de noviembre Michelle Bachelet ha planteado que tanto el aborto terapéutico como el que pretende interrumpir el embarazo fruto de una violación deben despenalizarse. Organizaciones como Corporación Humanas, Observatorio Género y Miles Chile instaron a reabrir el debate.

Por el contrario, líderes de la conservadora Unión Demócrata Independiente, el mayor partido de gobierno, defendieron la prohibición. "No estamos de acuerdo en ningún tipo de aborto, ni siquiera el terapéutico, que de terapia no tiene nada", afirmó la portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez.

El diputado Issa Kort incluso afirmó que la niña de 11 años estaba preparada para ser madre. "En el momento en que una mujer vive su primera regla, su primera menstruación, es porque su organismo ya está preparado para ser madre, para engendrar. No son las condiciones ideales, pero si pensamos en la Edad Media o los principios del Renacimiento, las mujeres efectivamente eran madres a los 15, 14, 16 años", argumentó.

No hay cifras de cuántas mujeres abortan cada año ilegalmente en Chile. Algunos datos no confirmados hablan de más de 100.000 abortos anuales para una población de ocho millones de mujeres.

Fuente: El País.

El drama de otra niña violada aviva el debate del aborto en Chile

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  • La menor, de 14 años, fue agredida por su padre desde los siete. Su bebé nació en octubre y está en un centro para niños con desnutrición. El caso se suma al de Belén, de 11 años y encinta de 14 semanas

Rodrigo Cea Santiago de Chile 7 JUL 2013 - 20:45 CET

Belén no está sola. Hay muchas belenes. Y no solo en Chile, en todo el mundo. Menores, apenas niñas, violadas, que afrontan la maternidad. Chiquillas agredidas, en muchas ocasiones por sus padres, padrastros o familiares. Tras saltar a la luz el caso de la pequeña chilena de 11 años agredida sexualmente por su padrastro y encinta, quien deberá seguir adelante con su embarazo si su país no modifica el veto total al aborto, se ha dado a conocer otra historia dramática: una menor de 13 años dio a luz en octubre pasado al hijo que concibió por las violaciones de su padre. El hombre abusaba de la niña, a la que se conoce con el nombre supuesto de María, desde que esta tenía siete años. La familia de la menor, como explicó su madre ayer, decidió que tuviera al niño. El bebé lleva seis meses internado en un centro especializado en menores con problemas de desnutrición.

“Decidimos quedarnos con el bebé porque aquí hay un solo culpable. Él es el que tiene que pagar”, dijo la madre de la pequeña en una entrevista con el canal estatal. “Él [por su exmarido] sigue libre y es obvio que está haciendo daño a más niños”, apuntó la mujer. El padre de María está en libertad a la espera de juicio por violaciones reiteradas. El proceso comenzará dentro de un mes.

La historia de María se suma así a la de Belén --cuyo agresor, su padrastro, se encuentra detenido y acusado de violación-- ha encendido un fuerte debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, una intervención médica prohibida por ley desde 1989 en cualquier circunstancia; incluida la violación en menores o el aborto terapéutico. La pequeña Belén está embarazada de 14 semanas y aunque su familia todavía no se ha pronunciado sobre qué desea hacer –una intención limitada, por otra parte, por la estricta ley— fue su abuela quien acudió a la policía a denunciar al agresor; mientras que su madre defendió que las relaciones entre ambos –que se sucedían desde hacía dos años—eran “consentidas”. En Chile, la edad mínima de consentimiento sexual se sitúa en 14 años –en España son 13 aunque el Gobierno prepara una reforma para subirlo a los 16--.

En ese país americano, unas 38 menores son víctimas de abusos o de violaciones al día, según un estudio realizado en 2011 por la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional de Chile. Son el colectivo más afectado de las alrededor de 17 violaciones y 34 casos de abusos sexuales que se estima que se producen cada día. En este país la tasa de embarazo adolescente está en el 14,42%. En 2012, según datos del Ministerio de Salud, 873 menores de 14 años fueron madres en Chile (son un 0,36% de todos los nacidos vivos ese año).

Al igual que en El Salvador, Honduras, República Dominicana, Surinam y Nicaragua, en Chile la interrupción voluntaria del embarazo está absolutamente prohibida. La norma fue establecida en 1989 durante los últimos meses de la dictadura de Augusto Pinochet. Los casos de Belén y de María han llegado justo en plena campaña electoral; algo que, además de avivar el debate, puede obligar a ambos candidatos a pronunciarse sobre una posible despenalización.

A la espera de que el Presidente Sebastián Piñera hable del tema, algunos candidatos a la presidencia han comenzado a manifestarse a favor de despenalizar el aborto en casos de violación. Aunque no mencionó explícitamente el caso, el viernes, en su cuenta oficial de Twittr, la expresidenta Michelle Bachelet –quien dirigía hasta hace marzo pasado ONU Mujeres y favorita en todas las encuestas para ganar los comicios de noviembre próximo–, recordó que está favor de legalizar el aborto en casos de violación, riesgo para la salud de la mujer o anomalías fetales.

Lo mismo señaló el candidato del Partido Progresista Marco Enríquez-Ominami, quien llamó al resto de los postulantes a La Moneda a dar a conocer su postura frente a ambos casos.

Las organizaciones de mujeres y de derechos civiles han emprendido una campaña en las redes sociales para pedir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

Fuente: El País.

No despenalizar el aborto es también violencia de género


Para la jueza Carmen Argibay, no despenalizar el aborto en la Argentina también es un episodio de violencia de género.

Pese a ser uno de los temas más polémicos a la hora de discutir cuestiones sociales en la Argentina, la falta de la despenalización del aborto es considerada como “un desprecio hacia la personalidad de la mujer” por Argibay.

–¿El hecho de que en la Argentina el aborto no esté despenalizado es también una forma de violencia de género?

–Yo creo que sí, pero esa es mi opinión, que hay muchos que no la comparten. Es un desprecio hacia la personalidad de la mujer, que es una forma de violencia porque es no permitirle tomar decisiones sobre cuál es la vida que quiere, directamente. Pero muchos no la interpretarán como violencia hacia la mujer, porque se sostiene que su función primordial es la de ser madre, lo cual es una barbaridad.

La integrante del alto cuerpo judicial también señaló: “Yo creo que lo fundamental es ser mujer y que la maternidad es otra cosa. La cuestión es que muchos no lo entenderían así. Y es que hay un conflicto entre dos bienes jurídicos protegidos en esta materia, y hay que resolverlo de alguna manera”.

Normativa vigente
 Por otra parte, señaló también que cree “que los abortos que están permitidos en el Código Penal, desde hace al menos 90 años, tienen que ser realizados sin obligación de recurrir al ámbito judicial, que lo único que hace es demorar el proceso”.

De esa manera, la jueza hace referencia a los incisos 1 y 2 del artículo 86 del Código Penal, donde se expresa que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible: si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios; y si el embarazo proviene de una violación o atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.

Fuente: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/no-despenalizar-aborto-es-tambien-violencia-genero



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1966 Indira Gandhi era de las primeras mujeres de estado en el planeta. 2009 India selecciona fetos y aborta a las femias.


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En 2009 por cada 1000 niños en India, hay 450 niñas en muchas zonas.
Estamos ante una grave situación donde Estado y sociedad son complices de millones de abortos de niñas.

Las mujeres en la India no sólo se enfrentan a la violencia y la discriminación laboral, social y política, sino que son rechazadas antes de nacer, lo que hace que en este país haya 32 millones de féminas menos que de hombres.

En un Estado que dio al mundo hace 40 años a una de las primeras jefas de Gobierno de la historia, las mujeres continúan siendo ciudadanas de segundo orden y el "feticidio femenino" diezma el género femenino en el país.

Según las organizaciones defensoras de la mujer, el desarrollo económico no ha ido acompañado de una mejora significativa de la situación de la mujer ni ha logrado acabar con el aborto selectivo de fetos hembra, que afecta a unos 500.000 bebés al año pese a estar prohibida la determinación del sexo antes del nacimiento.

"El feticidio femenino está aumentando en el país porque se ha convertido en crimen organizado", dijo hoy Puneet Bedi, activista de los derechos de la mujer y ginecólogo.

En la India el número de niñas menores de seis años por cada mil niños es de 933, pero en algunos estados esa cifra es mucho menor, como en el pequeño territorio de Daman y Diu, donde sólo hay 710 niñas por cada millar de niños, lo que ha hecho que el Gobierno empiece a considerar el problema como "alarmante".

El caso de Delhi deja patente la tendencia negativa de este porcentaje, que en 1991 era de 915 niñas por cada 1.000 niños y descendió hasta las 865 en 2001 (cuando se elaboró el último censo oficial), lo que ha obligado a las autoridades a incrementar la vigilancia de las clínicas que practican abortos y hacen ecografías.

Se trata de un problema cultural que no registra ninguna mejora con el mayor desarrollo del país pues diversos estudios han indicado que, a mayor nivel educativo, más probabilidades hay de que una mujer aborte al saber que está embarazada de una niña.

El problema, según Bedi, es que las familias ven en los hijos un medio para aumentar su riqueza, mientras las hijas suponen un gasto adicional pues al casarse han de aportar una cuantiosa dote.

También influyen a la hora de preferir un hijo las leyes que favorecen la herencia por parte de los varones y el hecho de que éstos aporten más al trabajo en el campo, en un país donde cerca del 70 por ciento de la población vive de la agricultura.

Pero, además, hay una gran tolerancia social hacia el rechazo de las hijas.

"Abortar un feto hembra es una práctica aceptada por la sociedad", explica Bedi, que cita estudios que indican que, a mayor nivel económico y social, esta práctica aumenta.

Entre las zonas más afectadas del país se encuentran pueblos del estado occidental del Punjab, fronterizo con Pakistán, donde el número de niñas es la mitad que el de niños, como en Dhanduha, donde en el último año sólo han nacido tres niñas frente a doce niños.

En Nai Majara, otro pueblo del Punjab, un estudio llevado a cabo en febrero mostró que sólo había 437 niñas por mil niños menores de un año, mientras en la cercana Gobindpura únicamente había 416.

Brinda Karat, del Partido Comunista de la India (Marxista), afirma que "estamos viendo un completo fracaso por parte del gobierno para criminalizar el aborto femenino. Aunque existe una ley, no se hace cumplir".

Pero es muy difícil desmontar las estructuras sociales que están detrás de estas prácticas.

"Tengo dos hijas y mi suegra me amenaza con buscar otra mujer para su hijo si no le doy un niño", dijo a los periodistas Kulwinder Kaur, ama de casa, que el año pasado se sometió a un aborto para no dar a luz a otra niña.

"Ya tengo una niña y no puedo permitirme tener otra. Es muy difícil casarlas porque los hombres exigen dotes muy altas", declara Siram, profesora universitaria, que ha "pasado ya por cinco abortos porque todos eran hembra y ahora no se si podré volver a concebir".

Fuente: Ana Cárdenes

http://www.mujer.com/familia/el-feticidio-femenino-diezma-poblacion-mujeres-en-india.asp

EE.UU.- Las mujeres embarazadas víctimas de violencia doméstica tienen un 50% más de riesgo de aborto, según estudio

Las mujeres embarazadas víctimas de violencia doméstica tienen un 50 por ciento más de riesgo de aborto, según un estudio de la Universidad de Florida del Sur en Estados Unidos que se publica en la revista 'The Lancet'.

El estudio se realizó en más de 2.500 mujeres embarazadas en África ha mostrado que aquellas que experimentan violencia de sus compañeros tienen un 50 por ciento más de posibilidades de perder a su bebé en al menos un embarazo. El estudio apoya la idea de detectar la violencia de género en mujeres embarazadas en África, la región con los niveles más altos de aborto.

Los autores analizaron datos de la encuesta sobre salud en Camerún. En el módulo de violencia se preguntaba a las mujeres si habían sufrido violencia física, sexual y emocional por parte de sus esposos. Las personas también eran preguntadas sobre el nacimiento de bebés muertos o los abortos espontáneos.

De las 2.562 mujeres que respondieron al módulo de violencia, 1.037 estaban expuestas a la violencia por parte de sus parejas y el 50 por ciento de ellas era más propensa a experimentar al menos un aborto en comparación con las mujeres que no sufrían abuso.

Los abortos repetidos se asociaron con todas las formas de violencia de género pero la violencia emocional mostró la asociación más fuerte. Si la prevalencia de abuso se redujera el 50 por ciento, el 25 por ciento o se eliminara por completo, los abortos evitables serían el 17, 25 y 33 por ciento.

Los autores concluyen que la violencia de género aumenta la probabilidad de un aborto o de abortar en repetidas ocasiones. Señalan que una gran proporción del riesgo de mortalidad fetal recurrente se atribuye a la violencia por parte de la pareja y que por ello es prevenible.

Extraído de http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/987272/01/09/EEUU-Las-mujeres-embarazadas-victimas-de-violencia-domestica-tienen-un-50-mas-de-riesgo-de-aborto-segun-estudio.html

Equipo de Investigación.
Área Violencia Doméstica y Maltrato.

Instituto Europeo Campus Stellae.

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