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El sexo, pecado y tabú para las mujeres de Zanzíbar

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Sulhiya, 17 años, sostiene en brazos a su hija recién nacida en el centro de salud de Uroa, en Zanzíbar.

  • En el archipiélago tanzano, las relaciones sexuales y el uso de anticonceptivos entre solteras está mal visto, y el aborto es ilegal. Miles de ellas se sienten entre la espada y la pared

Para las mujeres no casadas de Zanzíbar existen algunos conceptos prohibidos. Sexo, anticonceptivos, embarazo no deseado, maternidad en solitario. O aborto. Este archipiélago de dos islas en la costa de Tanzania, paradisiaco destino turístico, vive entre contrastes. Por un lado, la modernidad que ha traído el turismo con sus extranjeras blancas en bikini, discotecas que escupen música hasta altas horas de la noche, restaurantes cosmopolitas y hoteles de lujo. Por otro, la tradición imbuida desde el nacimiento a sus habitantes. Y sobre todo a ellas. Mujeres recatadas por obligación en una sociedad al 95% musulmana, no radical, pero sí muy conservadora. En Zanzíbar, las turistas enseñan muslos, hombros y ombligos, pero quienes han nacido allí se tapan con velo. En Zanzíbar, infinidad de parejas europeas o americanas de vacaciones se cogen de la mano en la calle y comparten intimidad en la alcoba, pero ellas, las de allí, no pueden practicar sexo antes del matrimonio porque está mal visto, porque supone un estigma y una marginación de por vida.

Como se presupone que las mujeres no tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, no hay riesgo de que se queden embarazadas, así que tampoco hay razón para utilizar métodos anticonceptivos. Pero la realidad es más compleja. Se practica sexo y se practica sin protección. "Para las solteras o divorciadas el acceso a servicios de anticoncepción sigue siendo un problema. Las normas sociales negativas sobre las relaciones sexuales antes del matrimonio probablemente explican la renuencia de algunos proveedores, planificadores y responsables políticos a abordar la necesidad insatisfecha de anticonceptivos que existe", explica Francesca Morandini, directora de la oficina de Unicef en Zanzíbar.

Por su parte, la ONG Marie Stopes International, que lleva muchos años dedicándose a la planificación familiar en las islas, revela que la mayoría de las participantes en sus estudios ve los anticonceptivos como una herramienta para espaciar el número de hijos y que, aunque es fácil encontrar condones en farmacias y otros comercios, las adolescentes desconfían y no se sienten tratadas de manera privada o confidencial, sino inseguras al comprar porque podrían ser vistas por cualquiera.

Las dificultades para acceder a métodos anticonceptivos afectan a unos 225 millones de mujeres en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) algo que, de solucionarse, evitaría muchos embarazos no deseados y la muerte de miles de mujeres a causa de abortos provocados que salieron mal. En este archipiélago, solo un 14% de las mujeres casadas en edad reproductiva toma precauciones, una de las tasas más bajas de África, según indica el informe de demografía y salud del Gobierno de Tanzania de 2016. Entre las solteras sexualmente activas, solo cuatro de cada diez obtienen acceso a estos métodos, según Unicef. Y otro dato más: la misma organización estima que más del 40% de los embarazos no son intencionados y que alrededor de un 18% de las mujeres comienza a tener hijos en la adolescencia.

En el centro de salud de Uroa, una localidad pesquera que vive de cara al océano Índico, se hacen patentes las consecuencias de esta discriminación. La enfermera Hifadhi lleva 35 años atendiendo a los vecinos, y los conoce muy bien. "Hay dos perfiles de usuarias de anticonceptivos: unas son las casadas y las viudas que se ven con alguien y quieren evitar tener más hijos; ellas sí los piden. Las jóvenes sin casar no los usan, nunca vienen por aquí. Tienen miedo a acercarse porque todo el mundo en el pueblo se conoce y van a acabar sabiendo que si alguna está embarazada o si toma anticonceptivos sin estar casada". Uroa tiene una población total de 2.828 mujeres, 778 en edad reproductiva, según los datos de este centro de salud. De ellas, solo 293 han solicitado algún método de prevención.

¿Qué le pasa a una mujer que se queda en estado? "Aquí, si te quedas embarazada sin estar casada eres una prostituta", asegura Mariam Hamdani. De 73 años, es la fundadora de la única banda de música tradicional formada por mujeres de Zanzíbar. Sus letras denuncian que ellas tienen menos derechos. Una madre soltera se enfrenta a la marginación y al estigma, y por eso hay dos opciones: casarse o arriesgarse a un aborto clandestino, ya que en Zanzíbar esta práctica es ilegal. Interrumpir el embarazo a escondidas supone poner en peligro la vida, pero la Marie Stopes International ha comprobado que las mujeres, especialmente las adolescentes, prefieren enfrentarse a esa posibilidad antes que las consecuencias de tener un hijo siendo solteras. "Son consideradas una desgracia para la familia y el embarazo se percibe como algo que arruina su vida y su futuro, incluida la posibilidad de elegir marido (...). Con frecuencia son expulsadas del colegio o del hogar", reza un informe de la organización.

Sulhiya, de 17 años y vecina de Uroa, eligió casarse. Se cubre parte del rostro con un velo naranja, y sonríe con nerviosismo cada vez que le toca responder una pregunta. Tratar temas como el sexo, el aborto o los anticonceptivos no es tarea fácil para ella, le da vergüenza. Sostiene a su bebé en brazos, Akhla, de 10 meses, a la que ha llevado al centro de salud para una revisión. "Me quedé embarazada por accidente y mi novio decidió que nos casáramos", reconoce tras cierta reticencia. Sus padres no la rechazaron, pero sí le recomendaron que consumara ese matrimonio con el padre de la criatura para que su unión y el bebé fueran "oficiales". Así hizo. Acabó la educación secundaria durante la gestación y desde que es madre y esposa ya no estudia, se ha convertido en ama de casa. Si pudiera, le gustaría formarse en algo relacionado con el dibujo o el Arte. Quiere tener tres hijos, pero no por ahora, por eso utiliza como medida de prevención un implante subcutáneo. Al ser mujer casada, ya no está tan mal visto.

Tanto hospitales públicos y privados como ONG y agencias de la ONU (Unicef, Marie Stopes o Engender Health) informan a las mujeres de los métodos reales de anticoncepción y hasta organizan encuentros formativos con parejas en las comunidades rurales de las islas del archipiélago, aunque muchas veces encuentran reticencias porque las interesadas necesitan el permiso del marido para usarlos. "Cuando se les dice por primera vez que hagan algo de planificación familiar, ellas responden: 'mi marido me dijo que si lo hago se divorcia'. Cuesta mucho convencerlas, pero al final suelen acceder. Y muchas lo hacen en secreto", relata Rukia Mohamed, enfermera en el área de ginecología y obstetricia del hospital público Mnazi Mmoja, el mayor de Zanzíbar. Quizá por esto, las inyecciones y los implantes intercutáneos son los métodos preferidos allí por las usuarias. "Las inyecciones duran hasta tres meses, vienen aquí a ponérselas. Es la más común porque es la que nadie ve, más discreta". Mientras, en el pequeño centro de salud de Uroa, la enfermera Hifadhi sostiene que la mayoría de sus pacientes cuenta con el consentimiento conyugal. "Es una decisión tomada con el marido, rara vez se ocultan".

Los métodos modernos más utilizados son inyectables e implantes subcutáneos (6% y 3% respectivamente) pero aún un 9% de mujeres creen en métodos tradicionales. Khadija, de 35 años, y embarazada de siete meses y medio de su cuarto hijo, está ingresada en el hospital porque su útero amenaza con desprenderse. Ella asegura que sí toma precauciones: "el calendario", dice con despreocupación. Esto es, simplemente, calcular en qué fecha una es fértil o no lo es, un método muy poco fiable, igual que la marcha atrás, sobre la que la enfermera Rukia asegura que también se encuentra mujeres adultas que creen que funciona.

Como en el caso de Sulhiya, un embarazo significa una maternidad, al menos en teoría, porque el aborto es un delito penado con cárcel y solo se permite si la vida de la mujer corre peligro. "El aborto es una de las principales causas de ingreso en el hospital Mnazi Mmoja pero, como no es legal, es difícil establecer cuántos de los casos admitidos se deben a causas espontáneas y cuántos fueron inducidos clandestinamente", detalla Morandini.

En la sala de evacuación, dos enfermeras y un anestesista están preparando a una paciente para hacerle un legrado después de haber interrumpido su gestación. Es el día a día del hospital. En la entrada de esta sala, Rukia coincide con las estimaciones de Morandini. Asevera que al menos la mitad de las mujeres en estado que llegan a la consulta querrían no tener al bebé. "Muchas vienen por complicaciones derivadas del aborto, unas ocho o diez por día". Un vistazo al libro de registros revela que en las primeras tres semanas del mes en curso ingresaron 115 pacientes por esta causa. "Ellas vienen cuando ya ha ocurrido. Cuando se casan y quedan embarazadas siguen realizando trabajos muy duros, llevan objetos pesados, cubos de agua... La mayoría lleva una vida muy dura", sostiene. Así le ocurrió a Rehema, de 24 años. Macilenta, dolorida y con aspecto deprimido, guarda reposo en un camastro, sobre una tela de colores. Acaba de perder un feto, el segundo ya. "Con el anterior me pasó igual, pero los doctores no saben decirme la causa, dicen tenemos que esperar para ver cuál es el problema".

Las mujeres abortan valiéndose de los métodos más variados y con nefastas consecuencias para su salud. Recurren a matronas, a médicos tradicionales, a clínicas clandestinas y, la mayoría de ocasiones, se lo hacen ellas mismas en casa para evitarse los costes de pagar a alguien. Las investigaciones de Marie Stopes revelan que el coste ronda los 45 dólares en un país donde la renta media per cápita es de 600 dólares anuales.

Entre métodos más utilizados se recurre a la ingestión de determinados tipos de hierbas, detergente, medicinas o insertándose agujas por la vagina hasta el útero. Pero no siempre sale bien. De hecho, Unicef estima que la tasa anual de mortalidad materna es de 450 gestantes por cada 100.000 nacidos vivos —en España es de seis— y que el 16% de ellas se debe a un aborto inseguro, "pero muchas ocurren comunidades alejadas y no se notifican", previene Morandini. Las principales causas son: hemorragia posparto (42%), eclampsia o trastorno hipertensivo del embarazo (19%), anemia grave (11%), rotura del útero (7%) y sepsis (5%).

"El problema de los abortos es que provocan infecciones y la muerte, sangran mucho cuando lo hacen en casa, eso he oído", dice Zuhena, de 47 años y de Uroa. Como todas las vecinas consultadas en el centro de salud, sus respuestas se vuelven vagas cuando se trata de abordar el asunto del aborto. Todas saben de casos, pero ninguna quiere hablar de personas concretas. Son secretos a voces, rumores, comadreos. "He oído algunos casos, y abortaron por el miedo que les daba la familia y los padres, y también por los cotilleos de la gente", cuenta Asia, de 30 años y de la misma localidad.

Solo en Stonetown, la capital, Khadija, de 22 años y estudiante universitaria reconoce que su mejor amiga de la facultad está de algo menos de tres meses. Que no lleva mucho saliendo con su novio. Que aún no ha decidido qué hacer. "Yo le digo que debe tener al niño porque la otra opción es muy peligrosa", asevera. La aludida no permite revelar su nombre y no quiere hablar de su caso, no quiere conocer a ningún periodista. Oculta su secreto en lo más profundo de sus pensamientos y su incipiente barriga aún se camufla bajo el hiyab. En otros puntos del mundo saldría adelante con un poco de ayuda. Pero aquí, en Zanzíbar, sabe que haga lo que haga su vida se acaba de complicar de verdad.
 
FUENTE: El País. Lola Hierro. 

Cuando no es posible planificar la maternidad

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Dos usuarias debaten sobre anticonceptivos en el centro de planificación familiar de Rubona (Ruanda). / Thomas Imo (Getty Images)


  • Unos 222 millones de mujeres no tienen acceso a educación sexual ni anticonceptivos
  • La mayoría vive en países en vías de desarrollo
  • En la UE las barreras son los anticonceptivos y la educación sexual

María R. Sahuquillo Madrid 4 MAY 2014 - 20:22 CET

Hace 40 años, la única manera que muchas mujeres tenían para prevenir un embarazo no deseado era mantener al hombre bien lejos. “Eso era lo que decían mi abuela, y luego mi madre. El método para controlar el tamaño de la familia era evitar el contacto con el marido...”, recuerda Jenny Tonge. La británica, médico especialista en planificación familiar primero y baronesa y parlamentaria en la Cámara de los Lores, después, creció en una sociedad en la que solo las mujeres casadas podían recibir información sobre anticonceptivos. “En los años sesenta, si no tenías anillo no había nada que hacer, pero aún llevándolo no todas sabían que tenían esa posibilidad”, abunda. En España, la contracepción estaba prohibida para todos. Hombres y mujeres; casadas y solteras. Vender, publicitar o informar sobre preservativos o acerca de las antibaby (como se conocía popularmente a la píldora, introducida en Europa en 1961) estaba penado con arresto y con hasta 200.000 pesetas de multa (1.200 euros).

Aún así, algunos colectivos de mujeres daban información sobre planificación familiar, y los anticonceptivos se conseguían; eso sí, de estraperlo o, en el caso de la píldora, como tratamiento médico para “regular el ciclo menstrual”. Esas prácticas ilegales desencadenaron algún susto, sobre todo en forma de redada. Pero también alguna condena, como la impuesta en 1977 a un hombre por vender preservativos en el Rastro madrileño; algo que suponía, según dijo la sentencia, una “vocación al vicio” y una “ofensa de la moral colectiva”. Sin embargo, la mayoría de los procesos judiciales quedaban en nada, como la acusación contra EL PAÍS por “propaganda anticonceptiva” por publicar un artículo científico sobre métodos de planificación familiar. Un delito por el que la Fiscalía pedía para su director, en aquel momento Juan Luis Cebrián, dos meses de arresto y una multa de 50.000 pesetas (300 euros).

El uso de “procedimientos para evitar la procreación” no se despenalizó hasta 1978 en España. Se autorizó entonces la venta de condones y de la píldora anticonceptiva (con receta médica, como ahora); un método que hoy, con más de 16,5 millones de envases dispensados al año en las farmacias —datos proporcionados por IMS-Health, la consultora de referencia en el sector—, se ha convertido en el segundo método anticonceptivo más utilizado, después del preservativo —unos 60 millones de cajas entre los que se venden en las farmacias y en otros establecimientos de libre servicios, según las cifras facilitadas por Nielsen—.

Como en España, paso a paso el panorama mundial ha cambiado: la sexualidad se ha separado de la reproducción. Al menos en la teoría. Porque, todavía hoy, la receta de abstinencia que aplicaba la abuela de Tonge u otros métodos ineficaces, como el ogino o la marcha atrás, son la única opción para 222 millones de mujeres que no desean quedarse encinta y no pueden acceder a una contracepción moderna; es decir preservativos o, sobre todo (para prevenir el embarazo) anticonceptivos hormonales —píldoras, implantes, parches— o dispositivos intrauterinos, métodos que permiten que ellas no dependan de que su pareja acepte o no ponerse la goma.

La mayoría de esas mujeres vive en países en vías de desarrollo, como radiografía un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (UNFPA). Lugares donde el poder decidir cuándo tener hijos y cuántos se engendran puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para ellas —por los problemas en el parto, la fístula obstétrica o las complicaciones del embarazo adolescente— y para sus hijos.

También en la Unión Europea, 25 años después de que el último Estado miembro —Rumanía— legalizase los anticonceptivos, quedan barreras que derribar para acceder a ellos, y a la información de cómo utilizarlos. En España, un 62% de las mujeres en edad fértil —o sus parejas sexuales— emplean métodos modernos para evitar el embarazo; frente al 82% de las noruegas o el 76% de las suecas. A mitad de camino, las guatemaltecas (un 34%) y, en el otro lado de la balanza, las mujeres de Sierra Leona, país récord de mortalidad materno-infantil, donde menos de un 8% de las mujeres usa anticonceptivos, según los datos de UNFPA, que estos días, junto al Foro Europeo de Población y Desarrollo (EPF) y parlamentarios de 134 países, ha pasado revista a los objetivos de desarrollo y salud sexual y reproductiva fijados en la Convención de El Cairo en 1994.

“La situación de Europa es incomparable con la de los países en vías de desarrollo, pero tampoco hay pleno acceso a la anticoncepción; sobre todo entre los más jóvenes”, apunta Vicky Claes, directora de International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF-EN). Las principales barreras en la UE, dice, son la falta de información, la financiación de los anticonceptivos y la escasez de servicios sanitarios especializados para menores; también algunos sistemas que impiden que estos puedan acceder a los servicios de salud sin sus padres. “Y los mitos relacionados con algunos anticonceptivos, como que la píldora engorda o que el preservativo resta placer —aún muy extendidos—, no ayudan”, añade.

En España, donde unas 1.400 adolescentes dan a luz cada año —y unas 13.000 interrumpen su embarazo—, el 35,6% de los jóvenes de entre 15 y 19 años no utiliza ningún anticonceptivo, según el último estudio Daphne sobre anticoncepción (de 2011). Y el 23,1% de quienes se protegen no lo hace de manera adecuada. Mientras, solo el 4,5% de los jóvenes finlandeses con pareja no usa ningún método anticonceptivo, como indica el estudio Reprostat, elaborado por expertos de la Comisión Europea.

Las diferencias a escala mundial entre los países ricos y aquellos que no lo son están claras. La pobreza, la inexistencia de sistemas públicos de salud y el lastre de una sociedad patriarcal, que impide a las mujeres tomar decisiones sobre su cuerpo —incluso sobre temas médicos— explican el alarmante dato de que solo un 1% de las sudanesas —por poner un ejemplo— emplea algún método moderno para prevenir el embarazo. Pero ¿cuál es la razón de las brechas de acceso que existen entre los países de un espacio común, como la UE? Algunos datos y modelos las explican: en Portugal, la anticoncepción es gratuita para quienes se registran en los servicios de salud. En Suecia, los anticonceptivos financiados cuestan al año unos 10 euros.

Nada que ver con España, donde las mujeres pagan entre cuatro y ocho euros al mes por las píldoras anticonceptivas financiadas por la sanidad pública; una lista de fármacos que además menguó en julio del año pasado, cuando el Gobierno excluyó de la subvención pública ocho contraceptivos de última generación. Y esos modelos portugués o sueco se comparan peor aún con Eslovaquia, donde el Gobierno aprobó en 2011 una ley que prohíbe financiar anticonceptivos. Estos productos han pasado a considerarse allí desde entonces productos “no esenciales”, como los fármacos para perder peso o los productos para dejar de fumar.

Sin embargo, es en el acceso a la información donde más diferencia existe en todos los países. También entre los europeos. “El coste de los anticonceptivos es un escollo para los jóvenes y más aún en una situación económicamente complicada, pero la base del problema es el conocimiento, la educación sexual y reproductiva; aquello que permite a las personas tener un mejor conocimiento de su cuerpo, de su salud, de su sexualidad y de sus necesidades y las de los demás”, dice Jenny Tonge. La baronesa británica habla delante de una chica que lleva luminosas mechas azules y de otra que se cubre los cabellos con un hiyab. Ambas aguardan en la sala de espera de la clínica de salud sexual para jóvenes del barrio central de Estocolmo, que Tonge visita con la ministra sueca de Cooperación Internacional, Hillevi Engström, y el director de la UNFPA, Babatunde Osetimehin, participantes los tres en la reunión de alto nivel sobre derechos reproductivos celebrada en la capital sueca a la que EL PAÍS acudió invitado por la agencia de la ONU y el EPF.

Las dos muchachas no son las únicas que esperan para entrar en la consulta del centro, donde se da información especializada a jóvenes de entre 12 y 23 años y se les proporcionan métodos anticonceptivos y apoyo psicológico si lo necesitan. La visita es secreta. Ni siquiera los más jóvenes necesitan permiso de sus padres para ir a la clínica y recibir consejo médico. Un punto fundamental para que funcione el proyecto, como destaca Hillevi Engström. “Tener servicios efectivos de salud sexual y reproductiva es clave para el desarrollo de los países y un elemento fundamental para las mujeres. Ayuda a atajar los embarazos no deseados y, por tanto, los abortos, y combate las enfermedades de transmisión sexual. Es, sin duda, una inversión”, afirma.

Al director de UNFPA le gusta el ejemplo sueco que vende Engström; un modelo que también tiene una base de educación sexual. En Suecia, esta formación se convirtió en obligatoria en 1955. Desde entonces, explica la ministra, todos los menores la estudian en la escuela a partir de los 11 años. Osetimehin no llega tan lejos a la hora de opinar si esta información debe ser obligatoria. Él no se sale del lenguaje equilibrista de la ONU, y repite —como lo hacen decenas de declaraciones— que cada Estado es soberano para organizar sus sistemas, pero que la información sobre sexualidad es “una prioridad”. “Hay que fomentar centros de salud sexual especializados en jóvenes, donde puedan acudir no solo a recibir consejo médico, también a ser escuchados. Estos elementos son clave y ni la ideología ni la economía pueden servir para quitar peso a los derechos reproductivos de la agenda política”, afirma, algo más tajante, el médico nigeriano.

Osetimehin habla de crisis porque sabe que muchos programas dedicados a la salud sexual se han recortado con la recesión económica; sobre todo en los países en vías de desarrollo, que dependen de las ayudas para cooperación y de fundaciones especializadas. Pero también menciona la ideología, porque los grupos contrarios a los derechos reproductivos están agudizando sus discursos. Y no solo contra el aborto, su caballo de batalla tradicional; también claman contra la contracepción, a la que culpan del descenso de la natalidad en Europa, y contra la educación sexual. Hace solo unos meses el voto de los eurodiputados más conservadores tumbó un informe que instaba a los países a incluir esa formación en el currículo educativo y a garantizar el acceso a anticonceptivos baratos; también al aborto seguro. La campaña de los lobbies que se oponen a los derechos sexuales, que defienden, entre otras cosas, que solo las familias —y no los Gobiernos— puedan decidir cómo educar a los hijos en estos temas, fue legendaria.

En España, apunta Luis Enrique Sánchez, presidente de la Federación Española de Planificación Familiar Estatal (FPFE), se dan los dos factores sobre los que alerta el director de la UNFPA. “La nueva ley del aborto hará retroceder al país tres décadas en derechos reproductivos”, asevera. El anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, elimina la opción de las mujeres a decidir libremente interrumpir su embarazo —posible ahora hasta la semana 14 de gestación— y permitirá el aborto solo bajo dos supuestos: violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer. La ley Gallardón supone, además, un alejamiento de los modelos vigentes en la mayoría de la UE, donde la mujer puede abortar sin alegar ninguna razón durante las etapas tempranas del embarazo. “Además de la regresión en derechos, estamos ante un anteproyecto de ley que no tiene ningún contenido relacionado con la prevención de embarazos no deseados o salud sexual y reproductiva”, incide Sánchez.

Raquel Hurtado, del área joven de la FPFE, incide en otro ángulo que empaña también las perspectivas de un país donde se registran más de 112.000 abortos al año. A pesar de que España no estaba muy boyante en servicios de salud sexual, el número de centros ha menguado desde 2010, cuando se iniciaron los recortes en las partidas de Sanidad y Educación. En Madrid, por ejemplo, dos servicios especializados en jóvenes han cerrado, otro ha recortado sus horarios, varios se han reconvertido en otro tipo de clínicas menos especializadas y todos han reducido su personal. Lejos queda España del modelo sueco. Tampoco cumple la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que marca que debe haber un centro de atención a la sexualidad por cada 100.000 habitantes menores de 29 años. En todo el país solo hay una docena; en Alemania, por ejemplo, son más de 200.

En España, además, no hay ni rastro de educación sexual en el currículo educativo. Tampoco intención de incluir esa materia. Mucho ha llovido desde que en 1983 el Gobierno socialista de Felipe González aseguró que incluiría como materia educativa la información sobre anticonceptivos en bachillerato y formación profesional. Nunca ocurrió. Ni su Ejecutivo ni los venideros lo hicieron. Lo más cercano fue meter ciertos contenidos en la difunta Educación para la Ciudadanía, que el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió el curso pasado.

Y mientras algunos países de la UE están relajando sus esfuerzos en prevención, otros, sobre todo de América Latina y el Caribe, intensifican sus esfuerzos para atajar el embarazo adolescente. Esa región es la única en la que los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron en la última década. En Colombia, Bolivia, Honduras o El Salvador más de un 20% de las mujeres de entre 20 y 24 años ha dado a luz antes de los 18. Un panorama similar al de Paraguay, donde el Gobierno ha ideado una especie de bonos gratuitos para que los jóvenes puedan acceder a la contracepción.

La Conferencia de El Cairo de 1994 definió los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. También fijó metas claras para dar poder a las mujeres. Una de ellas, proporcionarles los medios para poder decidir libremente sobre su maternidad. Veinte años después, las mujeres de Sierra Leona, Bangladesh o Zambia aún deben pedir permiso a su marido para ir al sanitario que podría prescribirles anticonceptivos. La mayoría de ellas ni siquiera puede permitirse aplicar la receta de la abuela de Jenny Tonge.

Fuente: El País.