María R. Sahuquillo Madrid 4 MAY 2014 - 20:22 CET
Hace 40 años, la única manera que muchas mujeres tenían para prevenir un embarazo no deseado era mantener al hombre bien lejos. “Eso era lo que decían mi abuela, y luego mi madre. El método para controlar el tamaño de la familia era evitar el contacto con el marido...”, recuerda
Jenny Tonge. La británica, médico especialista en planificación familiar primero y baronesa y parlamentaria en la Cámara de los Lores, después, creció en una sociedad en la que solo las mujeres casadas podían recibir
información sobre anticonceptivos. “En los años sesenta, si no tenías anillo no había nada que hacer, pero aún llevándolo no todas sabían que tenían esa posibilidad”, abunda. En España, la contracepción estaba prohibida para todos. Hombres y mujeres; casadas y solteras. Vender, publicitar o informar sobre preservativos o acerca de las antibaby (como se conocía popularmente a la píldora, introducida en Europa en 1961) estaba penado con arresto y con hasta 200.000 pesetas de multa (1.200 euros).
Aún así, algunos colectivos de mujeres daban información sobre planificación familiar, y los anticonceptivos se conseguían; eso sí, de estraperlo o, en el caso de la píldora, como tratamiento médico para “regular el ciclo menstrual”. Esas prácticas ilegales desencadenaron algún susto, sobre todo en forma de redada. Pero también alguna condena, como la impuesta en 1977 a un hombre por vender preservativos en el Rastro madrileño; algo que suponía, según dijo la sentencia, una “vocación al vicio” y una “ofensa de la moral colectiva”. Sin embargo, la mayoría de los procesos judiciales quedaban en nada, como la acusación contra EL PAÍS por “propaganda anticonceptiva” por publicar un artículo científico sobre métodos de planificación familiar. Un delito por el que la Fiscalía pedía para su director, en aquel momento
Juan Luis Cebrián, dos meses de arresto y una multa de 50.000 pesetas (300 euros).
El uso de “procedimientos para evitar la procreación” no se despenalizó hasta 1978 en España. Se autorizó entonces la venta de condones y de la píldora anticonceptiva (con receta médica, como ahora); un método que hoy, con más de 16,5 millones de envases dispensados al año en las farmacias —datos proporcionados por
IMS-Health, la consultora de referencia en el sector—, se ha convertido en el segundo método anticonceptivo más utilizado, después del preservativo —unos 60 millones de cajas entre los que se venden en las farmacias y en otros establecimientos de libre servicios, según las cifras facilitadas por
Nielsen—.
Como en España, paso a paso el panorama mundial ha cambiado: la sexualidad se ha separado de la reproducción. Al menos en la teoría. Porque, todavía hoy, la receta de abstinencia que aplicaba la abuela de Tonge u otros métodos ineficaces, como el ogino o la marcha atrás, son la única opción para 222 millones de mujeres que no desean quedarse encinta y no pueden acceder a una contracepción moderna; es decir preservativos o, sobre todo (para prevenir el embarazo) anticonceptivos hormonales —píldoras, implantes, parches— o dispositivos intrauterinos, métodos que permiten que ellas no dependan de que su pareja acepte o no ponerse la goma.
La mayoría de esas mujeres vive en países en vías de desarrollo, como radiografía un informe del
Fondo de Naciones Unidas para la Población y Desarrollo (UNFPA). Lugares donde el poder decidir cuándo tener hijos y cuántos se engendran puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte para ellas —por los problemas en el parto, la fístula obstétrica o las complicaciones del embarazo adolescente— y para sus hijos.
También en la Unión Europea, 25 años después de que el último Estado miembro —Rumanía— legalizase los anticonceptivos, quedan barreras que derribar para acceder a ellos, y a la información de cómo utilizarlos. En España, un 62% de las mujeres en edad fértil —o sus parejas sexuales— emplean métodos modernos para evitar el embarazo; frente al 82% de las noruegas o el 76% de las suecas. A mitad de camino, las guatemaltecas (un 34%) y, en el otro lado de la balanza, las mujeres de Sierra Leona, país récord de mortalidad materno-infantil, donde menos de un 8% de las mujeres usa anticonceptivos, según los datos de
UNFPA, que estos días, junto al
Foro Europeo de Población y Desarrollo (EPF) y parlamentarios de 134 países, ha pasado revista a los objetivos de desarrollo y salud sexual y reproductiva fijados en la Convención de El Cairo en 1994.
“La situación de Europa es incomparable con la de los países en vías de desarrollo, pero tampoco hay pleno acceso a la anticoncepción; sobre todo entre los más jóvenes”, apunta
Vicky Claes, directora de
International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF-EN). Las principales barreras en la UE, dice, son la falta de información, la financiación de los anticonceptivos y la escasez de servicios sanitarios especializados para menores; también algunos sistemas que impiden que estos puedan acceder a los servicios de salud sin sus padres. “Y los mitos relacionados con algunos anticonceptivos, como que la píldora engorda o que el preservativo resta placer —aún muy extendidos—, no ayudan”, añade.
En España, donde unas 1.400 adolescentes dan a luz cada año —y unas 13.000 interrumpen su embarazo—, el 35,6% de los jóvenes de entre 15 y 19 años no utiliza ningún anticonceptivo, según el último estudio
Daphne sobre anticoncepción (de 2011). Y el 23,1% de quienes se protegen no lo hace de manera adecuada. Mientras, solo el 4,5% de los jóvenes finlandeses con pareja no usa ningún método anticonceptivo, como indica el estudio
Reprostat, elaborado por expertos de la Comisión Europea.
Las diferencias a escala mundial entre los países ricos y aquellos que no lo son están claras. La pobreza, la inexistencia de sistemas públicos de salud y el lastre de una sociedad patriarcal, que impide a las mujeres tomar decisiones sobre su cuerpo —incluso sobre temas médicos— explican el alarmante dato de que solo un 1% de las sudanesas —por poner un ejemplo— emplea algún método moderno para prevenir el embarazo. Pero ¿cuál es la razón de las brechas de acceso que existen entre los países de un espacio común, como la UE? Algunos datos y modelos las explican: en
Portugal, la anticoncepción es gratuita para quienes se registran en los servicios de salud. En
Suecia, los anticonceptivos financiados cuestan al año unos 10 euros.
Nada que ver con España, donde las mujeres pagan entre cuatro y ocho euros al mes por las píldoras anticonceptivas financiadas por la sanidad pública; una lista de fármacos que además menguó en julio del año pasado, cuando el Gobierno excluyó de la subvención pública ocho contraceptivos de última generación. Y esos modelos portugués o sueco se comparan peor aún con Eslovaquia, donde el Gobierno aprobó en 2011 una ley que prohíbe financiar anticonceptivos. Estos productos han pasado a considerarse allí desde entonces productos “no esenciales”, como los fármacos para perder peso o los productos para dejar de fumar.
Sin embargo, es en el acceso a la información donde más diferencia existe en todos los países. También entre los europeos. “El coste de los anticonceptivos es un escollo para los jóvenes y más aún en una situación económicamente complicada, pero la base del problema es el conocimiento, la educación sexual y reproductiva; aquello que permite a las personas tener un mejor conocimiento de su cuerpo, de su salud, de su sexualidad y de sus necesidades y las de los demás”, dice
Jenny Tonge. La baronesa británica habla delante de una chica que lleva luminosas mechas azules y de otra que se cubre los cabellos con un hiyab. Ambas aguardan en la sala de espera de la clínica de salud sexual para jóvenes del barrio central de Estocolmo, que
Tonge visita con la ministra sueca de Cooperación Internacional,
Hillevi Engström, y el director de la
UNFPA,
Babatunde Osetimehin, participantes los tres en la reunión de alto nivel sobre derechos reproductivos celebrada en la capital sueca a la que EL PAÍS acudió invitado por la agencia de la
ONU y el EPF.
Las dos muchachas no son las únicas que esperan para entrar en la consulta del centro, donde se da información especializada a jóvenes de entre 12 y 23 años y se les proporcionan métodos anticonceptivos y apoyo psicológico si lo necesitan. La visita es secreta. Ni siquiera los más jóvenes necesitan permiso de sus padres para ir a la clínica y recibir consejo médico. Un punto fundamental para que funcione el proyecto, como destaca
Hillevi Engström. “Tener servicios efectivos de salud sexual y reproductiva es clave para el desarrollo de los países y un elemento fundamental para las mujeres. Ayuda a atajar los embarazos no deseados y, por tanto, los abortos, y combate las enfermedades de transmisión sexual. Es, sin duda, una inversión”, afirma.
Al director de
UNFPA le gusta el ejemplo sueco que vende
Engström; un modelo que también tiene una base de educación sexual. En Suecia, esta formación se convirtió en obligatoria en 1955. Desde entonces, explica la ministra, todos los menores la estudian en la escuela a partir de los 11 años.
Osetimehin no llega tan lejos a la hora de opinar si esta información debe ser obligatoria. Él no se sale del lenguaje equilibrista de la
ONU, y repite —como lo hacen decenas de declaraciones— que cada Estado es soberano para organizar sus sistemas, pero que la información sobre sexualidad es “una prioridad”. “Hay que fomentar centros de salud sexual especializados en jóvenes, donde puedan acudir no solo a recibir consejo médico, también a ser escuchados. Estos elementos son clave y ni la ideología ni la economía pueden servir para quitar peso a los derechos reproductivos de la agenda política”, afirma, algo más tajante, el médico nigeriano.
Osetimehin habla de crisis porque sabe que muchos programas dedicados a la salud sexual se han recortado con la recesión económica; sobre todo en los países en vías de desarrollo, que dependen de las ayudas para cooperación y de fundaciones especializadas. Pero también menciona la ideología, porque los grupos contrarios a los derechos reproductivos están agudizando sus discursos. Y no solo contra el aborto, su caballo de batalla tradicional; también claman contra la contracepción, a la que culpan del descenso de la natalidad en Europa, y contra la educación sexual. Hace solo unos meses el voto de los eurodiputados más conservadores tumbó un informe que instaba a los países a incluir esa formación en el currículo educativo y a garantizar el acceso a anticonceptivos baratos; también al aborto seguro. La campaña de los lobbies que se oponen a los derechos sexuales, que defienden, entre otras cosas, que solo las familias —y no los Gobiernos— puedan decidir cómo educar a los hijos en estos temas, fue legendaria.
En España, apunta
Luis Enrique Sánchez, presidente de la
Federación Española de Planificación Familiar Estatal (FPFE), se dan los dos factores sobre los que alerta el director de la
UNFPA. “La nueva ley del aborto hará retroceder al país tres décadas en derechos reproductivos”, asevera. El anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón, elimina la opción de las mujeres a decidir libremente interrumpir su embarazo —posible ahora hasta la semana 14 de gestación— y permitirá el aborto solo bajo dos supuestos: violación o riesgo para la salud física o psicológica de la mujer. La
ley Gallardón supone, además, un alejamiento de los modelos vigentes en la mayoría de la UE, donde la mujer puede abortar sin alegar ninguna razón durante las etapas tempranas del embarazo. “Además de la regresión en derechos, estamos ante un anteproyecto de ley que no tiene ningún contenido relacionado con la prevención de embarazos no deseados o salud sexual y reproductiva”, incide
Sánchez.
Raquel Hurtado, del área joven de la FPFE, incide en otro ángulo que empaña también las perspectivas de un país donde se registran más de 112.000 abortos al año. A pesar de que España no estaba muy boyante en servicios de salud sexual, el número de centros ha menguado desde 2010, cuando se iniciaron los recortes en las partidas de Sanidad y Educación. En Madrid, por ejemplo, dos servicios especializados en jóvenes han cerrado, otro ha recortado sus horarios, varios se han reconvertido en otro tipo de clínicas menos especializadas y todos han reducido su personal. Lejos queda España del modelo sueco. Tampoco cumple la recomendación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), que marca que debe haber un centro de atención a la sexualidad por cada 100.000 habitantes menores de 29 años. En todo el país solo hay una docena; en Alemania, por ejemplo, son más de 200.
En España, además, no hay ni rastro de educación sexual en el currículo educativo. Tampoco intención de incluir esa materia. Mucho ha llovido desde que en 1983 el Gobierno socialista de
Felipe González aseguró que incluiría como materia educativa la información sobre anticonceptivos en bachillerato y formación profesional. Nunca ocurrió. Ni su Ejecutivo ni los venideros lo hicieron. Lo más cercano fue meter ciertos contenidos en la difunta Educación para la Ciudadanía, que el Gobierno de
Mariano Rajoy suprimió el curso pasado.
Y mientras algunos países de la UE están relajando sus esfuerzos en prevención, otros, sobre todo de América Latina y el Caribe, intensifican sus esfuerzos para atajar el embarazo adolescente. Esa región es la única en la que los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron en la última década. En
Colombia, Bolivia, Honduras o El Salvador más de un 20% de las mujeres de entre 20 y 24 años ha dado a luz antes de los 18. Un panorama similar al de
Paraguay, donde el Gobierno ha ideado una especie de bonos gratuitos para que los jóvenes puedan acceder a la contracepción.
La
Conferencia de El Cairo de 1994 definió los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. También fijó metas claras para dar poder a las mujeres. Una de ellas, proporcionarles los medios para poder decidir libremente sobre su maternidad. Veinte años después, las mujeres de
Sierra Leona, Bangladesh o Zambia aún deben pedir permiso a su marido para ir al sanitario que podría prescribirles anticonceptivos. La mayoría de ellas ni siquiera puede permitirse aplicar la receta de la abuela de
Jenny Tonge.
Fuente:
El País.
