Blog Maltrato y Violencia - IECS: medidas contra la violencia de género

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Mil millones y 200 medidas para luchar contra la violencia de género

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El viernes 28 de julio el texto se someterá a la aprobación de la Comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus votos particulares.

Los grupos de la subcomisión del Congreso para alcanzar un pacto de Estado contra la violencia de género han logrado este viernes un acuerdo sobre doscientas medidas con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de euros en cinco años para luchar contra este problema social, a falta de cerrar el documento final.

Fuentes parlamentarias consultadas han precisado que el próximo fin de semana se terminarán de redactar la parte introductoria del texto, el resumen de las comparecencias de expertos que han acudido a la subcomisión y la reglamentación.

La subcomisión se reunirá el próximo lunes 24 de julio para la lectura y aprobación del documento, tras revisar la redacción del concepto de violencia de género, el artículo uno de la ley integral, que es la "llave" del acuerdo.

UNA DOTACIÓN "ACEPTABLE"

El viernes 28 de julio el texto se someterá a la aprobación de la Comisión de Igualdad, donde los grupos parlamentarios podrán presentar sus votos particulares con aquellas cuestiones que han quedado fuera del acuerdo como la gestación subrogada.

Los grupos de la oposición han calificado de "aceptable" la dotación presupuestaria del pacto, que supone "una mejora sustancial" con respecto a los 6 millones de la propuesta inicial del PP, aunque han reclamado un compromiso económico a más largo plazo.

Los partidos han conseguido sacar adelante el acuerdo a partir de un documento base redactado por el PP, encargado de esta labor por tratarse del grupo mayoritario en la Cámara baja. Las propuestas han sido revisadas una a una, modificadas y reordenadas.

ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES QUE NO HAN INTERPUESTO DENUNCIA

Entre las medidas acordadas, destaca la reestructuración del sistema de atención social a las mujeres que no han interpuesto denuncia por violencia de género.

Esto supondrá la modificación de la ley de régimen local para que los ayuntamientos recuperen las competencias en promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en materia de violencia de género, así como el cambio de los criterios de acreditación de la condición de víctima para poder acceder a una asistencia social integral.

La acreditación como víctima de maltrato se podrá hacer a través de sentencias que declaren que la mujer ha sufrido cualquiera de las formas de violencia definidas en la ley, orden de protección vigente o resolución judicial que hubiera acordado este tipo de medida, informe del fiscal, atestado policial, informe médico o psicológico o informe de servicios públicos con capacidad de identificar estas situaciones.

Para activar el sistema de acompañamiento de la mujer y evitar su desprotección, los grupos han planteado la creación de unidades de apoyo en el ámbito local, regidas por los principios de atención permanente, actuación urgente y especialización en las prestaciones, que estarían a cargo de un equipo multidisciplinar de profesionales.

"QUEDAN FLECOS POR SOLUCIONAR"

ERC, PNV, PDeCAT y Compromís han logrado que se incluyera en el texto una referencia a las competencias de las comunidades autónomas en materia de violencia de género.

En declaraciones a Efe, la diputada del grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-en Marea Ángela Rodríguez ha señalado que "todavía no hay un acuerdo definitivo, sino que quedan algunos flecos, que hay que solucionar, como la definición de violencia machista".

Rodríguez ha indicado que la subcomisión se ha suspendido hasta el lunes próximo cuando todos los grupos políticos se sentarán a revisar aspectos 'sustanciales' del documento. "Hay muchas cuestiones en las que estamos de acuerdo, pero el pacto no está terminado", ha subrayado.

Los grupos han acordado la creación de una comisión no legislativa en el Congreso para el seguimiento del pacto de Estado, que entre otras competencias podrá hacer un seguimiento presupuestario y fiscalizar la puesta en marcha de las medidas.

FUENTE: Huffington Post.

Víctimas de la violencia doméstica en Brasil ya tienen sus propios superhéroes

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Miembros de la patrulla Maria da Pehna / Camila Domingues/Palacio Piratini

En Río Grande do Sul, el patrullaje constante garantiza la protección a víctimas de abusos

Mariana Kaipper Ceratti Brasilia 4 DIC 2013 - 01:16 CET

Hace poco más de dos semanas, la agente de la policía Márcia Passos, de Porto Alegre (Rio Grande do Sul) recibió una llamada que le aceleró el corazón. Desde el otro lado de la línea, Passos fue informada de un incendio en la casa de una presunta víctima de agresiones. El marido de la joven le prendió fuego a la vivienda con sus hijos adentro.

“Gracias a que ella nos llamó inmediatamente, logramos que la policía y los bomberos llegaran a tiempo para salvar a los niños”, recuerda la sargento, que lleva 23 años trabajando en las fuerzas de seguridad de Porto Alegre. “También apresamos al autor del incendio ese mismo día, en un punto de venta de marihuana”.

La historia terminó bien, pero el final podría haber sido diferente si no fuese por el trabajo de la Patrulla Maria da Penha, del que forma parte Passos desde su fundación en octubre de 2012. Hay once equipos en todo el estado, seis de ellos en los barrios más peligrosos de la capital. Todos se dedican a monitorear casos de agresión a partir de la primera denuncia por parte de las víctimas o testigos.

En Brasil la violencia de género es un tema cada vez más preocupante. El país ocupa el séptimo lugar en el mundo en feminicidios, con 4,4 muertes por cada 100.000 mujeres, según el Mapa de la Violencia 2012. En el informe anterior (2010), el país ocupaba el duodécimo puesto.

Vehículos color lila

El nombre de la patrulla Maria da Penha, es un reconocimiento a la conocida activista brasileña contra la violencia doméstica, que inspiró la ley contra la violencia de género que también lleva su nombre. Es una señal clara del compromiso contra los maltratos en la pareja en un estado donde ocurren 4,1 muertes por cada 100.000 mujeres.

Básicamente, la patrulla se dirige a las casas de las mujeres y les informa que tienen a su disposición una red de apoyo. Con la orientación de la policía, las víctimas de abusos pueden lograr la separación, obtener la custodia de los hijos, abrir un proceso contra su compañero, buscar apoyo psicológico y protegerse de nuevas agresiones.

Este tipo de apoyo fue el que le salvó la vida de Fátima (nombre ficticio), quien pensaba que, al haber estado casada con un policía, no recibiría ayuda. “Agradezco a la patrulla por haber confiado en mí. Fui agredida tantas veces que llegué a perder un seno”, afirma.

En su primer año de existencia, los agentes atendieron a 1.971 mujeres, 537 de las cuales reciben seguimiento de cerca. Los vehículos de la patrulla son fácilmente reconocibles en las calles por sus calcomanías de color lila, que simbolizan la lucha contra la violencia de género.

Además de ayudar a las víctimas a hacer frente a sus agresores, la patrulla garantiza el cumplimiento de las medidas urgentes de protección previstas en la Ley Maria da Penha (de 2006), que deben implementarse en el transcurso de las 48 horas posteriores al ataque.

Esta legislación le permitena la mujer obtener una orden judicial para que el agresor abandone inmediatamente la residencia. También determina un límite mínimo de distancia entre el hombre y la víctima, así como de los familiares y otros testigos de la violencia.

Protección constante

“Estas medidas se encuentran entre las principales innovaciones de la ley”, resume Ivana Battaglin, vicecoordinadora de la Comisión Permanente de Combate a la Violencia Doméstica y Familiar contra la Mujer (Copevid), que forma parte del Consejo Nacional de Procuradores Generales.

Sin embargo, la falta de fiscalización hace que no siempre las medidas sean cumplidas. En consecuencia, el agresor puede burlarlas y volver a agredir a su compañera o incluso quitarle la vida.

La falta de protección, además, es considerada uno de los motivos por los cuales la Ley Maria da Penha no ayudó a reducir los homicidios en Brasil, de acuerdo a un reciente informe del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués).

Entre octubre de 2012 y el mismo mes de 2013, la patrulla realizó 109 arrestos por incumplimiento de las medidas de protección (ver otros datos en este blog en portugués). Los pedidos de medidas urgentes de protección aumentaron un 53% en este período. Ninguna de las mujeres atendidas por la patrulla fue asesinada.

A través de esta patrulla y otras iniciativas se espera reducir los actuales índices de homicidio: el año pasado, 91 mujeres fueron asesinadas en Rio Grande do Sul. De ese total, apenas 16 solicitaron medidas urgentes de protección. Antes de fin de año serán creadas dos patrullas adicionales, y otras 23 a lo largo de 2014.

“La patrulla sería muy bienvenida en el resto del país (Pernambuco ya creó la suya) porque genera un efecto de demostración en la comunidad. Muestra que la ley llegó para quedarse en los barrios y en las casas”, opina Boris Utria, coordinador general de operaciones del Banco Mundial en Brasil.

Mariana Kaipper Ceratti es productora online del Banco Mundial.

Fuente: El País.

Italia aprueba que las denuncias por violencia machista sean irrevocables

La policía podrá echar de casa a la pareja violenta si hay riesgo para la integridad de la mujer.
Se introducen agravantes al delito.
Habrá un permiso especial de residencia para las víctimas extranjeras.

Lucia Magi Roma 8 AGO 2013 - 19:39 CET

El Ejecutivo italiano ha aprobado hoy una serie de medidas para la prevención y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. El decreto –que consta de 12 artículos—contempla el aumento de un tercio en las penas para este tipo de delitos si estos se cometen en presencia de un menor de edad, si la víctima está embarazada o si el agresor es su cónyuge, pareja o expareja. También instaura el derecho a la asistencia gratuita para las afectadas, independientemente de su nivel de renta, en estos procedimientos. Además, las denuncias que presenten las víctimas de la violencia machista serán irrevocables. Una medida, que según la ministra de Justicia Anna Maria Cancellieri, busca evitar que las mujeres se retiren del proceso judicial por miedo o por las presiones o amenazas del denunciado. En Italia, en 2010, se contabilizaron 105.000 delitos de violencia contra las mujeres. En ese país, ellas presentan cada día unas 95 denuncias por amenazas, 64 por lesiones y 10 por violencia sexual, según cifras de las organizaciones de mujeres (no existen estadísticas oficiales).

La nueva normativa –que va más allá de la ley integral contra la violencia de género española, que se limita fundamentalmente a la violencia cometida por las parejas o exparejas-- incluye además una figura nueva: el "arresto in fraganti”, que implica que si un hombre es detectado cometiendo una agresión puede ser expulsado de su domicilio, y si se aprecia riesgo, puede ser detenido y enviado directamente a prisión. Algo que, en la práctica sin embargo, es poco viable según los expertos, que indican que en un país con cárceles tan súper pobladas es improbable que el juez confirme esa detención si el agresor no tiene antecedentes por el mismo delito. El decreto, que entra en vigor hoy pero que debe ser ratificado aún por el Parlamento, marca también que los procesos de violencia machista tendrán preferencia en los tribunales. Además, las extranjeras víctimas de violencia machista podrán tener un permiso de residencia por motivos humanitarios, según explicó Angelino Alfano, viceprimer ministro del Ejecutivo y titular de Interior.

"Habíamos prometido una intervención dura contra todo lo que se incluye dentro de la violencia de género y hemos mantenido nuestra palabra”, ha declarado hoy el primer ministro, el social demócrata Enrico Letta. “Era necesario que nuestro país lanzara una señal fuerte de oposición sin cuartel hoy no solo hemos enviado esa señal, sino que marcamos un radical cambio sobre el tema”, ha insistido.

Los expertos, que llevan años trabajando sobre el terreno, son mucho menos optimistas a la hora de hablar de la nueva normativa. "Esta iniciativa legislativa me recuerda a uno que pasa una capa de pintura brillante sobre un edificio que se cae a trozos", resume preocupada Nadia Summa, que dirige Demetra, un centro antiviolencia en Lugo, cerca de Bolonia, en el norte de Italia. Summa proporciona ejemplos concretos: "En teoría está bien que se pueda arrestar al violento ‘in fraganti’ o que no sea necesario que la mujer confirme la denuncia. Pero tenemos un personal muy poco formado y nada homogéneo en el país. El otro día por ejemplo, una mujer llamó la policía mientras el marido la amenazaba con un cuchillo, los agentes llegaron e intentaron terciar, minimizando la situación: 'Venga, señora, prepárele un plato de pasta e intenten hacer las paces', le dijeron. La misma actitud se registra en Urgencias. Los enfermeros no tienen un protocolo claro y único de actuación", comenta la experta. La directora de Demetra critica, además, la falta de medios. Afirma que con los 3.500 euros anuales que su organización recibe de la Administración apenas logran garantizar unos pocos servicios. “Conseguimos abrir cuatro horas por semana y tenemos la cola de entrevistas de apoyo, de asesoría legal y psicológica. No podemos hacer más".

Los medios para las mujeres que quieren escapar de la violencia de género tampoco son abundantes en Italia, denuncian. Apenas hay casas de acogida. La Unión Europea marca que los Estados miembro deberían garantizar una plaza por cada 10.000 habitantes. “En Italia deberíamos contar con 5.000 y tenemos apenas 500", afirma Summa.

Los expertos como ella alertan de que esa falta de red de protección perpetúa las situaciones de violencia, sobre todo de la violencia ejercida por las parejas o por las familias. “El año pasado siete de cada diez mujeres asesinadas había denunciado al hombre que finalmente acabó matándolas. Sin esa red de protección estructurada, concreta y cultural, el decreto es papel mojado”, zanja indignada Barbara Spinelli, abogada, autora del ensayo ‘Feminicidio’ y asesora de Naciones Unidas sobre temas de violencia en Italia. Alerta de que sin esa red, de nada servirá que las denuncias por violencia de género sean irrevocables. “Si una mujer no está preparada para emprender este camino, el peligro es el de dejarla dos veces sola: se puede exasperar la reacción violenta del hombre que se siente acorralado, y a ella no se le garantiza ningún instrumento de protección. Lo primero, es proporcionar a la víctima un lugar al que acudir".

En España no existe ningún mecanismo para que las denuncias presentadas por las víctimas de la violencia machista sean irrevocables como lo serán en Italia. De hecho, alrededor de 13 de las mujeres decide no seguir adelante con los procesos judiciales por malos tratos que han iniciado. Una cifra, además, que no deja de aumentar, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial.

El punto que ahora se inicia en Italia es, además, una vieja reclamación de los expertos españoles. En el sistema judicial español las mujeres pueden además de no seguir adelante con el proceso eludir declarar contra su pareja o expareja acogiéndose al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el conocido como la dispensa. Este exonera a "los parientes del procesado en línea directa ascendente y descendente [padres e hijos], su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial (...)" de prestar declaración contra él. Un artículo que los especialistas del Consejo General del Poder Judicial han solicitado que se elimine para los casos de violencia de género.

Jueces, fiscales y algunas asociaciones de mujeres sostienen que esa opción es en realidad un mecanismo perverso porque se puede utilizar para presionar a la mujer con el objetivo de que no declare en el juicio.

Fuente: El País.

El Gobierno propone elevar de 14 a 16 años la edad legal para casarse

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Se registrará a los niños maltratados por su padres
También a los menores cuyas madres son víctimas de violencia de género
Bastará con que los servicios sanitarios crean que una mujer es maltratada
Se 'desjudicializa' el proceso de acogimiento familiar de los menores

Europa Press / Efe | Madrid

El Gobierno estudiará reformar el Código Civil para elevar de 14 a 16 años la edad para el consentimiento matrimonial, según han informado fuentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que han precisado que esta es una de las medidas que contempla el Plan de Infancia y Adolescencia que aprueba este viernes el Consejo de Ministros.

Además, según las mismas fuentes, el Ejecutivo dejará al acuerdo de los grupos parlamentarios la decisión de elevar la edad de consentimiento sexual.

El Plan de Infancia y Adolescencia también contemplará la creación de un Registro unificado de menores maltratados y se centrará en garantizar asistencia jurídica y psicológica a los menores víctimas de violencia de género.

Fuentes de la Secretaría de Estado indicaron que el Plan de Infancia también tendrá entre sus objetivos que los menores que queden huérfanos como consecuencia de la violencia de género, pasen el menor tiempo posible bajo tutela del Estado acelerando así el acogimiento familiar de estos niños y adolescentes.

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy el Plan de Infancia y Adolescencia que incluye, entre otras medidas, la creación de una base de datos de menores expuestos a situaciones de maltrato y reformas en los procesos de adopción y acogimiento.

Protección a niños maltratados
Según han explicado fuentes del Ministerio, en la base de datos se incluirán los niños que son maltratados por su padres o cuyas madres son víctimas de violencia de género, para hacerles un seguimiento y mejorar su protección.

Las mismas fuentes han precisado que en este registro no sólo se incluirá a los hijos de las personas sobre las que pese una denuncia por malos tratos, sino que bastará, por ejemplo, con el aviso de los servicios sanitarios que sospechen que una mujer ha sido maltratada pese a que ella argumente algún tipo de accidente que justifique sus lesiones, para incluir a sus hijos en el citado listado.

Se trata, han precisado, de vigilar y comprobar si los menores están expuestos a algún tipo de peligro.

Además, el Plan, que será presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por la ministra Ana Mato, prevé "desjudicializar" el proceso de acogimiento familiar de los menores a cuyos padres se les ha retirado la tutela por violencia "o cualquier otra causa", de modo que sean las entidades públicas de protección de la infancia las que tengan la competencia y no los jueces como hasta ahora.

De esta forma se agilizarían los trámites del acogimiento que en muchas ocasiones se demoran en exceso y a veces discurren por unos trámites "extravagantes".

El objetivo es que los menores pasen cuanto antes a un hogar de acogida y se disminuya el tiempo de permanencia en los centros de tutelaje.

El objetivo fundamental, han precisado desde el Ministerio de Sanidad, es reforzar la protección de los menores posibles víctimas de maltrato, tanto desde el punto de vista psicológico como social, agilizando todos los trámites y procesos con el fin de asegurar su protección lo antes posible.

La aprobación del Plan de Infancia y Adolescencia fue anunciado esta semana por el secretario de Estado de Asuntos Sociales, Juan Manuel Moreno, tras el asesinato de una niña de seis años, presuntamente a manos de su padre -condenado por violencia machista- en la localidad malagueña de Campillos.

Fuente: El Mundo.

Galicia. 321 víctimas de la violencia de género recibieron atención psicológica hasta junio

El acoso escolar traspasó las aulas y los patios del colegio. Hoy, las agresiones se viven en el terreno invisible de las redes sociales. Desde hace dos meses, Cristina, de 15 años, se avergüenza de sí misma cuando sale a la calle. Desarrolló este complejo porque uno de sus compañeros se burlaba constantemente de su cuerpo en su cuenta de Facebook; decía que su busto era “demasiado grande”. El agresor llegó al extremo de etiquetarla en la foto de una actriz de pornografía en la cuenta de Facebook del colegio. La publicación generó decenas de comentarios ofensivos en contra de la joven. “Llegaron a decir que me creció el busto porque me acosté con todos los de mi colegio”, dice y se le quiebra la voz. En el país el 4% de jóvenes entre 14 y 29 años sufrió agresiones por Internet, según un estudio de Eset Latinoamérica, empresa dedicada al desarrollo de soluciones de seguridad informática. Ecuador está por encima del promedio en América Latina que se ubica en el 3,4%. El informe se basó en encuestas efectuadas a 400 jóvenes de la región a través de las redes sociales. Raphael Labaca, especialista de Eset, dice que el problema con el acoso virtual es que se extiende en el tiempo. “Antes un chico iba a la escuela y tenía compañeros que lo molestaban, pero sabía que a la salida del colegio todo terminaba. Hoy, con los medios digitales, el acoso dura las 24 horas”. Las agresiones pueden ir desde grabar y colgar videos en la Red, enviar mensajes de texto o correos electrónicos ofensivos e incluso insultar en foros, chats o muros de las redes sociales. Para que sea considerado ciberacoso, la agresión debe ser repetida y no un hecho puntual, debe haber contacto o relación previa con la víctima y existir la intención de causar daño. La agresión virtual puede llegar a ser tan o más traumática que la física, dice la psicoterapeuta Alexandra Córdova . “Las víctimas no solo presentan signos de daño emocional sino problemas de salud por el estrés al que están sometidas”. Advierte que en algunos casos afecta la autoestima de la víctima e incluso pude llegar hasta el suicidio. Cristina esconde su mirada y se encoge de hombros. “Trata de esconder su busto con ropa holgada y anda jorobada porque teme que sus amigos se burlen de ella”, relata su tía Edith Díaz, quien tuvo que amenazar a sus compañeros con demandarlos por acoso para frenar las agresiones. Córdova agrega que, incluso, los medios informáticos han servido para planificar agresiones físicas entre escolares. Elizabeth, de 16 años, relata que algunos compañeros de su colegio enviaron mensajes soeces a jóvenes de otro centro educativo. Al siguiente día, los estudiantes ofendidos se citaron por Facebook fuera de su colegio y los atacaron con piedras. Un estudio al 2011 realizado en 350 centros educativos de Quito mostró cifras preocupantes. Según el informe, elaborado por Programas Educativos, Psicología y Salud (Proeps), más de un tercio de adolescentes quiteños reportaron problemas de intimidación, amenazas y chantajes a través de Facebook. Isabel, una joven de 17 años, relata que recibía amenazas de una compañera por su cuenta de Facebook. “No le di importancia hasta que publicó una foto mía que había retocado en Photoshop para dañar mi reputación en el colegio”. Ello afectó su autoestima y la condujo a la depresión, por lo que requirió de terapias. Aunque, en el 2002 se incluyó en el Código Penal un apartado sobre delitos informáticos, el ciberacoso no está tipificado en la legislación ecuatoriana. “Cuando se aprueba esta ley se está pensando en sancionar hackers informáticos. El ciberacoso es un fenómeno más reciente”, explica la catedrática Regina Zambrano. Pero los padres pueden presentar una denuncia por maltrato en la Fiscalía. Napoleón Vásquez, director de Proeps, recomienda a los padres denunciar ante las autoridades educativas estas agresiones. José Rivera, asesor de comunicación y nuevas tecnologías, cree que el Estado debe promover una alfabetización en los ámbitos escolar y familiar en el uso de las nuevas tecnologías.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/sociedad/victimas-reales-deja-acoso-virtual_0_749325135.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Un total de 321 víctimas de la violencia de género participaron durante el primer semestre del año en el programa de atención psicológica ofrecido por la Secretaría General de Igualdad de la Xunta, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de Galicia.
De estos 321 afectados, 201 son mujeres. Además, 107 menores de edad también fueron atendidos por este servicio, al igual que las restantes 13 personas, dependientes de la víctima.
La Xunta informó de que estas cifras deben invitar a una amplia reflexión, ya que la violencia contra las mujeres también afecta emocionalmente a sus hijos, con consecuencias que pueden ir desde la obstrucción al aprendizaje y socialización de los jóvenes, hasta la implantación en ellos de una alta tolerancia a la violencia.
Estas víctimas se suman a las más de 1.400 que fueron atendidas durante los tres últimos años en el marco del programa puesto en marcha por la Secretaría General de Igualdad en 2009 y dotado con un presupuesto total que asciende a 360.000 euros durante los tres ejercicios.
Este programa tiene como objetivo prioritario ofrecer a las mujeres y sus hijos menores recursos terapéuticos que faciliten su recuperación tras haber vivido en un ambiente marcado por un clima de violencia.

Fuente: Lainformación.com

Ana Mato anuncia 'un plan personalizado' contra la violencia de género

Marca como 'propósito irrenunciable' un pacto social y sanitario.
Reclama 'esfuerzo, lealtad y colaboración de todos'
Prepara un Plan Integral de Apoyo a la Familia
Anuncia también la próxima puesta en marcha del Estatuto del Mayor
Quiere 'actualizar y agilizar los procedimientos' de adopción y acogimiento

Rafael. J. Álvarez | Madrid

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que el Gobierno está trabajando en "un plan personalizado contra violencia de genero" en el que se buscará "proteger a las mujeres víctimas y a sus hijos de forma individual".

Ana Mato recordó que en lo que va de año siete mujeres han perdido la vida, a manos de sus parejas o ex parejas por lo que "acabar con esta lacra es una prioridad de este gobierno".

En su primera comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Mato ha explicado las prioridades de su departamento, como la propuesta de impulsar un pacto social y sanitario en el primer trimestre del año.

"El pacto va a ser para mí un propósito irrenunciable al que habrá que dedicar esfuerzo, lealtad y colaboración de todos", ha afirmado.

Respecto a la violencia de género, la ministra ha asegurado que el Gobierno pretende lograr una mayor cercanía con las mujeres que sufren malos tratos, así como una mayor eficacia y coordinación de los recursos en materia de sensibilización social y prevención.

Mato ha dicho que debatirá esta "prioridad" con los portavoces de igualdad el próximo 9 de febrero.

En su comparecencia, la ministra ha anunciado que el Gobierno va a revisar los impuestos que pagan las familias a fin de elevar los mínimos personales y familiares exentos de tributación en el impuesto sobre la renta.

"La familia es la primera y principal ONG de nuestra sociedad. La más extensa red de protección frente a la exclusión social. Su labor debe ser reconocida y apoyada", ha señalado la ministra, para anunciar un Plan Integral de Apoyo a la Familia que ha definido como "un conjunto coherente de acciones homogéneas de apoyo a la institución familiar".

El citado plan contempla una reforma del Consejo Estatal de Familias, "como órgano de coordinación administrativa" y "principal foro de debate" sobre este asunto, además de medidas de conciliación y "reformas en la regulación del trabajo a tiempo parcial", el teletrabajo, los permisos parentales o la reincorporación al mundo laboral tras un periodo de inactividad; "acciones específicas" para familias numerosas e iniciativas de "protección a las madres, especialmente las jóvenes", en situación de dificultad.
Revisión del sistema de adopciones

Asimismo, la ministra ha anunciado su intención de "actualizar y agilizar los procedimientos" de adopción y acogimiento, acometiendo "una profunda reforma del sistema español de protección de menores" que actualmente tiene bajo su guarda o tutela un total de 30.879 jóvenes con una legislación que data de 1996.

Sobre este asunto ha anunciado además que elaborará un "Plan Estratégico Nacional de la Infancia y la Adolescencia 2012-2015" con actuaciones sobre asuntos como prevención de adicciones, protección de los menores en internet y lucha contra la obesidad infantil.

La ministra ha vinculado en su intervención este plan con la preocupación de "una inmensa mayoría de los españoles" por "algunos comportamientos de los adolescentes y los jóvenes" y ha confirmado que reformará la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor y planteará "los cumplimientos íntegros de las penas y la privación de libertad" en los delitos de abusos y violencia ejercidos por adultos sobre menores de edad.

Mato también se ha referido a la juventud en su discurso y se ha comprometido a impulsar "un plan estratégico de emancipación juvenil" que en colaboración con el Ministerio de Fomento establecerá programas para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

También ha dicho que convocará la Comisión Interministerial de Juventud y que dará "prioridad absoluta" a programas específicos para fomentar el empleo juvenil y el emprendimiento. En este ámbito, ha señalado, se organizará "el I Encuentro Mundial de empleo y oportunidades para la Juventud, que se celebrará en Málaga el próximo otoño".
Estatuto del mayor

Por otra parte, la ministra ha anunciado la próxima puesta en marcha del Estatuto del Mayor, que recogerá "sus derechos frente a cualquier forma de discriminación" y garantizará "su participación social y su acceso a los servicios sociales". Se elaborará, según ha dicho, con la participación de las organizaciones de personas mayores y en el ámbito del Consejo Estatal Nacional de las personas mayores.

Este estatuto incluirá políticas que actúen "sobre el mal endémico de la soledad entre las personas muy mayores", que refuercen "la humanización en el trato que reciben" y sensibilización social para mejorarla, así como desarrollo del envejecimiento activo y la protección general de los derechos de las personas mayores, promoción de la autonomía personal e iniciativas transversales de relaciones intergeneracionales y participación. "Estaremos especialmente vigilantes al maltrato y a la discriminación por edad", ha añadido.

Fuente: El Mundo.