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El nuevo delito de acoso o stalking en el Código Penal

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El delito de acoso propiamente dicho, lo que en países anglosajones es conocido como stalking, ha sido regulado por primera vez en nuestro Código Penal tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 marzo. El artículo 172 ter castiga con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses a aquella persona, que acose a otra llevando a cabo de forma insistente y reiterada determinadas conductas, y que como consecuencia de las mismas, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.

El precepto emplea la expresión un tanto abstracta de ” forma insistente y reiterada “, lo que exige que nos encontremos ante un patrón de conducta repetido en el tiempo, y excluye su aplicación ante acontecimientos aislados. Por tanto, un aspecto esencial de esta figura es la estrategia sistemática de hostigamiento y persecución contra la víctima.

Para que el acoso pueda ser punible deberá llevarse a cabo mediante alguna de las siguientes conductas:

1.ª Vigilar, perseguir o buscar la cercanía física de la víctima.
2.ª Establecer o intentar establecer contacto con la víctima a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. Se incluirían, por tanto, los contactos a través de internet y de las redes sociales.
3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquirir productos o mercancías, o contratar servicios, o hacer que terceras personas se pongan en contacto con la víctima.
4.ª Atentar contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella.


En aquellos casos en que la víctima sea una persona especialmente vulnerable, ya sea por razón de su edad, enfermedad o situación personal, la pena de prisión que pueda imponerse será de seis meses a dos años.

Otro aspecto que debemos subrayar es que, en términos generales, para la aplicación del delito de acoso se requiere la previa denuncia de la víctima o de su representante legal, salvo en los casos de violencia doméstica o de género.

En relación con esto último, el artículo 172 ter regula en su apartado cuarto el delito de acoso cuando la víctima se trata de alguna de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173. Por tanto, en el marco de la violencia doméstica o de género, la pena de prisión será de uno a dos años, o bien trabajos en beneficio de la comunidad de sesenta a ciento veinte días. En este caso, como ya avanzamos antes, no será necesaria la denuncia previa de la víctima.

La regulación penal del stalking se introdujo para dar respuesta a una serie de conductas graves que difícilmente podían ser calificadas como coacciones o amenazas, y que a falta de una tipificación expresa y específica como la introducida en los últimos años en distintos países europeos (como en los Países Bajos, Bélgica, Irlanda y el Reino Unido), resultaban en sí mismas atípicas (Sentencia Audiencia Provincial de Sevilla del 8 de junio de 2009). Como se recoge en la exposición de motivos de la reforma del Código Penal de 2015, el delito de acoso regula “todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento”.

El bien jurídico que se protege con el delito de acoso es principalmente la libertad de obrar de la víctima, esto es, su capacidad de decidir libremente. Las conductas del stalking, castigadas por el artículo 172 ter, infunden en la persona que las sufre una sensación de miedo, angustia y falta de seguridad constantes, por lo que ésta llega a cambiar sus hábitos diarios, su número de teléfono y en ocasiones, de lugar de residencia o trabajo. Pero, no sólo se trata de proteger la libertad de obrar de la víctima, sino también el bien jurídico de la seguridad, entendido como el derecho al sosiego y tranquilidad.

Por último, hay que tener en cuenta que cualquiera puede ser, tanto autor, como víctima de un delito de acoso, ya que no se circunscribe a la pertenencia a un sexo concreto, si bien es cierto que la pena se agrava en el ámbito de la violencia de género y doméstica. Por ello, si estás siendo víctima de acoso u hostigamiento, independientemente de quién sea la persona que lo lleva a cabo, es importante que pongas los hechos en conocimiento de la policía y busques ayuda legal.

FUENTE. Portalley

Los delitos de odio por xenofobia aumentaron un 6% durante el 2015

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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la presentación, hoy en Madrid, de un balance sobre delitos de odio y trata de seres humanos con fines sexuales o laborales ocurridos en España en 2015. EFE/Luca Piergiovanni
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la presentación, hoy en Madrid, de un balance sobre delitos de odio y trata de seres humanos con fines sexuales o laborales ocurridos en España en 2015. EFE/Luca Piergiovanni


  • Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas registraron el año pasado casi cuatro delitos de odio al día, un total de 1.324 casos


EUROPA PRESS

MADRID.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas registraron el año pasado casi cuatro delitos de odio al día, un total de 1.324 casos que en un 38,2% correspondían a manifestaciones de racismo y xenofobia y en un 18,1% conllevaba lesiones, según el avance de resultados presentado este miércoles por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Uno de cada diez acusados de estos delitos eran menores de edad.

La cifra supone un incremento del 13% respecto de 2014 pero la diferencia se atribuye a un "perfeccionamiento de la recogida de datos" y a la incorporación de dos nuevas categorías que antes no se registraban, los delitos de odio por razón de ideología y aquellos que se producen por razón de género, introducidos en 2015 con la reforma del Código Penal.

En total, el 38,2% de los 1.324 casos eran por racismo o xenofobia, un 6,5% más que en 2014; el 23,3% por razón de ideología y el 16,9% motivados por la discapacidad que presentaba la víctima, delitos éstos que han aumentado un 12,6% respecto del año anterior.Asimismo, el 12,7% fueron delitos de odio por orientación sexual, casos que han registrado un descenso del 67% en 2015 que, según ha explicado Fernández Díaz, "obedece al incremento de la formación y al mejor registro de los hechos conocidos". "No pocas estas conductas, por poca formación, se tipificaban de manera no adecuada", ha añadido.

También se ha producido una caída notable en los delitos de odio por antisemitismo, que se reducen un 62% respecto de 2014 y representan el 0,7% del total, con nueve casos. En el lado opuesto, aumentan un 36,4% los de aporafobia (odio a los pobres), que representan el 1,1%. Los motivados por razón de género, de nueva incorporación en la estadística, son el 1,8% del total.

FUENTE: Público.

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Los abusos a menores copan el 20% de las causas penales del Supremo

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Escenificación de una menor que sufre abusos 
Escenificación de una menor que sufre abusos. / Extra Roos Koole

  • Los agresores suelen estar en el entorno familiar del niño, que tarda años en denunciar

Reyes Rincón Madrid 23 NOV 2015 - 10:11 CET

Alrededor del 20% de todos los asuntos que ve la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo son casos de abusos sexuales, en su inmensa mayoría sufridos por menores. En octubre, la sala emitió 93 sentencias, de las que 16 (un 17%) resolvían recursos de casación contra fallos dictados por abusos a niños y adolescentes. A lo largo del mes de noviembre, el tribunal tiene señaladas otras 25 vistas. Aunque hasta ahora no se habían hecho estadísticas sobre estos casos, los expertos alertan de la llamativa incidencia de estos delitos en niños y, sobre todo, en niñas, que en muchas ocasiones no se atreven a denunciar hasta llegar a la mayoría de edad.

Las últimas sentencias dictadas por la Sala de lo Penal dibujan una desgarradora radiografía de las situaciones que viven muchos menores, en la mayoría de los casos dentro de su propia familia o en su entorno más cercano. Padres que aprovechan las noches o el momento del baño para abusar de sus hijas, padrastros siempre dispuestos a cuidar de la hija de su pareja mientras esta está en el trabajo y que acaban convirtiendo los abusos en una infernal rutina o tíos o amigos de la familia que convencen a la niña de que todo es un "juego" que no debe contar. Los pisos compartidos por familias extensas víctimas de la crisis son también un escenario coincidente para estos abusos en varias de las sentencias dictadas en los últimos meses por el tribunal.

Las sentencias revelan que la mayoría de los menores soportan los abusos durante años y, si nadie de su entorno los descubre, pueden no contarlos hasta mucho después. Cuando el autor de los delitos es un familiar, a menudo amenaza a la víctima para que no hable ("si lo cuentas, la familia se romperá") o le soborna con regalos. Como los cinco euros de recarga para el móvil que le daba a su sobrina de 12 años cada vez que abusaba de ella un hombre condenado en octubre por la Sala de lo Penal. También le regaló un perro, “y cuando la niña le dijo que no aguantaba más esos juegos le amenazó con quitarle el animal”, explican los jueces. La pequeña un día no pudo más y llamó a su hermana, cuatro años mayor y que había dejado hace meses la casa familiar para ir a la Universidad. Cuando la niña le contó lo que le ocurría, su hermana le confesó que ella había sufrido lo mismo durante seis años. Las dos se habían criado con su abusador desde que fallecieron sus padres, pero la mayor nunca se atrevió a contar lo que ocurría.

"Muchos niños no hablan porque sienten vergüenza, creen que tienen culpa de lo que ha pasado", advierte Margarita García Marqués, psicóloga clínica de la Asociación para la Sanación y la Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia (Aspasi). A finales de octubre, el Supremo confirmó la condena de 13 años y seis meses de prisión por delito continuado de agresión sexual de un padre sobre su hija desde que la niña tenía 13 años. Le denunció con 21. La sentencia relata cómo por las noches el padre bajaba las escaleras de la casa y aprovechando que el resto de la familia dormía se metía en el dormitorio de la chica, que estaba en un semisótano.

Aunque cada vez se denuncian más estas situaciones, García apunta que son muchos los casos que se quedan ocultos. "Hay adultos que llegan a saber que un familiar cercano está abusando de un menor de la familia y no lo cuentan porque no quieren que su padre, su hijo o su hermano acaben en la cárcel", advierte la psicóloga. A su asociación llaman adultos que han descubierto una situación de abusos en su entorno, pero algunos se quedan en una primera y única llamada para pedir consejo y nunca llegan a poner el caso en concreto en conocimiento de Aspasi para evitar identificar y denunciar al autor.

Los jueces en sus sentencias dan también cuenta de las secuelas que sufren los menores. Estas dependen, sobre todo, de la edad y el tipo de abusos. En las víctimas de más edad o que han sufrido abusos con violencia, las secuelas suelen incluir un complejo cuadro que abarca desde angustias e insomnio crónico a agresividad e incluso automutilaciones. En el caso de las dos hermanas abusadas durante años por su tío y tutor, el tribunal detalla situaciones de ansiedad, miedo a salir solas a la calle, pánico a los hombres, pesadillas, depresión, confusión entre sexualidad y afectividad o tendencia a evitar en la medida de lo posible el contacto físico.

Cuando los abusos se han planteado como un juego, sobre todo en niños pequeños, la víctima a veces llega a normalizar esa situación. “El menor puede sexualizarse y buscar esa conducta con otros adultos. Esos niños son carne de cañón para otros abusadores”, advierte la psicóloga, en cuya asociación (www.aspasi.org) imparten talleres en los colegios para enseñar a los niños a detectar una situación de abusos. En más de una ocasión, cuenta la psicóloga, tras uno de estos talleres, un menor ha levantado la mano y ha advertido: "Eso me ha pasado a mí".
 
FUENTE: El País. 
 
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Un 16% de los delitos de menores son de violencia contra sus padres

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  • La Fiscalía General del Estado lamenta la falta de políticas para enfrentar esta lacra
  • Los expertos alertan del cambio en el perfil del joven agresor

 
Camilo S. Baquero Barcelona 1 OCT 2014 


La violencia de género y el maltrato infantil tardaron mucho en entrar en las agenda mediática y política española. Y costó aún más cambiar comportamientos que la cultura daba por correctos. Ahora el velo ha caído, aunque todavía haya mujeres que mueren a manos de sus parejas o niños que reciben castigos físicos excesivos. Sin embargo, otra violencia dentro del hogar sigue en el armario: hijos que agreden física o psicológicamente a sus padres o abuelos, llamada filioparental. Los datos oficiales muestran que el año pasado se abrieron 4.659 expedientes por estos delitos, el 15,8% del total de los casos donde están involucrados menores.

Francisco Romero, del equipo técnico de la Fiscalía de Menores de Barcelona, explica que solo desde 2011 se segregan las cifras de violencia filio parental dentro de los delitos cometidos por menores. Antes se juntaban con los de violencia de género. La memoria de la Fiscalía General del Estado demuestra que se trata de una problemática que se ha mantenido muy estable, a falta de una serie histórica más larga. En 2011 se registraron 5.377 expedientes (18.15% del total); en 2012 fueron 4.936 (16,6%) y el año pasado, se redujeron ligeramente hasta las 4.659 procedimientos. Romero asegura que un 7% de las familias españolas pueden sufrir este problema.

“Denunciar a un hijo no es fácil. A esta violencia la llamo la patología del amor. Los padres siempre tienen en mente qué implicaciones jurídicas tiene tirar adelante un proceso”, asegura Jordi Royo, director clínico de Amalgama 7, una entidad catalana que se dedica a la atención terapéutica de de jóvenes y sus familias. “Los padres sienten que tienen que justificarse, que son juzgados porque recogen lo que han cultivado. Hasta han de explicar que quieren a sus hijos”, asegura José Luís Sancho, director técnico del Programa Recurra-Ginso de Madrid, que trabaja con menores en conflicto social.

Como en el caso de la violencia machista, ambas partes tienden a relativizar las agresiones. “Nos encontramos con familias que dicen que no ocurre nada. Y comenzamos con un cuestionario: ¿te da miedo decirle cosas a tu hijo?, ¿te humilla?, ¿rompe objetos?”, explica Royo. La violencia física no es el primer paso, explican los expertos. “Pueden pasar largos años de sufrimiento, usualmente en solitario, antes de que se lleguen a estos extremos”, explica Sancho. La Fiscalía General asegura que no es infrecuente que los progenitores acudan a la justicia derivados por los Servicios Sociales y que, en algunos casos, “los problemas de convivencia son referidos a menores de menos de 14 años”, dice la memoria anual de la institución.

En un 70% de los casos los agresores son chicos. Sin embargo, ellas suelen comenzar antes, de una manera más psicológica. Allí por ejemplo se inscriben comportamientos anoréxicos o de consumo de drogas. “Se agreden a ellas mismas, para así hacer daño a lo que sus padres quieren. El absentismo escolar es una manera de agresión”, asegura Sancho. El perfil, alerta Royo, ha ido cambiando y se extiende a familias de clase media y media alta. En seis de cada diez casos uno de los padres tiene estudios universitarios. La tendencia mayoritaria es que los jóvenes agredan a las madres y a las abuelas y hay más incidencia en familias monoparentales.

“La ausencia de normas o las familias sobreprotectoras también son propensas a generar el Síndrome del Emperador, en el que los menores tienen a sus padres como sirvientes”, dicen los expertos, que también critican “cierto enaltecimiento de la violencia en los medios de comunicación”.

Tanto la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental como la Fiscalía General del estado coinciden en “ la insuficiencia de políticas y prácticas preventivas de refuerzo a las habilidades parentales”, según la memoria del Ministerio Público. “Faltan protocolos oficiales como sí existen con la violencia de género. Y la respuesta no puede ser solo jurídica”, pide Romero.

“Tienes que desculpabilizarte”

J.M., su pareja y los dos pequeños eran la familia tradicional de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), una de las poblaciones con mejor calidad de vida de España. Él tenía 48 años cuando su hijo, de 7 años, comenzó a tener problemas en el colegio. El caso del típico niño rebelde terminó en un largo recorrido por especialistas y psicólogos. Y un diagnóstico: déficit de atención. La medicación que se recomendó empeoró las cosas. Seis años más tarde, el menor era expulsado del colegio. El abuso de alcohol y marihuana aumentaba su agresividad.

“Inicialmente eran gritos, puñetazos en la puerta, quebraba cristales. Hasta que llegaron los empujones y algunas agresiones. Una línea que ya no podíamos tolerar”, explica J.M. Interpusieron dos denuncias contra su hijo, a los 14 y a los 16 años. El juez internó al menor en un centro. “Siempre fuimos unos padres exigentes. Teníamos una gran sensación de culpabilidad, nos preguntábamos qué habíamos hecho mal, porque nuestro otro hijo no era agresivo. Aquí fue básico recurrir a la ayuda terapéutica, encontrarte con otros padres en situaciones similares, no quedarte en el silencio”, explica el hombre, que prefiere el anonimato.

Tomar la decisión de llevar a un hijo a los tribunales, especialmente cuando había una patología de por medio fue muy complicada. “Primero tienes que desculpabilizarte. Además del problema de la familia, la relación con mi mujer estaba muy afectada. Aquí el apoyo en otras personas fue básico”, agrega J.M.
En varias ocasiones tuvieron que pedir la intervención de los Mossos d'Esquadra, que, según J.M., fueron bastante comprensivos y dispuestos a ayudar con el tema. “En los juzgados sí encontramos más problemas. Todos los procesos son más farragosos y depende mucho de las personas que te encuentres, Te gustaría sentirte más arropado en un momento como ese”, explica este padre de familia. “Es clave no quedarse callado. Insisto, ante esto tienes que desculpabilizarte”, finaliza.

FUENTE: El País. 

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30 años para reducir a la mitad las tasas de violencia

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Este mapa muestra los cambios en la tasa de homicidios global entre 1995 y 2010. U. Cambridge

  • En 2000, 1,6 millones de personas perdieron la vida por actos violentos, según la OMS.
  • Los expertos hacen un llamamiento a los gobiernos para que diseñen políticas adecuadas.

LAURA TARDÓN Madrid

Se calcula que en el año 2000, 1,6 millones de personas perdieron la vida por actos violentos, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los expertos aseguran que, con las políticas adecuadas, la tasa de violencia podría reducirse a la mitad de aquí a 2040. Así lo remarcan en la primera conferencia mundial que se está celebrando esta semana en Cambridge (Reino Unido) sobre reducción de la violencia.

Tal y como presentan en este evento, desde mediados de 1990, en muchas zonas del planeta, las tasas de violencia han disminuido y, en algunos casos, de forma significativa. Por ejemplo, en el transcurso de 15 años (entre 1995 y 2010), en países como Estonia, Hong Kong, Sudáfrica, Polonia y Rusia, el número de homicidios registrado ha caído en más de un 40%.

Dada la importancia que tienen los datos en este ámbito para poder comprender el problema que entraña la violencia en la salud pública global, un grupo de 150 científicos y criminólogos ha estudiado con detalle la situación de un total de 88 países, entre los que se encuentra España. De estos, 67 mostraron menores tasas de violencia y, por el contrario, 21 sufrieron un aumento. Concretamente, España se encuentra entre los países del primer grupo. Desde 1995 hasta 2010, la tasa de violencia se ha reducido en un 18,5%.

El objetivo de este análisis (impulsado por la Universidad de Cambridge y la OMS) es establecer la primera hoja de ruta para reducir las tasas globales de "violencia interpersonal, un problema que ahora causa más muertes y cuesta más dinero que todas las guerras juntas", expone Manuel Eisner, director del Centro de Cambridge para la Reducción de la Violencia. Es la responsable de la muerte de unos ocho millones de personas desde el año 2000. Alrededor de un 30% de las mujeres ha sufrido violencia doméstica y se cree que uno de cada siete niños en el mundo ha sido víctima de abusos sexuales. En cuanto a la violencia machista, una reciente investigación estima que cuesta unos ocho trillones de dólares al año.

Aunque el "apoyo internacional es cada vez mayor", los expertos reunidos en este congreso hacen un llamamiento a los gobiernos y otros actores implicados para intensificar los esfuerzos dirigidos a la prevención de la violencia y para mitigarla. "Debería formar parte de la agenda de la ONU", subraya el especialista.

"Ejemplos de éxito en la reducción de homicidios en 15 años podemos encontrarlos en todo el mundo, desde Canadá hasta Nueva Zelanda, pasando por Italia y China. Pero si queremos alcanzar resultados a nivel global tenemos que aprender de los países que más han evolucionado en este sentido", afirma Eisner.


Un reto importante.
"La evidencia en algunos países muestra que con una reducción anual del 2,3% se consigue una caída del 50% en 30 años", apunta el experto. Se trata de un objetivo "realista y posible", de no ser porque, echando una mirada al mapa mundial, algunos países, sobre todo en América Latina, la tasa de violencia ha experimentado un incremento.

En el lado opuesto se encuentran muchos países europeos, del Norte de América y Asia, donde las cifras se han reducido en las dos últimas décadas y continúan haciéndolo. Como señala Eisner, lo consiguen "las sociedades que tienen mejores estrategias de control policial, vigilancia y políticas de menor tolerancia con respecto al comportamiento violento".

Como apunta Eisner, "en Londres, el riesgo de ser asesinado se ha reducido en un asombroso 99% desde finales de la Edad Media hasta nuestros días". En los últimos 10 años, asegura, el número de homicidios en Londres se ha reducido a la mitad (de unos 200 en 2003 a menos de 100 en el 2013), convirtiéndola "en una de las ciudades más seguras del mundo".

Otra cosa son los países de ingresos bajos a medios, donde, según la OMS, en el año 2000, la tasa de defunciones por violencia fue más de dos veces superior a la de los países de altos ingresos, aunque las cifras varían de unas regiones a otras, e incluso dentro de los países. El análisis de Eisner también subraya el importante desafío al que se enfrentan los países en desarrollo. Casi la mitad (45%) de los homicidios que se dan en todo el mundo se cometen en 23 países, donde vive el 10% de la población mundial.

Los análisis muestran que las sociedades con las tasas de homicidios más altas se encuentran en América Latina, África y Asia. "Sufren una mezcla de varios elementos como corrupción, mercados ilegales de alta rentabilidad, baja inversión en la salud pública y la educación y una policía ineficaz que ofrece poca confianza a los ciudadanos", argumenta Eisner.

Para los expertos, se requieren importantes cambios globales en la forma en que las sociedades son vigiladas y utilizan las nuevas tecnologías para prevenir la violencia. Actualmente, "sólo el 20% de la población del mundo vive en sociedades que reúnen los elementos para una mejor actuación policial, un dato que debería ascender al 60% en 2044", puntualiza Eisner. "Es indispensable una policía responsable y eficaz que cuente con la confianza del ciudadano", según Lawrence Sherman, director del Instituto de Criminología de Cambridge. Este experto ha puesto de ejemplo una estrategia experimental de GPS para las patrullas de policía en Trinidad que fue capaz de reducir los asesinatos y los tiroteos en un 41%.

Por otro lado, coinciden los especialistas reunidos en la conferencia, la prevención empieza en las primeras etapas de la vida, durante la infancia. Medidas de protección y de entrenamiento de habilidades sociales, que casi no existen en las zonas que más sufren abuso infantil y violencia doméstica.

Esta primera conferencia es la antesala del informe que la OMS va a empezar a desarrollar este mismo año sobre prevención de la violencia global. Mientras tanto, Eisner anima a los gobiernos a diseñar sus propios planes de acción nacional para reducir la violencia y para esto mismo, su equipo va a trabajar en colaboración con la OMS y los investigadores de todos los continentes para determinar una serie de recomendaciones y estrategias políticas.

FUENTE: El Mundo.

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Karzai revisa la ley que desprotegía a las víctimas de violencia doméstica

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Protesta en Kabul para exigir derechos para las mujeres el 13 de febrero. / EFE

  • Las activistas afganas piden que no se prohíba declarar como testigos a los familiares de los maltratadores

Ángeles Espinosa Dubái 17 FEB 2014 - 14:22 CET

La movilización de las afganas y la presión internacional parece haber surtido efecto. El presidente Hamid Karzai ha devuelto para su revisión el proyecto de ley de nuevo código procesal de Afganistán que, según alertó Human Rights Watch (HRW) a principios de este mes, dejaba desprotegidas a las mujeres en los casos de violencia domestica. El texto “no entrará en vigor hasta que el Ministerio de Justicia haga nuevas enmiendas al borrador propuesto”, ha anunciado en su cuenta de Twitter el portavoz presidencial, Aimal Faizi, tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

“En la actual versión de la ley hay dos problemas graves: 1) prohíbe el testimonio voluntario y obligatorio de los miembros de la familia; y 2) la excepción al testimonio obligatorio debería, como en la mayoría de las jurisdicciones, aplicarse solo a los esposos, pero se aplica a toda la familia”, explica a EL PAÍS Heather Barr de HRW. “El Gobierno afgano ha prometido revisar la ley para arreglar el primero, pero se niega a abordar el segundo. Así que incluso si el cambio ordenado por el presidente Karzai se lleva a cabo, aún mina de forma significativa el enjuiciamiento de la violencia contra las mujeres”, añade.

A raíz de la denuncia de HRW, se produjo una fuerte reacción internacional, incluida la condena de la Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Interparlamentaria, que parecen haber pesado sobre Karzai. Pero también las afganas se han movilizado para impedir un nuevo retroceso en el lento y tortuoso avance de los derechos de la mujer en ese país asiático. “Sin duda sería un paso atrás para los derechos de la mujer”, advertía Fawzia Koofi por teléfono desde Kabul.

Esta diputada se unió a otras activistas para lanzar una campaña en los medios de comunicación y la sociedad civil con el fin de evitar que el presidente firmara la ley que le remitió el Parlamento. Koofi estuvo en el comité legislativo bicameral que revisó el proyecto el pasado enero después de que la Cámara Alta (Meshrano Jirga), haciéndose eco de la preocupación que generaba, intentara cambiar la redacción de la Cámara Baja (Wolesi Jirga) para que se permitiera declarar a los familiares. No hubo quórum.

“Intenté por todos los medios que enmendaran ese artículo, pero era la única mujer y aunque algún otro diputado me apoyó, estábamos en minoría”, relata con su habitual energía. El resto de los miembros del comité defendían que los lazos familiares hacen imposible mantener la ecuanimidad necesaria para testificar, y que los parientes se verían arrastrados por sus sentimientos hacia el acusado.

Hay muchos países occidentales en los que se exime de declarar en contra de un familiar cuando ese testimonio puede inculparle. Sin embargo, lo que artículo 26.4 del nuevo código procesal establece es que las autoridades judiciales no pueden, bajo ningún pretexto, interrogar como testigos a “los familiares del acusado”, lo que equivale a silenciar a las víctimas de la violencia doméstica, incluidas las que sufren matrimonios infantiles o forzados.

“Esas situaciones se producen en el seno de la familia y, con frecuencia, no hay otros testigos que puedan refrendar los abusos”, explica Koofi que desde que llegó al Parlamento como diputada por la provincia de Badakhsan ha luchado incansable en defensa de los derechos de las afganas.

Influye sin duda la naturaleza extremadamente conservadora de la sociedad afgana. Varias generaciones de la misma familia suelen convivir en recintos amurallados que incluyen distintas viviendas. Las mujeres, que siguiendo la tradición tribal después del matrimonio se trasladan a casa del marido, rara vez tienen ocasión de salir fuera de esos patios cerrados. De ahí que si sufren malos tratos, o son víctimas de un matrimonio forzado, nadie que no sean sus parientes más cercanos puede avalar una eventual denuncia.

“Si se ratifica el proyecto de ley, la mayoría de los casos que se juzgan bajo la EVAW [Ley para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres] se quedarán sin testigos”, confirma Sari Kouvo, analista principal del Afghanistan Analysts Network (AAN) y que lleva una década ocupándose de los derechos de la mujer en ese país. “Importa mucho porque en los asuntos de violencia doméstica, sin los testimonios de los familiares no hay caso”, subraya Kouvo quien considera que ya es bastante complicado para las afganas dar el paso de denunciar.

Entre los casos recientes que nunca hubieran prosperado con el código procesal que ahora espera la firma de Karzai, las activistas citan el de Sahar Gul, la niña-novia cuyos suegros quisieron prostituir y ante cuya negativa, fue encadenada en el sótano, azotada, quemada y casi dejada morir de hambre; o el de Sitara, una mujer de 30 años cuyo marido drogadicto le rebanó la nariz y los labios el año pasado por no darle sus joyas para comprar una dosis.

Fuente: El País.

Piñera, sobre la niña embarazada: “La vida de la madre está en primer lugar”

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  • El presidente de Chile dice que velarán por la salud de la pequeña violada por su padrastro
  • Alaba la "madurez" de la menor, que dice que cuidará del bebé pese al daño que le hizo el padre

Agencias Santiago 10 JUL 2013 - 06:41 CET


El presidente chileno, Sebastián Piñera, destacó este martes la madurez de Belén, nombre por el que se conoce a la niña de 11 años violada y embarazada por su padrastro, a raíz de las declaraciones de la pequeña en una entrevista televisiva, en la que dijo que pese al dolor que le causó el violador, iba a querer y cuidar del bebé. El mandatario aseguró que el Gobierno protegerá la salud de la menor, y reiteró que en Chile “la vida de la madre está siempre en primer lugar”.

El caso de Belén ha causado una polémica nacional y ha reabierto el debate sobre el aborto en Chile, país donde no está permitido bajo ningún concepto, tan siquiera si la vida de la madre corre peligro. La denuncia del embarazo y violación de la menor la hizo la abuela de la niña, residente en Puerto Montt, a unos 1.000 kilómetros al sur de Santiago, quien presentó el caso ante la justicia el pasado 11 de junio. Esta semana el padrastro fue detenido y confesó haber violado a la menor.

"Le he pedido al ministro de Salud que se preocupe personalmente por cuidar la salud de Belén", dijo Piñera. "Estamos permanentemente preocupados de la salud y de proteger la vida de Belén". El mandatario ha indicado que en ocho semanas -la niña está embarazada de 14-, los médicos podrían provocar el parto. "Si fuera necesario tener un nacimiento prematuro, se tendrá que realizar esa terapia", añadió. "En nuestro país la vida de la madre está siempre en el primer lugar, y nosotros vamos a saber proteger la vida de Belén con todos los instrumentos que nos da la ciencia médica y con todo el cuidado que le está prestando el sistema público de salud", afirmó.

Adelantar el parto sería buscar la misma solución que le dieron a Beatriz, la mujer aquejada de una enfermedad grave a la que no se permitió abortar en El Salvador, hace unas semanas. Su hijo nació muerto, como se esperaba, puesto que era un feto inviable.

Además de reiterar su intención de proteger la salud de la niña, el presidente chileno alabó públicamente sus declaraciones. "Ayer (por el lunes) nos sorprendió a todos con palabras que demostraban una profundidad y una madurez cuando dijo que a pesar del dolor que el hombre que la violó le había causado, ella iba a querer y cuidar a su guagüita (bebé)".

La niña, entrevistada por Canal 13 de televisión, dijo que el bebé "va a ser como una muñeca tenerla en mis brazos". "La voy a querer mucho aunque sea de ese hombre que me hizo daño. Igual la voy a querer, la voy a cambiar", dijo la pequeña, que sufría abusos desde los nueve años, con el conocimiento de su madre. "La relación fue consentida", alegó incluso la mujer, algo que ha negado Belén.

Aunque ni la familia ni la menor han solicitado públicamente la interrupción del embarazo, varias organizaciones sociales y candidatos presidenciales reivindicaron esta semana la necesidad de cambiar la ley para permitir el aborto en caso de violación o riesgo para la madre. La exmandataria y candidata en las elecciones presidenciales de noviembre Michelle Bachelet ha planteado que tanto el aborto terapéutico como el que pretende interrumpir el embarazo fruto de una violación deben despenalizarse. Organizaciones como Corporación Humanas, Observatorio Género y Miles Chile instaron a reabrir el debate.

Por el contrario, líderes de la conservadora Unión Demócrata Independiente, el mayor partido de gobierno, defendieron la prohibición. "No estamos de acuerdo en ningún tipo de aborto, ni siquiera el terapéutico, que de terapia no tiene nada", afirmó la portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez.

El diputado Issa Kort incluso afirmó que la niña de 11 años estaba preparada para ser madre. "En el momento en que una mujer vive su primera regla, su primera menstruación, es porque su organismo ya está preparado para ser madre, para engendrar. No son las condiciones ideales, pero si pensamos en la Edad Media o los principios del Renacimiento, las mujeres efectivamente eran madres a los 15, 14, 16 años", argumentó.

No hay cifras de cuántas mujeres abortan cada año ilegalmente en Chile. Algunos datos no confirmados hablan de más de 100.000 abortos anuales para una población de ocho millones de mujeres.

Fuente: El País.

¿cuando prescriben los delitos?

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Algo realmente importante a tener cuenta cuando hablamos de MALOSTRATOS, ¿cuando caduca nuestro derecho a denunciar? 


según la normativa legal vigente es España, es el siguiente:



Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.


TÍTULO VII.
DE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL Y SUS EFECTOS.

CAPÍTULO I.
DE LAS CAUSAS QUE EXTINGUEN LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL.

Artículo 131.
 
1. Los delitos prescriben:
  • A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.
  • A los 15, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años.
  • A los 10, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10.
  • A los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año.
2. Las faltas prescriben a los seis meses.

3. Cuando la pena señalada por la Ley fuere compuesta, se estará, para la aplicación de las reglas comprendidas en este artículo, a la que exija mayor tiempo para la prescripción.

DELITOS EN LOS QUE ALGUNOS PSICÓLOGOS-AS FORENSES INCURREN: DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO.

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Máster en violencia y menor

Ante la ya habitual práctica de algunos grupos de psicólogos forenses , nos vemos en la obligación urgente de poner en PREAVISO Y ALERTA,  a aquellos usuarios-as que estén o hayan estado sometidos a PERITAJES PSICOLÓGICOS FORENSES.

Desde mayo de 2008 venimos recibiendo quejas de personas y familias que han pasado por el proceso de pertitación dentro de un proceso judicial, normalmente en temas de familia y violencia doméstica.

Estas quejas que han realizado (en forma de denuncia muchas veces) se centran en varias cuestiones básicas y que caso tras caso se repiten siguiendo el mismo PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.
Caben destacar por la gravedad y dolor que generan las siguientes conductas llevadas a cabo por estos "profesionales":

1.- ENTRADA en el DOMICILIO:
  1. SIN PREVIO AVISO.
  2. SIN la AUTORIZACIÓN PREVIA DEL JUEZ
  3. SIN CONSENTIMIENTO DE LOS PERITADOS
  4. ESGRIMIENDO LA AMENAZA DE APLICAR UN SAP, y la correspondiente retirada de CUSTODIA.
  5. entran hasta el baño, el dormitorio, en la cocina, abren las neveras, etc, etc.
2.- USAN MATERIAL  obtenido en la peritaciones: TEST, GRABACIONES DE LAS DECLARACIONES DE NIÑOS Y NIÑAS, FICHAS PERSONALES....
Para:
- elaboración de artículos, ponencias en congresos, tesis, tesinas, material didáctico...
- a los DATOS PERSONALES de las víctimas acceden SIN CONTROL: becarios, doctores, estudiantes, etc..
- este material:   las grabaciones de videos, fotos, FICHAS,...  Va a parar a casa de los inocentes estudiantes, para adelantar trabajo al perito correspondiente.

UN GRAVISIMO ATAQUE A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO.

Muchas de estas actuaciones han sido grabadas  y  son VOX POPULI.

Aquellos que hayais sido objeto de este tipo de peritaciones, poneros en contacto con :

  • - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
  • - Consejo General del Poder Judicial.
  • - Denuncia ante Comision Deontolçogica del Colegio de Psicólogos.
  • - Defensor del Pueblo.
  • - Observatorio de Violencia y Maltrato.
  • - Instituto Europeo Campus Stellae.
  • - Teléfono del MENOR
  • . AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Mejor hacer llegar la queja y COPIA de la DENUNCIA a todas las instituciones y organismos posibles.

A continuación para los que no sois del mundo del derecho los artículos del Código Penal Español, que recogen estos delitos y sus PENAS.

Como vereis las penas son realmente de peso. Y su definición es muy claro.

Para mas informacion ya sabeis nuestro email: live@campus-stellae.com


 
1. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores.
Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior.

4. Si los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo se realizan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años, y si se difunden, ceden o revelan los datos reservados, se impondrá la pena en su mitad superior.

5. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas previstas en su mitad superior.

6. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los mencionados en el apartado 5, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años. (por ejemplo: hay  testigos que afirman haber visto este material en congresos y clases)

 
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, sin mediar causa legal por delito, y prevaliéndose de su cargo, realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, será castigado con las penas respectivamente previstas en el mismo, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

 
1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.

1. Para proceder por los delitos previstos en este Capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior para proceder por los hechos descritos en el artículo 198 de este Código, ni cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

3. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal o la pena impuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo del número 4. del artículo 130.

Muertes juveniles

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Juan Gabriel Tokatlian, sociólogo, director de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, opina que igual que existe la palabra genocidio para designar el intento de acabar con una raza o feminicidio para nombrar el homicidio de mujeres, debería existir una palabra para designar el homicidio de los jóvenes, y que esa palabra debería nacer en América Latina, porque es ahí donde los jóvenes de entre 15 y 24 años corren más peligro de ser asesinados que en cualquier otro lugar del mundo.

El homicidio en América Latina es un problema fundamentalmente juvenil, algo que no ocurre ni en América del Norte, con toda su fama de violencia adolescente, ni, por supuesto, en Europa. Incluso en África se trata de otro fenómeno, quizá más letal, pero diferente: los jóvenes africanos no mueren víctimas del homicidio perpetrado por otro joven, sino como consecuencia de su participación en conflictos armados dirigidos por adultos.

Los datos del último estudio sobre violencia juvenil elaborado por la Red de Información Tecnológica Latinoamericana (Ritla), un instituto de carácter intergubernamental dedicado a la investigación (http://www.ritla.net/), son demoledores. Un joven latinoamericano corre treinta veces más riesgo de ser asesinado que un joven europeo: 36,6 víctimas menores de 24 años por cada 100.000 habitantes en América Latina por 12 en América del Norte y 1,2 en Europa.

No se trata de algo que ocurra sólo en Brasil o en Colombia. Los mayores índices de homicidio juvenil se dan ahora en Centroamérica, pero incluso en países como Argentina, donde no existen índices de violencia tan aplastantes como en esas otras áreas latinoamericanas, los datos indican que el porcentaje de víctimas juveniles de homicidio duplica prácticamente al del resto de la población, algo que no sucede en otros continentes, donde el asesinato y el homicidio no están especialmente vinculados a los menores de 24 años.

"Si el panorama regional de homicidios entre la población general es elevado, el tema se vuelve realmente grave cuando se trata de analizar los homicidios juveniles", insiste el autor del mapa de la violencia de la Ritla, Julio Jacobo Waiselfisz.

El estudio llega también a otra conclusión sorprendente: en términos generales, los países en los que la tasa de homicidios es superior a la tasa de suicidios son la excepción y no la regla. En este caso, de los 83 países de todo el mundo analizados, sólo 22 presentan tasas de homicidio superiores a las de suicidio, y de esos 22, nada menos que 12 son países de América Latina; 5, del Caribe, y 1 más, el 18, es Puerto Rico, "con indudable afinidad regional".

En todos ellos, el grado de victimización de los jóvenes es superior al de los adultos. La violencia juvenil, explica Waiselfisz, no siempre está vinculada a la delincuencia. "A veces son formas de colectivización alternativas, propias de la juventud, que no parece encontrar respuesta ni en la familia, ni en la escuela, ni en la propia sociedad para satisfacer sus demandas y necesidades".

Sin embargo, en muchas ocasiones esa "colectivización alternativa" acaba también en la comisión de otros delitos. La única solución que parecen plantearse las sociedades latinoamericanas (como las europeas) es bajar la edad de la responsabilidad penal y llenar las cárceles de adolescentes. En Buenos Aires, una ciudad tradicionalmente poco violenta, pero que se siente ahora abrumada por una creciente sensación de inseguridad, se abren todos los días 81 nuevas causas en las que están implicados niños y adolescentes: más de seis mil menores están ya acusados de delitos.

Carmen Argibay, encargada en la Corte Suprema argentina de los asuntos de la infancia, provocó recientemente una fuerte polémica al enfrentarse con los políticos que demandan de los jueces "más mano dura" y situar la responsabilidad penal por debajo de los 16 años que fija ahora la ley.

Argibay
apoyó un fallo de la Corte que no permitió la salida de un grupo de chicos de entre 14 y 16 años internados en un instituto de menores de Buenos Aires. "Habría que rehacer esos institutos, mejorarlos, pero la cuestión es que esos muchachos se convierten en blancos móviles en cuanto salen a la calle", protestó. Según el diario Clarín, 400.000 menores de la provincia de Buenos Aires no estudian ni trabajan. Cerca de 150.000 niños del conurbano porteño no disponen siquiera de documentos de identidad, según una ONG especializada en el tema. Y Argentina no es, ni mucho menos, el país latinoamericano con mayores índices de desigualdad, violencia o pobreza.

Buena parte de Centroamérica, Colombia, Brasil y México duplican y cuadruplican esos índices de desarraigo y violencia juvenil.

La violencia y los delitos con patrón masculino crecen en las adolescentes

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Ellos son más violentos, pero ellas les ganan en pequeños hurtos  |  Ahora se hacen más visibles unas conductas que ya existían años atras.

Cada vez suman más en las estadísticas, aunque en números globales siguen siendo minoría. Los actos violentos protagonizados por chicas adolescentes han aumentado en los últimos años y su estilo de vida se equipara ya -en algunos comportamientos propios de la cultura juvenil- a las conductas de los chicos. Fuman tanto o más cannabis que ellos, beben lo mismo y, en el ámbito delictivo, incluso superan a los varones en la comisión de pequeños hurtos.



Aunque la cara más extrema de la violencia sigue siendo cosa de chicos. ¿Son ahora las chicas más violentas que haceuna década? ¿Delinquen más que antes?

Si el análisis se basa sólo en lo recogido en las estadísticas la conclusión es que sí. En Catalunya, los centros de Justicia Juvenil atendieron en el primer semestre de 2008 a un total de 5.258 menores. Eso supone un descenso de casos del 7,55%, respecto al mismo periodo del 2007. Pero ese decrecimiento no se ha registrado en los ingresos en centros de internamiento, a los que llegan los casos más graves. Y es ahí donde más ha crecido el número de chicas.

Entre el año 2000 y el 2008 se ha doblado (del 5,19% al 10,38%) el número de chicas adolescentes ingresadas en esos centros. Más de la mitad de esos menores (la media de edad es de 17 años) cometieron delitos contra la propiedad. Son cifras muy similares a las de hace ocho años. Pero hay otro indicador que revela un aumento de violencia en las conductas de esos adolescentes, del que no se salvan las chicas. Los delitos de lesiones registran un espectacular aumento. En el 2000 suponían el 14,22% y ahora, casi el 23%.

Cristina Rechea, catedrática de Psicología y directora del Centro de Investigación en Criminología de Castilla-La Mancha, otorga validez a estas estadísticas -el aumento de causas judiciales contra chicas se repite a nivel nacional-, pero aporta una visión nueva a este fenómeno, del que tampoco escapa el resto de Europa.

El centro que dirige Rechea destaca por ser el único en España que investiga con datos globales la evolución de la adolescente femenina en la delincuencia. Sus estudios han contado con el apoyo del Consejo General del Poder Judicial y en las encuestas realizadas en la última década a menores y jóvenes -revela- "no detectamos un cambio en el comportamiento de las chicas tan acusado como el que algunos predican tras una lectura rápida de las encuestas".

"Nuestros estudios revelan que las chicas pegan casi igual que lo hacían años atrás", afirma Raquel Bartolomé, psicóloga de este centro de criminología. Ahora esa violencia se ha hecho, sin embargo, mucho más visible. Y eso se debería, añade esta investigadora, "a la judicialización de esos casos, que años atrás se solucionaban por otras vías, como puede ser la terapéutica".

El trabajo realizado por este centro de Castilla-La Mancha sí que ha puesto al descubierto nuevas conductas entre las chicas, propias del sexo opuesto. "En aspectos concretos, como puede ser el consumo de cannabis o la ingesta de alcohol, apenas hay ya diferencias entre sexos", afirma Esther Fernández, otra de las psicólogas que han participado en estos estudios. Esa equiparación de roles se achaca, más que a una imitación de los patrones masculinos, a la inclusión de las chicas al estilo de vida juvenil, regido por conductas más propias del varón que del sexo femenino.

En la comparación por delitos, los chicos ganan por goleada en conductas de violencia extrema. Las chicas, por el contrario, superan al otro sexo en pequeños hurtos cometidos en tiendas. Dentro de ese mundo juvenil, lo que han hecho las chicas "es adaptarse a lo que hay", añade Raquel Bartolomé. El hecho, por ejemplo, de que una banda de chicas grave una paliza a otra con un teléfono móvil "habría que entenderlo como una consecuencia de la nueva realidad o medios de los que disponen ahora los adolescentes", precisan estas psicólogas.

Estas tres expertas en criminología ven como algo imposible que algún día chicas y chicos o mujeres y hombres alcancen niveles idénticos en las estadísticas por actos delictivos o violentos. El sexo femenino sigue siendo, en ese mundo, una minoría.

La percepción entre otros profesionales con experiencia en el tratamiento de menores es que las chicas que hoy acaban inmersas en un mundo de violencia y delitos suelen mostrar una insensibilidad mayor que la de los chicos. "Y también -afirma Javier Urra, psicólogo de la fiscalía de Menores de Madrid- suelen mostrarse más distantes y duras emocionalmente que los varones. Y eso complica el tratamiento".

Las agresiones en el seno de la familia son otro indicador del nuevo papel asumido por la chica violenta. Hace muy pocos años apenas se daban casos de madres o padres agredidos por una hija. En la actualidad, indica Javier Urra, tres de cada diez agresiones de este tipo las protagonizan las adolescentes.

Extraído de http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20090121/53623487422/la-violencia-y-los-delitos-con-patron-masculino-crecen-entre-las-adolescentes.html

1966 Indira Gandhi era de las primeras mujeres de estado en el planeta. 2009 India selecciona fetos y aborta a las femias.


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En 2009 por cada 1000 niños en India, hay 450 niñas en muchas zonas.
Estamos ante una grave situación donde Estado y sociedad son complices de millones de abortos de niñas.

Las mujeres en la India no sólo se enfrentan a la violencia y la discriminación laboral, social y política, sino que son rechazadas antes de nacer, lo que hace que en este país haya 32 millones de féminas menos que de hombres.

En un Estado que dio al mundo hace 40 años a una de las primeras jefas de Gobierno de la historia, las mujeres continúan siendo ciudadanas de segundo orden y el "feticidio femenino" diezma el género femenino en el país.

Según las organizaciones defensoras de la mujer, el desarrollo económico no ha ido acompañado de una mejora significativa de la situación de la mujer ni ha logrado acabar con el aborto selectivo de fetos hembra, que afecta a unos 500.000 bebés al año pese a estar prohibida la determinación del sexo antes del nacimiento.

"El feticidio femenino está aumentando en el país porque se ha convertido en crimen organizado", dijo hoy Puneet Bedi, activista de los derechos de la mujer y ginecólogo.

En la India el número de niñas menores de seis años por cada mil niños es de 933, pero en algunos estados esa cifra es mucho menor, como en el pequeño territorio de Daman y Diu, donde sólo hay 710 niñas por cada millar de niños, lo que ha hecho que el Gobierno empiece a considerar el problema como "alarmante".

El caso de Delhi deja patente la tendencia negativa de este porcentaje, que en 1991 era de 915 niñas por cada 1.000 niños y descendió hasta las 865 en 2001 (cuando se elaboró el último censo oficial), lo que ha obligado a las autoridades a incrementar la vigilancia de las clínicas que practican abortos y hacen ecografías.

Se trata de un problema cultural que no registra ninguna mejora con el mayor desarrollo del país pues diversos estudios han indicado que, a mayor nivel educativo, más probabilidades hay de que una mujer aborte al saber que está embarazada de una niña.

El problema, según Bedi, es que las familias ven en los hijos un medio para aumentar su riqueza, mientras las hijas suponen un gasto adicional pues al casarse han de aportar una cuantiosa dote.

También influyen a la hora de preferir un hijo las leyes que favorecen la herencia por parte de los varones y el hecho de que éstos aporten más al trabajo en el campo, en un país donde cerca del 70 por ciento de la población vive de la agricultura.

Pero, además, hay una gran tolerancia social hacia el rechazo de las hijas.

"Abortar un feto hembra es una práctica aceptada por la sociedad", explica Bedi, que cita estudios que indican que, a mayor nivel económico y social, esta práctica aumenta.

Entre las zonas más afectadas del país se encuentran pueblos del estado occidental del Punjab, fronterizo con Pakistán, donde el número de niñas es la mitad que el de niños, como en Dhanduha, donde en el último año sólo han nacido tres niñas frente a doce niños.

En Nai Majara, otro pueblo del Punjab, un estudio llevado a cabo en febrero mostró que sólo había 437 niñas por mil niños menores de un año, mientras en la cercana Gobindpura únicamente había 416.

Brinda Karat, del Partido Comunista de la India (Marxista), afirma que "estamos viendo un completo fracaso por parte del gobierno para criminalizar el aborto femenino. Aunque existe una ley, no se hace cumplir".

Pero es muy difícil desmontar las estructuras sociales que están detrás de estas prácticas.

"Tengo dos hijas y mi suegra me amenaza con buscar otra mujer para su hijo si no le doy un niño", dijo a los periodistas Kulwinder Kaur, ama de casa, que el año pasado se sometió a un aborto para no dar a luz a otra niña.

"Ya tengo una niña y no puedo permitirme tener otra. Es muy difícil casarlas porque los hombres exigen dotes muy altas", declara Siram, profesora universitaria, que ha "pasado ya por cinco abortos porque todos eran hembra y ahora no se si podré volver a concebir".

Fuente: Ana Cárdenes

http://www.mujer.com/familia/el-feticidio-femenino-diezma-poblacion-mujeres-en-india.asp

Violencia sexual entre menores ¿en qué nos estamos equivocando?


Los recientes casos de violaciones a niñas por parte de otros menores han conmocionado a la sociedad. Muchos son los que, en voz alta, se preguntan ¿qué está pasando? ¿en qué valores estamos educando a nuestros hijos? ¿debería reformarse la ley del menor? Los expertos insisten en la necesidad de educar en valores.

Las noticias en las que menores vuelven a ser protagonistas de violencia y abusos sexuales contra otros menores han vuelto a hacer saltar las alarmas y desde algunos sectores se exige la reforma urgente de la Ley del Menor. Para otros, sin embargo, endurecer las leyes no es la solución, lo importante es educar mejor a los niños en el ámbito familiar y en la escuela.

En declaraciones a cope.es el psicólogo Bernabé Tierno, cuyo último libro “Poderosa mente” figura ya entre los más vendidos de este país, asegura que casos de violaciones como los de Isla Cristina y Baena son el resultado y un claro ejemplo de la falta de valores en las que se está educando a los niños.

Según Bernabé Tierno, "cuando se lanzan campañas como el 'Póntelo, pónselo' sobre el uso de preservativos como única forma de eduación sexual algo va mal, cuando sabemos que lo que hay que hacer es educar para el amor y el respeto pues el amor y la sexualidad son comunicación y antes que nada el respeto al otro es determinante". Nos faltan estos valores -asegura- y "lo que estamos viviendo ahora tiene que ver mucho con esa falta de educacion en valores que tenemos en nuestro país".

Otros, sin embargo, insisten en la necesidad de reformar la Ley del Menor. Una norma que no castiga de manera suficiente estos delitos cuando son protagonizados por menores de edad. En el caso de Isla Cristina, por ejemplo, entre los preguntos agresores se encuentran dos menores de 13 años que, después de declarar ante agentes de la guardia civil salieron libres al no tener la edad mínima para ser imputados.

Para Bernabé Tierno uno de los problemas es que se hacen las cosas según lo que dice el político de turno sin contar con la opinión de los expertos. Decisiones que en muchas ocasiones responden más a los intereses selectorales.

El psicólogo Bernabé Tierno, tampoco comparte la opinión del Defensor del Pueblo y de Menor en Andalucía, José Chamizo, pra quien estos casos muestran que "la violencia de género está bajando la edad". Según Tierno, por encima de todo está el respeto al ser humano, debemos humanizarnos y dejar de poner etiquetas.


Equipo de Investigación.
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