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Se creará un turno de investigadores de oficio para clientes sin recursos.
Existen determinados trabajos que no puede hacer un policía. Ciertas indagaciones encargadas por un marido celoso, un empresario suspicaz, una agencia de seguros que no desea ser estafada. Incluso la propia Administración necesita de vez en cuando garantizar las condiciones de una pensión, o un juzgado seguir las huellas de un indeseable. Aunque evoquen el mundo ficticio de la novela negra, la sociedad real siempre requerirá de los servicios de un buen sabueso, experto recolector de pruebas judiciales.
No todos pueden pagar su precio, que oscila normalmente entre los 20 y los 70 euros por hora. Pero la entidad que los agrupa —la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, (Apdpe)— cree que todos tienen derecho a sus servicios, y ha dirigido al Gobierno madrileño una propuesta que por ahora sigue apilada en las gavetas de la Asamblea: crear un cuerpo de detectives de oficio. Se ofrecerán gratis a personas sin recursos. El procedimiento, el mismo que con los abogados de oficio.
A la espera de un dictamen
Julio Gutiez, presidente de la Apdpe, explica que el tipo de casos que llevará el turno de oficio: “Un 45% pertenece al ámbito laboral (bajas fingidas, competencia desleal, incapacidades, etc.); otro 45%, al ámbito económico y empresarial (fraudes, investigaciones de bienes, patentes y marcas, piratería, etc.); y un 10%, al ámbito familiar (comprobaciones de órdenes de alejamiento, control de menores, etc.)”. La idea ha sido bien acogida tanto por el Gobierno regional como por el Ministerio del Interior, pues la profesión depende administrativamente de la Unidad Central de Seguridad Privada de Policía (Ucsp). “La Secretaría de Estado de Seguridad está muy interesada en el proyecto”, asegura Gutiez. Será este órgano el encargado de coordinar, a través de la Ucsp, diferentes instituciones de Interior (por ejemplo, la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección) con la Apdpe y las organizaciones contra la violencia de género, para así adecuar las actuaciones al marco legal vigente. “Estamos a la espera de un dictamen jurídico favorable de la Comisaría General”, explica Gutiez. Falta aprobar el anteproyecto de ley para la creación del colegio profesional de detectives de Madrid (lo hay en Valencia, en Galicia, en Murcia y en Cataluña), condición sine qua non para la puesta en marcha del turno de oficio en la región. En octubre podría estar operativo.
No apto para novatos
La asociación está coordinando con Interior la elaboración de un protocolo de acción, mientras organiza el turno de oficio. Un centenar de detectives se ha ofrecido ya a integrarlo. Gutiez augura un éxito seguro al servicio. Salen ganando los clientes sin recursos; la Administración, que podrá garantizar sus prestaciones; y el gremio, que se beneficia de la nueva demanda y también del prestigioso paraguas del Estado, en una profesión demasiado manchada por el intrusismo. Pero hay detectives de a pie que no creen que todo sean ventajas. José Luis Matellanes, investigador madrileño con número de licencia 623, acredita una veintena de años “pateando las calles”, como él dice. Conoce los entresijos de la profesión y ha tenido que lidiar con sujetos de baja estofa. La llamada de LA GACETA le pilla al volante, persiguiendo a su último objetivo, un pez gordo de la zona levantina.
“En casos de maltrato, hay que vérselas con gente realmente peligrosa”, explica Matellanes. “El turno de oficio lo acabarán integrando detectives noveles, que no están preparados para manejar casos de riesgo. Hay víctimas de maltrato con policías asignados, y aun así las matan. A un macarra le da igual una placa”. Matellanes cree que el nuevo servicio es un “paripé”, y que la nómina de un detective de oficio será muy baja, mientras las agencias se llevan el beneficio. Gutiez fija el sueldo base en los 1.500 euros mensuales. Y niega que vayan a apuntarse sólo novatos necesitados de clientela: “Se formará una comisión selectiva. Un cuerpo de élite. Nada de que accedan candidatos con dos meses de experiencia”, sostiene.
Existen determinados trabajos que no puede hacer un policía. Ciertas indagaciones encargadas por un marido celoso, un empresario suspicaz, una agencia de seguros que no desea ser estafada. Incluso la propia Administración necesita de vez en cuando garantizar las condiciones de una pensión, o un juzgado seguir las huellas de un indeseable. Aunque evoquen el mundo ficticio de la novela negra, la sociedad real siempre requerirá de los servicios de un buen sabueso, experto recolector de pruebas judiciales.
No todos pueden pagar su precio, que oscila normalmente entre los 20 y los 70 euros por hora. Pero la entidad que los agrupa —la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, (Apdpe)— cree que todos tienen derecho a sus servicios, y ha dirigido al Gobierno madrileño una propuesta que por ahora sigue apilada en las gavetas de la Asamblea: crear un cuerpo de detectives de oficio. Se ofrecerán gratis a personas sin recursos. El procedimiento, el mismo que con los abogados de oficio.
A la espera de un dictamen
Julio Gutiez, presidente de la Apdpe, explica que el tipo de casos que llevará el turno de oficio: “Un 45% pertenece al ámbito laboral (bajas fingidas, competencia desleal, incapacidades, etc.); otro 45%, al ámbito económico y empresarial (fraudes, investigaciones de bienes, patentes y marcas, piratería, etc.); y un 10%, al ámbito familiar (comprobaciones de órdenes de alejamiento, control de menores, etc.)”. La idea ha sido bien acogida tanto por el Gobierno regional como por el Ministerio del Interior, pues la profesión depende administrativamente de la Unidad Central de Seguridad Privada de Policía (Ucsp). “La Secretaría de Estado de Seguridad está muy interesada en el proyecto”, asegura Gutiez. Será este órgano el encargado de coordinar, a través de la Ucsp, diferentes instituciones de Interior (por ejemplo, la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección) con la Apdpe y las organizaciones contra la violencia de género, para así adecuar las actuaciones al marco legal vigente. “Estamos a la espera de un dictamen jurídico favorable de la Comisaría General”, explica Gutiez. Falta aprobar el anteproyecto de ley para la creación del colegio profesional de detectives de Madrid (lo hay en Valencia, en Galicia, en Murcia y en Cataluña), condición sine qua non para la puesta en marcha del turno de oficio en la región. En octubre podría estar operativo.
No apto para novatos
La asociación está coordinando con Interior la elaboración de un protocolo de acción, mientras organiza el turno de oficio. Un centenar de detectives se ha ofrecido ya a integrarlo. Gutiez augura un éxito seguro al servicio. Salen ganando los clientes sin recursos; la Administración, que podrá garantizar sus prestaciones; y el gremio, que se beneficia de la nueva demanda y también del prestigioso paraguas del Estado, en una profesión demasiado manchada por el intrusismo. Pero hay detectives de a pie que no creen que todo sean ventajas. José Luis Matellanes, investigador madrileño con número de licencia 623, acredita una veintena de años “pateando las calles”, como él dice. Conoce los entresijos de la profesión y ha tenido que lidiar con sujetos de baja estofa. La llamada de LA GACETA le pilla al volante, persiguiendo a su último objetivo, un pez gordo de la zona levantina.
“En casos de maltrato, hay que vérselas con gente realmente peligrosa”, explica Matellanes. “El turno de oficio lo acabarán integrando detectives noveles, que no están preparados para manejar casos de riesgo. Hay víctimas de maltrato con policías asignados, y aun así las matan. A un macarra le da igual una placa”. Matellanes cree que el nuevo servicio es un “paripé”, y que la nómina de un detective de oficio será muy baja, mientras las agencias se llevan el beneficio. Gutiez fija el sueldo base en los 1.500 euros mensuales. Y niega que vayan a apuntarse sólo novatos necesitados de clientela: “Se formará una comisión selectiva. Un cuerpo de élite. Nada de que accedan candidatos con dos meses de experiencia”, sostiene.
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