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Las agresiones sexuales, tanto a adultos como a menores, invaden periódicamente las portadas de los periódicos y podríamos decir que su amenaza forma parte de nuestro imaginario: una mirada sospechosa en un vagón de metro en plena noche que nos provoca escalofríos, o incluso esas advertencias de las madres de antaño para que no aceptáramos caramelos de desconocidos, son experiencias comunes motivadas por la presencia real y cercana de este tipo de delitos (que llegan a la máxima visibilidad con casos sonados como el de Mari Luz Cortés).
El sentimiento de debilidad de la mujer y del menor ante la amenaza de la agresión sexual arraiga en su propia cotidianidad: muchos de estos delitos se producen en el ámbito doméstico, perpetrados por familiares, y según Javier Urra -Fiscal de Menores de la Comunidad de Madrid- el 20% de las mujeres españolas sufre abusos sexuales.
En la actualidad, las cárceles españolas albergan a 3.500 agresores sexuales, y la tasa de reincidencia es del 42%. El caso de Marcelino Fernández Arnaiz], pues, es lamentablemente común: individuos a los que podríamos llamar disfuncionales entran y salen de prisión a lo largo de veinte años, provocando en la opinión pública la sensación de que se trata de un mal endémico ante el cual sólo caben el endurecimiento de las penas e incluso la castración química.
AGRESIONES SEXUALES: preguntas clave y soluciones para un mal endémico.
La tesis de que el sistema judicial no es todo lo efectivo y duro que debería ser es habitual, y con el caso Mari Luz, provocado de nuevo por un pederasta reincidente (recordemos que el agresor, Santiago del Valle, ya había abusado de su hija en 1998 y estaba en libertad por culpa de una negligencia judicial), se reabrió con fuerza el debate.
Alfredo Prada, consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, apostó incluso por un nuevo modelo de Poder Judicial definiendo como "objetivamente necesario" el endurecimiento de las penas: "No hay una adaptación a lo que la sociedad está demandando, que es un incremento de penas en casos como los supuestos de violaciones, de acosos sexuales o en el supuesto de la pederastia". Lo que la sociedad demanda es, ante todo, un método eficaz para afrontar estas agresiones, y es importante que sean también los expertos quienes analicen el mejor sistema para encarar dicha problemática.
La castración química vendría de la mano de esta propuesta de endurecimiento de las penas, en el sentido de que ambas descartan como prioridad la reinserción y el tratamiento psicológico del agresor y buscan la efectividad primordialmente, justificada por la gravedad de los delitos. Sin embargo, ambas medidas presentan sus problemas.
De hecho, Sarkozy planteó públicamente la castración química hace justo un año motivado, entre otras cosas, por la saturación carcelaria (que el endurecimiento de las penas sin duda podría incentivar): las prisiones están masificadas y el 22 por ciento de los reclusos franceses están condenados por delitos sexuales, de los cuales el 75 por ciento son de pederastia.
En España no llegamos a este extremo (aquí no denunciamos tanto estos delitos: por cada denuncia realizada contra un violador, se estima que éste ha realizado ocho agresiones), pero los ecos de Francia generaron debate. La castración química -aprobada en los Estados Unidos (concretamente en California) por primera vez en 1996- fue diseñada originariamente para el tratamiento médico del cáncer de próstata avanzado, y no está claro que sea efectivo en el caso de la agresión sexual: puede que se reduzca el apetito sexual del delincuente, pero no se reduce la actitud violenta. Y la violencia es el ingrediente principal que convierte al agresor en un peligro. Además, según José María Mena, ex fiscal jefe de Cataluña, "la intervención corporal como pena es rigurosamente inaceptable en el sistema español" por ser incompatible con la Constitución. El artículo 15 garantiza la integridad física y moral de los ciudadanos, sean o no sean agresores.
Es comprensible que ante casos de agresiones provocadas por reincidentes, y más si son brutales y realizadas contra menores, cobre fuerza la sensación de que el sistema judicial es demasiado "blando". Pero una medida tan contundente como la castración no puede ser admitida si encima no está claramente probada su eficacia. Asimismo, hay que tener muy presente que uno de los cometidos del sistema penal es la "reeducación y reinserción social" (especificado de nuevo en la Constitución, artículo 25.2).
La reinserción es, al menos en abstracto, la mejor de las salidas posibles, y aunque su difícil materialización haga imprescindible la aplicación rápida y eficaz de las penas, debe ser el objetivo que rija en esta problemática por mucho que el impulso inicial sea el de castigar y encerrar al agresor.
La pederastia -aunque a veces se frivolice hablando de ella como de una cuestión cultural- es una patología y como tal debe ser tratada. El trabajo conjunto de las leyes y de los psicólogos es, por el momento, el principal recurso del que disponemos para afrontar este problema. Al cual hay que añadir, por supuesto, una educación sexual reforzada y una mayor concienciación social para que los delitos sexuales sean denunciados por el entorno del agredido, que muchas veces calla.
Extraído de http://www.marie-claire.es/planeta-m.c./agresiones-sexuales-preguntas-clave-y-soluciones-para-un-mal-endemico.html
El sentimiento de debilidad de la mujer y del menor ante la amenaza de la agresión sexual arraiga en su propia cotidianidad: muchos de estos delitos se producen en el ámbito doméstico, perpetrados por familiares, y según Javier Urra -Fiscal de Menores de la Comunidad de Madrid- el 20% de las mujeres españolas sufre abusos sexuales.
En la actualidad, las cárceles españolas albergan a 3.500 agresores sexuales, y la tasa de reincidencia es del 42%. El caso de Marcelino Fernández Arnaiz], pues, es lamentablemente común: individuos a los que podríamos llamar disfuncionales entran y salen de prisión a lo largo de veinte años, provocando en la opinión pública la sensación de que se trata de un mal endémico ante el cual sólo caben el endurecimiento de las penas e incluso la castración química.
AGRESIONES SEXUALES: preguntas clave y soluciones para un mal endémico.
La tesis de que el sistema judicial no es todo lo efectivo y duro que debería ser es habitual, y con el caso Mari Luz, provocado de nuevo por un pederasta reincidente (recordemos que el agresor, Santiago del Valle, ya había abusado de su hija en 1998 y estaba en libertad por culpa de una negligencia judicial), se reabrió con fuerza el debate.
Alfredo Prada, consejero de justicia de la Comunidad de Madrid, apostó incluso por un nuevo modelo de Poder Judicial definiendo como "objetivamente necesario" el endurecimiento de las penas: "No hay una adaptación a lo que la sociedad está demandando, que es un incremento de penas en casos como los supuestos de violaciones, de acosos sexuales o en el supuesto de la pederastia". Lo que la sociedad demanda es, ante todo, un método eficaz para afrontar estas agresiones, y es importante que sean también los expertos quienes analicen el mejor sistema para encarar dicha problemática.
La castración química vendría de la mano de esta propuesta de endurecimiento de las penas, en el sentido de que ambas descartan como prioridad la reinserción y el tratamiento psicológico del agresor y buscan la efectividad primordialmente, justificada por la gravedad de los delitos. Sin embargo, ambas medidas presentan sus problemas.
De hecho, Sarkozy planteó públicamente la castración química hace justo un año motivado, entre otras cosas, por la saturación carcelaria (que el endurecimiento de las penas sin duda podría incentivar): las prisiones están masificadas y el 22 por ciento de los reclusos franceses están condenados por delitos sexuales, de los cuales el 75 por ciento son de pederastia.
En España no llegamos a este extremo (aquí no denunciamos tanto estos delitos: por cada denuncia realizada contra un violador, se estima que éste ha realizado ocho agresiones), pero los ecos de Francia generaron debate. La castración química -aprobada en los Estados Unidos (concretamente en California) por primera vez en 1996- fue diseñada originariamente para el tratamiento médico del cáncer de próstata avanzado, y no está claro que sea efectivo en el caso de la agresión sexual: puede que se reduzca el apetito sexual del delincuente, pero no se reduce la actitud violenta. Y la violencia es el ingrediente principal que convierte al agresor en un peligro. Además, según José María Mena, ex fiscal jefe de Cataluña, "la intervención corporal como pena es rigurosamente inaceptable en el sistema español" por ser incompatible con la Constitución. El artículo 15 garantiza la integridad física y moral de los ciudadanos, sean o no sean agresores.
Es comprensible que ante casos de agresiones provocadas por reincidentes, y más si son brutales y realizadas contra menores, cobre fuerza la sensación de que el sistema judicial es demasiado "blando". Pero una medida tan contundente como la castración no puede ser admitida si encima no está claramente probada su eficacia. Asimismo, hay que tener muy presente que uno de los cometidos del sistema penal es la "reeducación y reinserción social" (especificado de nuevo en la Constitución, artículo 25.2).
La reinserción es, al menos en abstracto, la mejor de las salidas posibles, y aunque su difícil materialización haga imprescindible la aplicación rápida y eficaz de las penas, debe ser el objetivo que rija en esta problemática por mucho que el impulso inicial sea el de castigar y encerrar al agresor.
La pederastia -aunque a veces se frivolice hablando de ella como de una cuestión cultural- es una patología y como tal debe ser tratada. El trabajo conjunto de las leyes y de los psicólogos es, por el momento, el principal recurso del que disponemos para afrontar este problema. Al cual hay que añadir, por supuesto, una educación sexual reforzada y una mayor concienciación social para que los delitos sexuales sean denunciados por el entorno del agredido, que muchas veces calla.
Extraído de http://www.marie-claire.es/planeta-m.c./agresiones-sexuales-preguntas-clave-y-soluciones-para-un-mal-endemico.html
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