Después de que el pasado día 15 de mayo, un alumno de 13 años apuñalara en el transcurso de una clase a un profesor en un colegio de Toulouse, el gobierno francés se ha decidido a aplicar mano dura para erradicar el clima de inseguridad que reina en algunos centros docentes. De momento, el ministro de Educación galo ha propuesto la creación de una brigada especial integrada por agentes que estarían facultados para efectuar registros en el interior de las escuelas y cuyo cometido sería prevenir los actos de violencia escolar.
Además, Xavier Darcos ha planteado la posibilidad de sancionar a los padres que hagan dejación de sus funciones y deberes educativos con sus hijos. Estas medidas, de momento, se han topado con la oposición de los sindicatos de profesores, aunque parecen contar con el beneplácito del presidente francés.
De hecho, fue Nicolas Sarkozy quien solicitó al ministro la adopción de medidas contundentes para mejorar la convivencia pacífica en los centros docentes, alterada por una serie de desagradables episodios que se han sucedido en los últimos tiempos en el país vecino.
En respuesta a su demanda, Darcos aboga por otorgar al personal que trabaja en los colegios e institutos franceses la ‘potestad’ de registrar a los estudiantes de los que se sospeche que puedan introducir armas en las aulas. O dicho de otra forma: se trataría de otorgar a los directores, a sus adjuntos y a los asesores educativos un estatus parecido al de oficial de policía judicial. En la práctica, los docentes galos pueden pedir a los alumnos que vacíen el contenido de sus carteras, pero no les está permitido cachearlos. Para ésa o cualquier otro tipo de intervención, el profesorado debe llamar a la Policía.
Por otra parte, Darcos propone crear una fuerza móvil de agentes escolares que puedan intervenir en misiones de prevención y control de posibles delitos, lo que vendría a ser una suerte de patrulla de vigilantes investidos de autoridad pública. Sus componentes serían personas formadas, que hayan prestado juramento y estén bajo la autoridad de un rector, que puedan acudir rápidamente a las escuelas para comprobar si se está cometiendo algún acto ilegal, confiscar armas y proceder, en caso necesario, a realizar los registros pertinentes. Además, estarían capacitados para desarrollar actuaciones preventivas contra el consumo y el tráfico de drogas, y en materia de seguridad vial. Eso sí, en ningún caso se trataría de policías, sino de agentes internos adscritos a Educación.
Asimismo, el titular del ramo cree conveniente implicar más a los padres y madres en el proceso de enseñanza de los menores, para lo cual está barajando el establecimiento de sanciones que habrían de aplicársele a los progenitores que hagan dejación de sus funciones y deberes educativos para con sus hijos.
Además de la oposición mostrada por los sindicatos de profesores, esta batería de medidas se ha topado con las críticas del Partido Socialista. “El problema no es tanto tener una brigada especial o pedir a los profesores que registren las carteras de los chicos, el problema es tener vigilantes”, manifestó el diputado Jean-Christophe Cambaledis. Mientras tanto, la portavoz de Lucha Obrera, Nathalie Arthaud se pregunta: “¿Qué nos quiere hacer creer que bastará con que los profesores lleven un uniforme de policía para que no haya más violencia?”.
Equipo de Investigación.
Área Violencia Doméstica y Maltrato.
Instituto Europeo Campus Stellae.
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