Malos tratos: aún mucho por hacer

Canarias encabeza las listas nacionales de mujeres víctimas de malos tratos, es en donde más se denuncian y en donde más beneficiarias de teleasistencia por móvil hay como consecuencia de las órdenes de protección. Sin embargo, el periódico El Día, sentando en la mesa de debate a seis personas expertas en la cuestión, ha querido averiguar si este panorama es consecuencia del avance social que se ha venido experimentando y que hace que las mujeres se sientan más seguras y apoyadas para denunciar lo que les sucede o es porque en el Archipiélago la violencia sobre la mujer tiene una incidencia más alta que en el resto del territorio nacional.

La cuestión parece que tiene un serio anclaje en épocas no demasiado lejanas en las que la dominación del hombre era indiscutible. "Durante muchos años, concretamente hasta la Constitución, ésta era una cuestión que no se podía ni siquiera hacer pública, porque a la mujer se la formaba en el matrimonio y en la dependencia del hombre y se callaba. Con la llegada de la democracia llegó otra cultura basada en la igualdad de derechos y la dignidad y todo empezó a cambiar; muestra de ello es que todos los gobiernos que ha habido, independientemente de su signo político, han participado en la lucha contra la violencia doméstica", explicó la presidenta de la Asociación Canaria de Mujeres Juristas, María Dolores Pelayo.

En este sentido, la ex senadora del Partido Popular y actual primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Eva Navarro, apostilló: "Creo que ha habido cierto consenso en estas cuestiones porque es el problema más grave que actualmente afecta a las mujeres. El año pasado murieron 70 mujeres, 5 de ellas canarias, y eso demuestra que la legislación está siendo ineficaz, porque cada mujer debería tener unos recursos personalizados, a su alcance, que la atiendan y protejan, pero si no se da una financiación para ello no se conseguirá".

Un punto de vista bastante diferente fue el que dio a conocer el Guardia Civil de la Unidad de Seguimiento de Violencia de Género Roger Arroyo, que insistió en la idea de que "se ha avanzado mucho. Nosotros hemos dado un paso de gigante, sobre todo en temas de sensibilización. Aún así es complicado porque, ¿cómo se sensibiliza a un hombre de 60 años? Lo que se está haciendo desde el Cuerpo al que pertenezco es colocar en estos puestos a quien sabe ponerse en la piel de otra persona y conectar con las víctimas, porque hasta ahora muchas mujeres salían de casa dispuestas a denunciar y se daban media vuelta inmediatamente porque no tenían ni a dónde ir ni a quién acudir. Ahora todo eso ha cambiado. Sin embargo, hay muchas carencias debido a la escasez de medios. Yo mismo atiendo a 86 víctimas".

Desde un punto de vista más político, la representante del Partido Socialista, Marián Franquet, señaló: "No vamos a negar que los recursos que hay son insuficientes, pero también es cierto que este problema lleva existiendo desde hace miles de años y que, proporcionalmente, llevamos trabajando en él dos días y medio. Yo creo que lo que hace falta es que todas las Administraciones asuman sus responsabilidades, porque, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias no ha dado ni un duro. Aún así creo que las mujeres sienten cada vez más confianza en el sistema y por eso denuncian más, no porque haya ahora más violencia que antes".

La componente de la Comisión Insular de la Mujer de Coalición Canaria Ana Hernández aludió a que "en 2003, el Gobierno de Canarias puso en marcha un Ley y un Programa de Erradicación y Prevención de la Violencia de Género con más dinero de lo que por aquel entonces destinaba el Estado, siendo algo pionero".

Algo que tanto Franquet como Pelayo se apresuraron en desmentir aludiendo a que "no tenía ficha financiera".

Tras un breve debate entre las representantes políticas acerca de si dicha ley existe o existió en algún momento, tomó la palabra la presidenta de la Asociación de Víctimas Beatriz Sanfiel, Isolina Martín, que destinó su primera intervención a recalcar que "se tienen que dar cuenta de que el componente político aquí no importa, porque lo único que se busca es que todos se comprometan porque son conscientes de que hay mucho que hacer y sin buscar protagonismos". Además quiso hacer hincapié en que "hay grandes profesionales trabajando de forma discreta y corriendo muchos riesgos con muy pocos recursos. Lo bueno sería que hubiera unanimidad y que los políticos se dieran cuenta de que hay que destinar más dinero a esto y menos a otras cosas porque la gente se está acostumbrando a ver a mujeres muertas y eso es lo peor que nos puede pasar".

La intervención de Isolina Martín volvió a encauzar el debate hacia lo primordial: las mujeres maltratadas. "Nadie se puede rasgar las vestiduras. Mientras haya una mujer que muera, todos somos responsables", sentenció María Dolores Pelayo. La jurista también aludió a la lentitud que conlleva el proceso legislador. En el tiempo que se tarda en redactar y aprobar una ley y, en una segunda fase, dotarla de medios económicos, "la realidad sobre la que opera la ley se transforma".

En este sentido, todos estuvieron de acuerdo en que con la Ley Integral de Protección a las Víctimas de Violencia Doméstica se había avanzado mucho, pero que aún quedaba por hacer.

El Guardia Civil Roger Arroyo se sorprendió de que no sea "legal" "condenar con una orden de protección a alguien que rompe una orden de protección". Isolina Martín, por su parte, alabó que había percibido "más cambios" de actitud en la Policía y Guardia Civil "que en los juristas" y opinó, desde su experiencia personal, que "no conocían" completamente la nueva legislación.

Recursos específicos.

Por su parte, Ana Hernández aportó que "era más difícil pillar a los juristas para formarse" en violencia doméstica que a otros colectivos, y coincidió con todos los contertulios en que faltan medios, sobre todo los específicos para mujeres con alguna patología mental añadida.

Todas opinaron que los avances en materia de igualdad tenían que ir de la mano de las mujeres y que era necesario que más féminas participaran en política. "Las políticas de mujeres no son de izquierda ni de centro, son de mujeres", subrayó Eva Navarro, para hacer hincapié en la unidad en la lucha por conseguir más recursos. Marián Franquet quiso manifestar su preocupación en que "los recursos dependan de la sensibilidad de los políticos", ya que no todos están igual de concienciados.

"Hay un policía especializado por cada 250 mujeres maltratadas, los juzgados están colapsados", relató, para completar que "no se ha cumplido" con todo a lo que se comprometieron en materia de violencia machista. "Se prometieron 42 juzgados, y de los 120.000 teléfonos para maltratadas sólo se dieron 6.000", relató la primera teniente de alcalde del Puerto de la Cruz. "Se han generado unas expectativas que no se han cumplido", se lamentó.

Marián Franquet manifestó que los nuevos Juzgados de Violencia Doméstica que se crean "se colapsan a los dos días". Reflexionó sobre el hecho de que en Canarias "el número de órdenes de protección es muy bajo", lo que en su opinión y teniendo en cuenta las altas cifras de denuncias, plantea "una situación de riesgo preocupante". Franquet valoró positivamente las acciones políticas que conllevaba "una implicación transversal" y subrayó que era necesaria "la implicación de todos y de todas; si no, esto no va a funcionar".

Isolina Martín señaló también la necesidad de "recursos y más recursos", también en prevención. "Hay mucho machismo entre los jóvenes", opinó. También señaló la importancia de la "educación en la casa", los "movimientos vecinales" y en la escuela. "A los políticos hay que decirles que se gasten más dinero en esto y menos en otras cosas", añadió.

Martín quiso hacer hincapié en que hay muchas denuncias que no es que sean falsas, sino que "no se han podido demostrar", ya que los malos tratos psicológicos son difíciles de demostrar.

Asimismo, rogó a los hombres que censuren públicamente a los maltratadores y se sumen a las movilizaciones en la calle. Un gesto sencillo que puede ayudar a cambiar esta situación.

Marián Franquet quiso concluir: "Estamos orgullosos de lo que se ha hecho, pero en ningún caso satisfechos". Todos los miembros del debate lanzaron un mensaje de esperanza. "De las 10 mujeres que murieron, siete no habían denunciado", recordó Navarro, para quien este dato significa que denunciar es la única forma de salvarse.

"Necesitamos sensibilizarnos", dijo el guardia civil Roger Arroyo, el único hombre en este debate, quien añadió que "las leyes están bien, pero no dejan se ser mejorables en muchos casos" y pidió una mayor agilidad del legislador para poder solucionar esta lacra social.

Existe unanimidad para promover una educación igualitaria para que en las próximas generaciones la violencia doméstica sólo sea un mal recuerdo del pasado.

Extraído de http://www.eldia.es/2008-06-29/sociedad/sociedad6.htm