Hace apenas dos meses los niños bolivianos sorprendieron al mundo pidiendo la paralización de una ley que les impediría seguir trabajando. Después de que sus manifestaciones fueran repelidas de forma violenta por las fuerzas de seguridad en las calles de La Paz, el presidente
Evo Morales accedió a reunirse con ellos y apoyó la retirada del Código de la Niñez y Adolescencia, una norma elaborada con el fin de garantizar su derecho a estudiar, tener acceso a servicios de salud y educación, pero que en su texto inicial prohibía el trabajo a los menores de 14 años.
Desde entonces, el proyecto se debate en una comisión integrada por niños y políticos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La reacción adversa de organismos internacionales ha puesto en aprietos a los parlamentarios, que se enfrentan al reto de lograr conciliar el nuevo código boliviano con los tratados de la
Organización Internacional del Trabajo —que prohíbe el empleo a los menores de 15— y el texto de la
Convención de la ONU sobre Derechos de la Infancia: “El derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
El debate planteado en Bolivia, donde el
Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (UNATsBO) tiene presencia desde 2000, se repite, aunque con matices y distinta intensidad, en toda América Latina. El empleo infantil en la región es una realidad. Alrededor de 12,5 millones de niños, el 8,8% de la población infantil, desempeña algún trabajo, según datos de la OIT. De estos, 9,6 millones realizan labores peligrosas, que son aquellas que se realizan en condiciones peligrosas o insalubres que pueden causar la muerte, una lesión o una enfermedad.
“El último informe global de octubre en la tercera conferencia mundial contra el trabajo infantil habla de 168 millones de niños trabajadores en todo el mundo, el 10,7%. En Asia hay 77,7 millones y la tasa es del 9,3%, en África subsahariana es un 21,4% y en Europa y los países de ingresos medianos altos o altos, la incidencia del trabajo infantil resulta menor. El factor número uno del trabajo infantil es el económico, pero también hay otras causas ligadas a la cultura, donde el empleo forma parte de la organización familiar, como ocurre en los países andinos”, expone
Guillermo Dema, especialista para América Latina y el Caribe en Empleo Juvenil y Trabajo Infantil de la OIT.
“Las cifras de América Latina están por debajo de la tasa global. En los últimos años ha habido un descenso pronunciado en el número de niños trabajadores, pasando de 20 millones en 2000 a 12,5 en el último informe”. Pero los cambios van más allá: “También hemos avanzado en el compromiso y la voluntad política de los países”. En este sentido, en toda América Latina han ratificado los convenios de la OIT 182 —sobre las peores formas de trabajo infantil— y 138 —que establece la edad mínima de admisión al empleo (15 años con algunas excepciones). Todos los Estados menos uno, México, que todavía no ha suscrito el 138 porque para ello es necesario modificar la Constitución nacional, donde se recoge que “queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años”. En la actualidad 3,6 millones de niños trabajan en el país.
Uriel Cabello, oficial de
Save the Children en México, explica que el cambio constitucional genera una polémica: “Todos los niños de 14 quedarían desplazados, no serían reconocidos como trabajadores, lo que los condena a una situación de irregularidad porque no van a dejar de trabajar”. El centro histórico y los barrios nobles de la Ciudad de México se llenan por las tardes de pequeños vendedores ambulantes que recorren las terrazas de los bares en busca de compradores de caramelos, cacahuetes y lápices que cargan en una caja a menudo demasiado grande para ellos.
Aldo Gallegos, coordinador del proyecto de
Save the Children en el centro de la capital mexicana, explica que el comercio informal es una de las actividades principales que mantiene a las familias que llegan de Estados aledaños.
“En el programa atendemos a 1.800 niños. El 60% trabaja en el puesto familiar o están empleados por alguien más en las tiendas. Nuestra labor se centra en la prevención de la violencia en el interior de las familias: identificamos casos de riesgo, los canalizamos con un psicólogo y les damos seguimiento. También realizamos talleres con padres sobre los derechos de los niños”. El trabajo de
Save the Children viene a cubrir el vacío de las instituciones públicas. “El DF no cuenta con personal ni infraestructura para ocuparse de la problemática. Pese a la imagen internacional que tiene la capital en cuanto a desarrollo, vemos que en el corazón de la ciudad, a espaldas del Palacio Nacional, hay situaciones de enorme atraso: en cuartos de 12 metros cuadrados viven hasta 15 personas hacinadas. En estos ambientes se dan actividades de narcomenudeo y prostitución”, explica el responsable.
Para el especialista regional de la OIT,
Guillermo Dema, el debate generado en Bolivia desde diciembre pasado está siendo planteado por “un sector minoritario pero que tiene fuerza porque está organizado”. Desde su punto de vista, la polémica no es nueva. “Forma parte de la historia de la propia humanidad. Basta con mirar lo que pasaba en los países industrializados en el siglo XIX”. La postura de la Organización Internacional del Trabajo es firme al respecto: “La OIT regula el trabajo infantil estableciendo una edad mínima por debajo de la cual no se debe trabajar, con la intención también de proteger a los niños de entre 15 y 18 años. El intentar regular condiciones por debajo de esta edad en nada favorece a los niños, sino que genera un círculo de pobreza y explotación”.
El
Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (MOLACNATS) abarca a 8.000 niños organizados en nueve países de la región. Perú, Paraguay, Colombia y Bolivia fueron las naciones fundadoras, pero en los últimos 10 años se han incorporado Argentina, Chile, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. Para el sindicato infantil, el criterio de la edad no debe ser el que regule el acceso al empleo. “La legislación o la prohibición en función de los años no resuelve el problema, sino que invisibiliza a una gran parte de la población que ya está trabajando”, explica
Ángel González, colaborador del secretariado de MOLACNATS desde 2011.
La cúpula del movimiento, alojada hasta finales de 2014 en Venezuela, está compuesta por cuatro delegados adolescentes trabajadores y un joven, el secretario, que comenzó siendo menor pero ahora ya es adulto. “Ninguna política, inclusive las de erradicación, se puede llevar a cabo sin escuchar a los niños. El Movimiento no hace una defensa del trabajo, sino de los niños trabajadores”.
González considera que en toda Centroamérica hay una fuerte aplicación de las políticas de prohibición. En el caso concreto de Venezuela se registra una de las tasas de trabajo infantil más bajas de la región, aunque con un creciente número de adolescentes, entre 10 y 15 años, que ni estudia ni trabaja, según datos de
Unicef. La noche que
Hugo Chávez fue elegido por primera vez presidente, el 6 de diciembre de 1998, el comandante prometió quitarse el nombre si al año siguiente alguno de ellos seguía de mendigo. No hace falta decir que nunca cumplió su promesa, pero el Gobierno puso mucho empeño en reducir ese indicador lo más posible. Las instituciones venezolanas, sin embargo, no sobresalen por su transparencia y todas están subordinadas en los hechos al Ejecutivo. Por esas razones, en 2011 la
Red por los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes enumeró los asuntos pendientes a
Naciones Unidas antes del
Examen Periódico Universal (EPU) de aquel año: un estudio para evaluar avances y dificultades obtenidas en la garantía de derechos de los niños y adolescentes; y la creación de un sistema estadístico nacional para infantes y adolescentes que permita monitorear los avances obtenidos.
Las estadísticas de Venezuela van en la misma línea que las de Argentina. Un estudio de 2004 decía que el 6,6% de los menores de 16 años trabajaba. En 2012, tras varios años de crecimiento económico, bajó al 2,2%. El ministro de Trabajo de los casi 11 años de Gobiernos kirchneristas,
Carlos Tomada, adjudica la caída a la reducción del paro, la fiscalización contra el trabajo informal y la asignación universal por hijo, por la que los padres desempleados o con empleo en la economía sumergida reciben 57 euros mensuales por cada menor de 18 años a cambio de enviarlos a la escuela y a los controles médicos básicos.
Las estrategias para luchar contra el trabajo infantil son variadas. En Colombia, el Gobierno implementa un plan para la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil como la prostitución, el tráfico de estupefacientes y reclutamiento forzado. Una de las acciones más recientes es el desarrollo de una aplicación para móviles en colaboración con la empresa privada. Esta herramienta, llamada
Aquí estoy, permite que desde cualquier teléfono inteligente se pueda denunciar la presencia de un niño trabajador. Hasta la fecha, ha recibido más de 5.000 alertas. En el país, las últimas cifras oficiales dan cuenta de la existencia de 1,1 millones de niños trabajadores entre los 5 y los 17 años, una tasa del 9,8%. La mayoría desempeña sus labores en hoteles, comercios y restaurantes. Además hay 1,7 millones de menores que realizan oficios en el hogar durante más de 15 horas a la semana, según cifras del
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. ¿Las razones? A la mayoría le gusta trabajar para tener su propio dinero y para aportar económicamente a su familia.
En Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática dice que 1,8 millones de jóvenes de 6 a 17 años trabajan: el 23.4% de los niños. Hay una gran cantidad de menores que trabajan en minería ilegal en varios departamentos del país, y también en transporte de droga (les llaman cargachos, traqueteros o mochileros) pero no figuran en las cifras oficiales. Cada vez hay más menores de edad detenidos por traslado de droga. Para revertir la tendencia, en 2012 el Gobierno aprobó por decreto la Estrategia Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2012-2021.
Eliminar el trabajo infantil es también prioridad para el presidente
Rafael Correa. Ecuador presume de ser el primer país en Latinoamérica que consiguió erradicar el trabajo infantil en basureros, en 2011. Un año más tarde, el Ministerio de Relaciones Laborales y el sector privado, con el apoyo de
Unicef, crearon una red que lleva como lema Un Ecuador libre de trabajo infantil.
Las cifras indican que en Ecuador 359.000 de ellos, el 8,56% de la población infantil, aún trabaja. La cifra se redujo considerablemente desde 2006, cuando el 17% de los niños estaban empleados en Ecuador.
Karin Van Wijk, coordinadora general de la organización
Defensa de los Derechos de los Niños y Niñas Internacional en Costa Rica, explica que el número de niños trabajadores se redujo de 113.000 en 2001 a 47.500 en 2011. “Podemos decir que en 10 años hubo una gran mejoría, pero los expertos lo asumen con cautela, pues subrayan que hay una gran invisibilización”.
En el caso de Chile, según el último informe de la OIT, existen 219.000 niños trabajadores, el 5,8% de la población. En Brasil, más de un millón de niños de 10 a 14 años realiza algún tipo de trabajo. Las acciones para erradicar el empleo infantil y dar alternativas apenas han tenido éxito: en los últimos diez años el Gobierno recortó en menos de un 10% la proporción de niños brasileños que trabajan, que pasó del 6,6% al 6,2% en el conjunto del país.
Para
Guillermo Dema, de la Oficina regional de la OIT, los retos para revertir la situación son varios: luchar contra la inequidad social y la desigualdad, una mayor inversión en educación de calidad y el desarrollo de políticas sociales inclusivas. “No olvidemos que la pobreza es una de las causas del trabajo infantil, pero también una de sus consecuencias: perpetúa el círculo. Los niños trabajadores de hoy serán los pobres del futuro”.
Con información de Mabel Azcui, Alfredo Meza, Rocío Montes, Álvaro Murillo, Jacqueline Fowks, Elizabeth Reyes, Soraya Constante y Alejandro Rebossio
Fuente:
El País.
