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- Existe entre las diferentes asociaciones de activistas españolas una división clara y casi insalvable respecto a la regulación o abolición de esta práctica
ARANTZA DE CASTRO Madrid 23/12/2013 07:24 Actualizado: 23/12/2013 07:24
Hace unas semanas, diversas asociaciones feministas se reunieron en Madrid para debatir un Pacto en Defensa de las Mujeres y comenzar, así, a trabajar juntas y unir fuerzas contra "las graves injusticias" que padecen las mujeres españolas en la actualidad. Dicho documento [ver pdf, aquí] reúne los puntos fundamentales que "hay que resolver con urgencia" tales como las diferencias salariales o la conciliación familiar y laboral, entre otras. Además, incluye las diferentes denuncias de las organizaciones firmantes.
Una vez en la reunión, tras la presentación inicial y un breve debate general, la controversia comenzó en el momento en el que la portavoz de CGT-Mujeres abandonaba la asamblea no sin antes confirmar que su sindicato no suscribiría el acuerdo por uno de sus puntos en los que la organización sindical no se mostraba a favor: la abolición de la prostitución. Y es que existe, dentro del movimiento feminista, una división clara y casi insalvable respecto a la regulación o la eliminación total de esta práctica. La miembro de CGT esgrimía que "no quería entrar en debates" pero que no firmarían el pacto porque en su propio sindicato "existen diferentes opiniones respecto al tema".
Mientras, las asociaciones que suscriben el acuerdo denuncian que "se sigue contabilizando en España la espantosa cifra de 500.000 mujeres obligadas a prostituirse y entre las que existe una cantidad cada vez mayor de menores, sometidas a toda clase de violencias que no se computan, con la complacencia de las instituciones que deberían protegerlas". Por ello, entre las 16 reivindicaciones del pacto se encuentra la de "aprobar legalmente la abolición de la prostitución y tomar las medidas adecuadas para reinsertar a las mujeres que la ejercen en el trabajo asalariado y la vida civil". Este es el único punto de la controversia por el que CGT rechaza el escrito, pero no sólo el sindicato se ha posicionado en contra de esta petición.
La promotora del Pacto Feminista y columnista de este periódico, Lidia Falcón, declaró a Público que en Barcelona, donde se reunieron un día después que en Madrid, también existieron "personas encerradas en su criterio con posiciones beligerantes" que no estaban de acuerdo con el punto de abolir la prostitución. Sin embargo, lo que se pretende con este acuerdo entre asociaciones es "unir fuerzas" para poder conseguir las reivindicaciones "entre todas". "La lucha y el trabajo continuo de las asociaciones de mujeres no tienen la misma fuerza que una marea verde o una marea blanca", explica Falcón. "Estamos cansadas y con los huesos doloridos de tanto hacer y si nos uniéramos podríamos hacer más", agrega.
Laura Nuño, directora de la cátedra de Género en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, opina que incluir el punto de la abolición "no es lo más operativo" y que "era previsible" que no todas las asociaciones estuvieran de acuerdo porque "no hay consenso en el feminismo". "Yo estoy a favor de abolir la prostitución", ha manifestado Nuño, "ya que al regularla, no se mejora la posición de la mujer; aunque con la abolición tampoco quiere decir que se acabe".
Nuño cree que con la regulación "se da carta blanca a las mafias". La situación legal vigente, como apuntaba el Fórum de Política en el taller realizado durante su 25 aniversario, es fruto del cambio en el Código Penal que se establece en 1995, puesto que ese año "tanto la promoción como el beneficio obtenido por la prostitución de otra persona se despenaliza". Es a partir de ahí cuando en España "la industria del sexo comienza a expandirse siendo especialmente significativo el número y el tamaño de los burdeles".
En 1999 se introduce en el Código Penal el delito por trata de personas con fines de explotación sexual. Años más tarde, en la etapa final de la última legislatura de José María Aznar, se produce una nueva reforma del Código Penal en el que el proxenetismo vuelve a ser incluido, "de tal manera que aquel que se lucre mediante explotación sexual de otra persona será penado, independientemente de que esa persona consienta".
Gallardón y el proxenetismo
Sin embargo, como apunta el Fórum Feminista, "no se ha producido un retorno a la situación anterior a 1995: el número de clubes de alterne sigue en aumento, pues los vínculos entre proxeneta y prostituta no son fácilmente probables". En la actualidad el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, prepara una modificación del Código Penal por el que contempla eliminar en el articulado el concepto de explotación sexual y condicionar el castigo de la misma a que la víctima tenga que demostrar ese régimen de esclavitud.
El texto del anteproyecto que fue presentado en abril plantea reformar el artículo 188 de la norma hoy en vigor, que establece que será penado con cuatro años y multa de 12 a 24 meses "el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma". La modificación que propone el Ejecutivo, y que llegará al pleno del Congreso el próximo jueves, exige pasar ese apartado 1 del artículo al 188 al 187, si bien modifica sustancialmente su redacción ya que suprime el término explotación.
El texto establecería así, que esas penas antes citadas también serían aplicadas para aquel que "se lucre de la prostitución ejercida por una persona, aun con el consentimiento de la misma". Pero el Gobierno introduce además unos condicionantes: para que se castigue al proxeneta la víctima deberá demostrar que se encuentra "en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución, o se impongan para su ejercicio condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas".
Aunque el Ejecutivo arguye que introduce estos condicionantes para "concretar el concepto" de proxenetismo conforme a los textos internacionales, los expertos advierten de que los requisitos son abstractos, indeterminados y difíciles de demostrar. Tras conocer las intenciones de Gallardón, el PSOE declaró que dicha modificación "dará cobertura legal a los grandes negocios del proxenetismo".
Rosa María Fernández, presidenta de la Coordinadora del Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), por su parte, cree que "la prostitución, en una sociedad igualitaria, es violencia de género contra las mujeres". "Y con la nueva reforma de Gallardón no vamos por el buen camino", añade. "Creemos que es imposible abolirla", lamenta, "pero la Administración tiene que poner medidas para facilitar que estas mujeres tengan alternativas de trabajo". "Además, necesitamos mentalizar a la sociedad de que un hombre no puede pagar un dinero para comprar el cuerpo de una mujer". Fernández ha añadido que abolir la prostitución es un "camino largo, de años y años". "Las mujeres que se dedican a ella es por pobreza y no sólo hay mujeres, también son niñas. Es la esclavitud de este siglo", ha sentenciado.
Teléfono de la Policía para Víctimas de Trata: 900 10 50 90 trata@policia.es.
Fuente: Público.
