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El Gobierno prepara un protocolo contra la violencia de género en los centros de migrantes

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Imagen de interior del CETI de Melilla. -IU
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  • La medida aparece tras dos años de reivindicaciones de organismos de derechos humanos, que exigían al Gobierno la puesta en marcha de un mecanismo de respuesta ante agresiones sexuales en los centros de acogida

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado este martes 27 de junio que el Gobierno está preparando un protocolo, en colaboración con el Ministerio de Empleo y ACNUR, para la prevención del acoso, la violencia social y de género para su aplicación en los centros públicos de migraciones.

Así lo ha anunciado el ministro durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, donde ha sido interpelado por la senadora del Grupo Parlamentario Socialista (GPS) Laura Berja sobre las actuaciones del Ejecutivo para proteger a las mujeres refugiadas.

La medida aparece tras dos años de reivindicaciones de organismos de derechos humanos como ACNUR, que exigían al Gobierno la puesta en marcha de un mecanismo para la prevención y respuesta ante agresiones de género en los centros de acogida, según informa Cadena SER. Pedían la transposición de la directiva europea de asilo de 2015, cuyo artículo 18.4 señala que ”Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para prevenir el acoso y los actos de violencia de género, incluida la violencia y el acoso sexuales, en locales y centros de acogida”. La propia Comisión europea incluyó en 2015 a España en una lista de países infractores de no haber transpuesto la legislación europea de asilo.

Dastis ha defendido que "en el día a día, en la acción práctica" el Gobierno está ayudando a las mujeres refugiadas y a las mujeres en situaciones graves. "España ha contribuido en 2015 y en 2016, con el llamamiento de Cruz Roja sobre violencia sexual, con 500.000 y 300.000 euros respectivamente", ha recordado.

Además, ha dicho que España se va a adherir a una iniciativa para la protección de las mujeres frente a la violencia de género en situaciones de emergencia, así como que "se ha financiado (vía Alianza de Solidaridad en 2015) protección a las mujeres que han sufrido violencia de género en Gaza y Palestina" y en 2016 a ACNUR para la ayuda de refugiadas sirias supervivientes de violencia sexual.

La senadora socialista le ha replicado que ha dado la "versión oficial" y le ha pedido hablar "de la realidad" porque "una de cada cinco mujeres refugiadas es víctima de violencia sexual" y la situación por la que pasan es "de extrema dureza y crueldad"."Muchas de ellas, durante los desplazamientos son violadas, tratadas, extorsionadas o explotadas", ha subrayado.

"¿Que están haciendo desde el Gobierno? Están mirando hacia otro lado", ha denunciado la senadora, para después añadir que es "imprescindible" que el Ejecutivo contemple una actuación integral con enfoque de género, dirigida a las mujeres refugiadas en España. "La indefensión en la que se encuentran estas mujeres requiere una intervención que pueda restituir el daño que han sufrido desde la huida", ha apostillado.

Refugiados vulnerables
Por otra parte, Dastis se ha mostrado convencido de que España va a cumplir en plazo con los compromisos adquiridos en materia de acogida de refugiados. En este sentido, ha argumentado que los compromisos adquiridos "tenían que ver con unas necesidades en momentos concretos y unas cifras previstas de refugiados que iban a estar registrados y que iban a llegar a Grecia e Italia".

Dastis respondía así a la pregunta del senador socialista Jesús Martín en relación sobre si considera que el Gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para ofrecer protección a las personas refugiadas más vulnerables.

"Hace ahora 18 meses que España se comprometió en dos años a 17.000 refugiados", ha recordado el senador, que ha agregado que "el número de acogidos no llega a más del 6%". "¿Lo que no ha hecho usted en 18 meses va a ser capaz de hacerlo en seis?", ha preguntado Martín Rodríguez.

El senador socialista ha acusado al ministro y al Gobierno de que los refugiados no estén en España. "Ni tiene ni ha tenido en ningún momento intención de cumplir el compromiso humanitario", ha enfatizado el parlamentario que, citando a Quevedo, ha dicho que el Ejecutivo ha hecho "buena la máxima" del literato de que "nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir".

En el turno de réplica, Dastis ha detallado que España lo que ha hecho es "trabajar para que la UE apruebe unas normas que tengan en cuenta quién realmente tiene derecho a la protección, asegurarse de que se cumplan esos requisitos y criterios".

"Y trabajar para traerlos en la medida en que podemos y garantizando en todo caso las condiciones de acogida. Si hay algo de lo que estamos orgullosos aquí es que los que vienen son integrados y se sienten a gusto, y no salen corriendo para otros países. En esa línea es en la que vamos a seguir trabajando", ha zanjado.

El Senado ha hecho este martes un minuto de silencio por las 29 mujeres asesinadas a manos de sus maridos en lo que va de legislatura.

FUENTE: Público.

Prohibido 'intimar' con las víctimas

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Interior ultima un protocolo de actuación para los policías que protegen a mujeres víctimas de maltrato.

"La atención personalizada, la amabilidad y el trato deferente con las víctimas no puede en ningún caso caer en la familiaridad, en relaciones ajenas al servicio ni, muchos menos, en la intimidad. La relación funcionario protector-víctima debe mantenerse con escrupulosidad". 

El Ministerio del Interior está ultimando el protocolo de actuación para los policías de las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los malos tratos a la mujer (UPAP), el primero desde la creación a mediados de 2003 de estos grupos, en el que, entre otros aspectos, marca a los agentes las líneas rojas que no deben cruzar en su labor de custodia de las víctimas.

Dicho protocolo —a cuyo borrador de 36 páginas ha tenido acceso Público— incluye también entre la obligaciones de los policías adscritos a las UPAP la de realizar entrevistas personales con los agresores de las mujeres a las que custodien. Hasta ahora, los agentes sólo se reunían excepcionalmente con los maltratadores y sólo cuando había sospechas de que estaban merodeando o molestando a la víctima.

Conocer al maltratador.

El objetivo de dichos encuentros con los agresores, según recoge textualmente el documento, es "conocer al denunciado y escucharle con la debida imparcialidad para que manifieste su situación, para detectar sus condiciones personales y de agresividad". El agente deberá sondearle también "su predisposición al cumplimiento de las medidas acordadas por la autoridad judicial", así como "disuadirle" de cualquier plan para quebrantarlas.

Sobre el contacto "permanente" que el agente debe tener con las mujeres cuya protección tenga asignada, el documento señala que debe facilitar al policía "la información más completa" sobre la víctima para "detectar y controlar las posibles situaciones de riesgo". Para ello, Interior recalca la necesidad de mantener "una adecuado control de las áreas de vida cotidiana", tanto familiar como profesional, de la mujer, "así como de las zonas generalmente frecuentadas por el agresor".

En este sentido, Interior fija las instrucciones que los policías deben dar a las víctimas, con las que deben estar conectadas permanentemente por teléfono móvil, si les alertan de un intento de agresión. Si la mujer se encuentra dentro de su domicilio, el agente debe "tranquilizarla y advertirla que no abra la puerta" al hombre, así como "aconsejarle que procure ganar tiempo" hasta la llegada de una patrulla.

Si está en la calle, debe conseguir tranquilizarla para que le facilite su localización exacta e, inmediatamente, aconsejarle que acuda a "un lugar concurrido" para pedir "ayuda a los presentes" hasta que aparezca la Policía. 

Reanudación voluntaria de la convivencia.

Interior también contempla en el protocolo la posibilidad de que la víctima y su maltratador reanuden la convivencia de modo "voluntario". En ese caso, señala que el policía debe comunicar al juez que ordenó el alejamiento y al fiscal del caso la nueva situación y solicitarles "el cese de la protección". Una situación que también contempla cuando la víctima cambie de residencia a otro país de manera permanente, el nivel de riesgo se reduzca hasta convertirse en inapreciable o muera el agresor. No obstante, en este último caso apunta la necesidad de mantener durante cierto tiempo algunas cautelas por si "el entorno" del maltratador puede suponer un nuevo riesgo para la mujer.

El documento también deja entrever la escasez de medios con las que van a seguir trabajando estas unidades. Hasta ahora, las organizaciones sindicales se habían quejado de que, por ejemplo, los agentes adscritos a ellas no contaban con vehículos oficiales para acompañar a la víctima en determinadas gestiones en las que pueda encontrarse con sus agresores y, por lo tanto, se ven obligados a pedir prestados dichos automóviles a otras unidades.

El protocolo no sólo no da solución a este problema, sino que incluso oficializa dicha carencia al afirmar que los coordinadores de la UPAP que necesiten un coche deberán solicitarlo a la comisaría correspondiente. "Se facilitará el vehículo para realizar este tipo de servicio según la disponibilidad de la dependencia policial", concluye.

Una guía enseña a detectar casos de violencia de género en los hospitales

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Médicos y enfermeras deberán rellenar parte de lesiones y denunciar en el juzgado.

ELENA G. SEVILLANO - Madrid - 13/01/2010

"El personal sanitario y de trabajo social participa de los mismos mitos y prejuicios respecto al maltrato que el conjunto de la sociedad". Partiendo de esa base, una guía recién editada por la Comunidad de Madrid pretende ofrecer a médicos y enfermeras de los hospitales pautas para detectar casos de violencia de género en las urgencias, la hospitalización y las consultas. También consejos sobre cómo tratarlos y cómo denunciarlos. "No cabe contemplar la violencia en la pareja como una cuestión de la pareja, sino como algo que concierne a toda la sociedad", afirmó ayer el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, durante la presentación de la guía.

El documento, de 92 páginas, da herramientas a los profesionales para detectar los casos, valorar la intensidad, el tipo y la duración de la situación de violencia, y activar otros recursos, como los policiales o los judiciales. "La detección y la asistencia apropiada son responsabilidades profesionales", asegura el texto. Lo dejó muy claro también ayer la fiscal delegada contra la Violencia sobre la Mujer de Madrid, Teresa Peramato: "No es un problema jurídico, sino un problema de salud pública con consecuencias jurídicas". El presidente del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género, Jesús Neira, consideró la guía "llamativa, interesante y muy positiva".

Además de dar herramientas a los profesionales sobre cuándo deben sospechar que están ante un caso de violencia o cómo conducir una conversación para que la paciente le diga al médico lo que le pasa, la guía insiste en su objetivo de sensibilizar a los profesionales sobre "la magnitud, la gravedad e impacto en la salud de la violencia de pareja hacia la mujer", y también sobre "su responsabilidad ético-legal" frente a ella. "Cualquier persona, y máxime los funcionarios públicos, está obligada a poner en conocimiento de la justicia, de la policía, situaciones o hechos que puedan ser constitutivos de delito", afirmó el consejero.

Los profesionales tienen que comunicar "el conocimiento o sospecha de una situación de maltrato". Los médicos, en concreto, deben cumplimentar un parte de lesiones o parte judicial. En caso de que la violencia esté confirmada y con lesiones, enviará el parte al juzgado de guardia. Si hay lesiones pero sólo sospecha de violencia, los médicos deberán consignarlas todas, el estadio en el que se encuentran, los signos que hacen sospechar que proceden de una agresión y, finalmente, "todas las incongruencias que se encuentren entre el relato de la mujer de las causas de las lesiones y la localización, forma, tamaño, etcétera de las mismas. En caso de que el médico crea que existe riesgo vital tiene que llamar a la policía".

La guía, cuyo objetivo es homogeneizar las actuaciones en los hospitales, incluye también un protocolo de protección en urgencias, hospitalización y consultas externas. Por ejemplo, todo el personal debe estar avisado de que no debe dar información sobre la situación de la mujer, ni sobre su ubicación (la guía recomienda cambiarla de habitación para dificultar que la localice su agresor) y se la debe acompañar a todos los desplazamientos para pruebas diagnósticas.