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- Sanidad propone a las autonomías que el único criterio sea el de la infertilidad
María R. Sahuquillo Madrid 18 JUL 2013 - 22:12 CET
La reproducción asistida es la vía para que lesbianas y mujeres solas tengan hijos. / getty images
Los tratamientos de reproducción asistida (inseminación artificial, fecundación in vitro…) estarán vetados a parejas de lesbianas y a mujeres solas en la sanidad pública. La cartera común básica de servicios que está definiendo el Ministerio de Sanidad los reserva solo para "parejas integradas por un hombre y una mujer" y siempre que haya problemas de fertilidad. Así lo recoge la propuesta que ha enviado el departamento de Ana Mato a las comunidades autónomas, aunque después, de palabra, fuentes del ministerio aseguraron que cualquier que sea estéril podrá acceder a estos tratamientos. En Sanidad aseguran que detrás de esta acotación no hay motivos ideológicos y que la medida se toma para “priorizar”. “Se atenderá estrictamente a criterios terapéuticos y preventivos”.
La normativa actual establece —a través de un Real Decreto de 2006— que la sanidad pública solo financia esta prestación cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una “indicación clínica establecida”. Es por esta vía por la que algunas comunidades como Andalucía y Madrid (en determinados centros hospitalarios), Baleares o País Vasco cubrían a las mujeres solas o a las lesbianas; que quizá no fueran estériles pero que no podían engendrar una el hijo de la otra. En otras regiones, donde la Administración se aferraba textualmente a la necesidad de que hubiera ese diagnóstico de esterilidad, lo tenían difícil para someterse a estos tratamientos.
Las comunidades que quieran ofrecer esta prestación a mujeres solas o lesbianas —fuera de los criterios establecidos por la nueva cartera básica de servicios— podrán seguir haciéndolo; pero solo si demuestran que tendrán presupuesto suficiente para hacerlo. Algo que con la coyuntura económica actual es cuando menos complicado.
La propuesta para la prestación de reproducción asistida a la que ha tenido acceso EL PAÍS, que se presentará en el Consejo Interterritorial de Sanidad del martes, establece que los tratamientos de reproducción asistida se aplicarán “a las parejas” que cumplan, además, otros criterios: la mujer no puede ser mayor de 40 años (para inseminación artificial con semen de la pareja, 38) y el hombre de 50; y no pueden tener en común ningún hijo sano. Además, si algún miembro de la pareja se esterilizó voluntariamente o tiene problemas para cumplir el tratamiento por razones de salud o debido a su entorno social serán excluidos.
Esto, tal y como figura en el documento enviado a las comunidades autónomas, dejaría fuera también a las mujeres solas y a las lesbianas con problemas de fertilidad, aunque el ministerio aseguran lo contrario. Esta afirmación aparentemente contradice al último documento enviado a las autonomías. El texto remitido por Sanidad a las regiones —y elaborado por el grupo de trabajo que define la cartera básica de servicios— también define la esterilidad como la “ausencia de consecución de embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos”. Este requisito obligaría a las lesbianas a mantener relaciones sexuales con hombres. O a las que no tienen pareja, a buscar una para concebir.
Atendiendo a criterios estrictamente de fertilidad o no, Isabel Gómez, vocal de Igualdad de la Federación Estatal de Lesbianas Gais Bisexuales y Transexuales (FELGTB), cree que se trata de una medida ideológica. “El Gobierno se está amparando en una visión monolítica de lo que es una familia. Si Sanidad revisa los criterios para la financiación de este servicio debería hacerlo para acotar diferencias y limar discriminaciones. Parece que se está haciendo todo lo contrario”, dice. Gómez está convencida de que la exclusión de las parejas de lesbianas o de las mujeres solas obedece a la idea “que tiene el Gobierno de la familia: la formada por un hombre y una mujer”.
La vocal de la FELGTB cree, además, que el argumento de la infertilidad es una mera excusa. “Efectivamente, podemos ser fértiles, pero nuestra forma de vida no nos permite hacer un apareamiento en pareja. Nosotros queremos tener hijos para quererlos, amarlos, cuidarlos y hacerlos personas competentes; no podemos atender a ese sesgo que no contempla todos los tipos de familias que hay”, expone.
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén Gerardo Ruiz Rico cree que los criterios de inclusión en la prestación pública recogidos en el texto son discriminatorios. “Se está haciendo una interpretación restringida de la legislación. Establece una serie de condicionamientos que vuelven a la definición de pareja como la formada por hombre y mujer; y eso no sería conforme con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo”, incide. Ruiz Rico también tiene dudas sobre la constitucionalidad de establecer como criterio de acceso solo la infertilidad. “Es un obstáculo cuyo resultado puede ser discriminatorio al final para las mujeres solas o las lesbianas y supone un veto insalvable que impedirá que se beneficien de los tratamientos”, apunta.
Mariluz Vázquez, miembro de la Asociación de Madres Solteras por Elección, también cree que la propuesta de Sanidad es injusta. “Lo nuestro, como mujeres solas, desde fuera se ve como un capricho; en cambio, para el resto formar una familia se contempla como una necesidad. Y todo pivota sobre esa idea”, reclama. Vázquez explica que actualmente la mayoría de las mujeres en su situación deciden acudir a las clínicas privadas —centros que hacen gran parte de los más de 54.000 tratamientos de fertilidad que se realizan al año en España— por las trabas que en muchas regiones les ponen en la sanidad pública. Los criterios son tan dispares que dentro de una misma región algunos centros atienden a mujeres solas y otros no. “Depende del equipo médico”, aclara.
La reproducción asistida siempre ha sido una de las prestaciones más desiguales del sistema nacional de salud. Las larguísimas listas de espera —en algunos casos más de dos años para acceder a la primera consulta— y las diferencias de tiempo de atención y de criterios de acceso entre Administraciones han sido constantes durante años.
Tanto que el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social han pedido explicaciones varias veces a las autonomías. La propuesta de Sanidad, que debe terminar con estas inequidades, había sido largamente esperada. Sin embargo, sostiene el embriólogo José Antonio Castilla, secretario general de la Sociedad Española de Fertilidad, se está unificando a la baja. “Excluir del servicio a las mujeres solas o a las parejas de lesbianas es una acotación. Entiendo que haya que acotar, pero estamos excluyendo a un colectivo sin ninguna razón médica para ello. Un colectivo, además que da resultados de alto rendimiento en estos tratamientos”, expone.
Fuente: El País.
