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Llamar 'zorra' a la esposa no es un insulto, según el juez Juan del Olmo

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En relación al contenido estudiado en el Máster Multidisciplinar en Violencia Doméstica y de Género, os dejo esta sentencia polémica sobre un término despectivo hacia la mujer que no se considera como vejatorio en un caso de amenazas, increíble como poco.....

  • El instructor del 11-M revoca una condena por delito de amenazas
  • Considera que el término describe 'a un animal que actúa con precaución'
Efe | Murcia
Actualizado lunes 03/10/2011 12:24 horas

Llamar "zorra" a la esposa no constituye menosprecio o insulto, si quien utiliza este término lo hace "para describir a un animal que debe actuar con especial precaución", afirma la Audiencia Provincial de Murcia en una sentencia, que revoca la condena de un año de cárcel a un hombre por un delito de amenazas y ha sido redactada por el juez Juan del Olmo, el instructor del 11-M.

La sentencia indica que el Juzgado de lo Penal número Dos de Cartagena condenó al acusado a la pena de un año de prisión por un delito continuado de amenazas en el ámbito familiar al considerar probado que, a través de unas llamadas telefónicas hechas al hijo común, llegó a decir que vería a la denunciante "en el cementerio en una caja de pino".

La Audiencia Provincial de Murcia no aprecia en los hechos probados que en el comportamiento del denunciado hubiera una situación de dominación sobre su mujer, por lo que lo condena a la pena de ocho días de localización permanente por una falta de amenazas leves.

"La realidad fáctica acreditada -dice la Sala- no reseña que el acusado vertiese alguna expresión que proyectase desprecio o menosprecio a la dignidad de la mujer o que fuera expresiva de una posición de dominio o exigente de sumisión".

"Antes al contrario -añade-, las dos conversaciones reseñadas en el relato de hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal no expresan comentario en tal sentido, ni en la fundamentación jurídica de la misma se explicita ninguna razón que haga pensar en su posición dominio o control".

La Audiencia comenta que "incluso procede señalar que la expresión 'zorra' utilizada en el escrito del recurso, escuchada la grabación de la vista oral, no se utilizó por el acusado en términos de menosprecio o insulto, sino como descripción de un animal que debe actuar con especial precaución, a fin de detectar riesgos contra el mismo".

Este acusado tenía antecedentes cuando fue juzgado por estos hechos, al haber sido condenado en enero de 2009 a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad y prohibición de acercarse a su esposa por un delito de malos tratos en el ámbito familiar.
Más condenas revocadas

El juez Juan del Olmo ha redactado a lo largo de 2010 al menos ocho sentencias que revocan condenas anteriores por el delito de violencia doméstica, con el argumento de que "no toda acción de violencia física en el seno de la pareja de la que resulte lesión leve para ésta debe considerarse necesaria y automáticamente violencia de género", informa Joaquín Manso. Ésta sólo concurre si se manifiesta una "subcultura machista", razona.

Una de ellas, especialmente llamativa, es la de un hombre que discutió con su mujer, "la cogió por el cuello y la empujó contra el frigorífico, inmovilizándola y haciéndole ingerir de manera forzada el contenido de un insecticida, cayendo al suelo y pegándole [él] una patada". Ella tuvo que ingresar en un hospital para recuperarse de la intoxicación. Un año después, el mismo individuo volvió a agredir a su esposa, provocándole una contusión en el hombro.

Un juzgado lo condenó a dos años y ocho meses de cárcel, pero la Audiencia lo dejó en dos años por un delito de lesiones -la pena máxima con la que puede suspenderse el ingreso en prisión-, ya que Del Olmo consideró que no hubo violencia doméstica.

Fuente: El Mundo.

¿Por qué los funcionarios de Justicia conceden custodias de los menores de edad a los padres maltratadores? ¿por qué muchos ni siquieran escuchan a esos niños y niñas?

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«No es normal que una persona con denuncias por maltrato tenga a la niña»


La plaza del Ayuntamiento de Zarautz era ayer un símbolo del dolor. Alrededor de 200 personas se concentraron a las 12.30 horas frente al Consistorio en memoria de la pequeña Chaid Aisa. Los participantes se solidarizaron con la inocente protagonista del suceso y también en apoyo a todas las víctimas de la violencia de género.
La convocatoria, realizada por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento zarauztarra, tuvo el respaldo de políticos y ciudadanos, que estuvieron en silencio durante un cuarto de hora. La concentración fue encabezada por la presidenta de las Juntas Generales, Rafaela Romero; la diputada de Política Social, Maite Etxaniz (ex alcaldesa de Zarautz) y el alcalde de la localidad, Jon Urien. Entre los presentes también se encontraban el viceconsejero de Seguridad, Rafael Iturriaga; el portavoz socialista en las Juntas, Julio Astudillo y la juntera de EB Arantza González. El municipio de Zarautz estuvo representado, además de por su alcalde, por concejales y junteros de todos los partidos políticos.
Una vez finalizada entre aplausos la convocatoria oficial, los participantes dedicaron una sonora 'cacerolada' a los políticos, a los que acusaban de acudir a la concentración «sólo para la foto». Muchos de los asistentes coincidían en su queja: «A alguien se le ha escapado esto de las manos. No es normal que una persona con once denuncias por malos tratos pueda tener a una niña y dormir con ella a la intemperie».

http://www.elcorreo.com/alava/v/20101010/pvasco-espana/normal-persona-denuncias-maltrato-20101010.html


FUNCIONARIOS DE JUSTICIA QUE DICTAN SENTENCIAS DONDE CONCEDEN LA GUARDIA DE LOS MENORES A PADRES ACUSADOS DE ABUSO O MALOS TRATOS

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FUNCIONARIOS DE JUSTICIA QUE DICTAN SENTENCIAS  DONDE  CONCEDEN LA GUARDIA DE LOS MENORES A PADRES ACUSADOS DE ABUSO O MALOS TRATOS

Síndrome de alienación parental: cuando la solución es vivir con el maltratador.

En juicios por la custodia de los hijos en un contexto de violencia y/o abusos, los jueces han validado la existencia de un trastorno infantil originado por la manipulación de la madre.

JULIA GAS Y JAVIER P. MARTÍNEZ / MADRID
MIÉRCOLES 5 DE ENERO DE 2011. NÚMERO 140 NÚMERO 141

“Se tiene que ayudar al niño o la niña a apreciar que en nuestra sociedad tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista hacia los encuentros sexuales entre adultos y niños o niñas”. Es lo que afirmó Richard Gardner, psiquiatra estadounidense con una causa por abuso sexual a sus espaldas, que se suicidó en 2003, a los 72 años. En 1985, Gardner, como perito judicial y en el marco de un litigio de divorcio por la tenencia de los hijos, nombró por primera vez lo que él denominó “síndrome de alienación parental” (SAP). Lo definió como “un trastorno infantil que surge casi exclusivamente en el contexto de disputas por la custodia de los niños”, trastorno que podía llevar a éstos a acusar falsamente de abusos a uno de sus progenitores. Gardner consideraba que “casi siempre la denunciante es la madre, y el denunciado o acusado, es el padre”. Por ello, testificó en más de 400 casos de custodia infantil, en especial cuando se acusaba al progenitor de abuso sexual, culpando a la madre de realizar un “lavado de cerebro” al menor que le provocaba el SAP. Para contrarrestarlo incluso recomendaba al tribunal dejar al menor bajo la custodia del acusado de abuso.

200 casos de SAP en el Estado

Sin embargo, el SAP no ha sido reconocido como trastorno. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o la Asociación de Psicólogos Americana, instituciones de referencia internacional, lo ignoran.
Pero algunos jueces españoles le han dado validez. No sólo aceptan informes en los que se alega la existencia del SAP sino que, en base a éstos, llegan a retirar la custodia a las madres. En el Estado español, según un informe del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre 2005 y 2010 se han dado unos 200 casos en los que, basándose en el SAP se ha negado la custodia a las madres. Ante esto, cuatro mujeres víctimas de violencia de género han decidido organizarse. A finales de noviembre protagonizaron un encierro de protesta en Madrid y realizaron diversas actividades para sensibilizar y visibilizar esta situación.

Rosa, nombre ficticio de una de estas madres, lo resumía así: “Nos hemos encerrado porque los hijos de los maltratadores y abusadores en este país están sometidos a un sufrimiento inhumano”. Desde 2009 estas cuatro mujeres que han perdido la custodia de sus hijos o viven con la amenaza de perderla, ya que rechazan ver al padre maltratador, se organizan y comparten su experiencia a través de Grito en Silencio.
Uno de los asuntos abordados durante estas jornadas fue el ori- gen del SAP en el Estado español. Diferentes expertas señalan al psicólogo José Manuel Aguilar Cuenca como responsable de su introducción aunque, aclara Sonia Váccaro, psicóloga experta en violencia que participó en las jornadas: “Lo único que hizo Aguilar fue traducir todo lo que había dicho Gardner, menos la parte misógina y pederasta”.

Aguilar publicó en 2006 El síndrome de alienación parental. Ruptura de pareja e hijos, una guía sobre el SAP que fue editada por la oficina del Defensor del Menor de Madrid, cuando el cargo lo ocupaba Pedro Núñez Morgades.
Como ven Gadner y los SAPEROS como: ASEMIP, Francisco Serrano, Francisca Fariña Ribera, APROME: Luisa Sacristan y una larga lista) a las madres de todo el mundo.



Terapia de la amenaza

La difusión de este supuesto trastorno es también promovida por el psicólogo forense Julio Bronchal, junto al ya nombrado Aguilar y las asociaciones de padres separados, a las que ambos asesoran. El presidente nacional de la asociación de padres de familia separados, Juan Luis Rubio, afirma que es “triste y terrible que todavía haya quien niegue este síndrome” que “afecta al desarrollo integral [del menor] al estar puesto en contra de uno de los dos progenitores”. Confía en la justicia “para que se analice” cada caso.
La psicóloga Sonia Váccaro define el SAP como “un engendro psicojurídico creado ad hoc en conflictos por la custodia”. En este sentido las expertas que asistieron al encierro no comprenden cómo en los círculos académicos es fácil encontrar profesores o cursos que incluyen el SAP como diagnóstico. Por ello denuncian que hay “profesionales mal formados”. Según Celia Garrido, agente de igualdad experta en violencia de género, “les han formado en la terapia de la amenaza”. Este tratamiento, aplicado por terapeutas, consiste en presionar al menor cuando rechaza estar con su progenitor, mediante la amenaza de separarle de su madre o con que, incluso, “ella irá a la cárcel”. Es una herramienta “perversa, pero muy sutil”. Los diagnósticos de SAP recomiendan la terapia de la amenaza para casos leves y moderados de rechazo al padre. De evaluarse un caso severo, se aplica un cambio de custodia, apartando al menor de su madre hasta lograr su “desprogramación”; es decir, hasta que el psicólogo interpreta que no existe alienación. Como apunta Antonio Escudero, ex presidente de la Asociación Madrileña de Salud Mental, de este modo se consigue que, una vez separados, la madre “se vuelva prudente” para seguir viendo a su hijo, admita el diagnóstico y, por tanto, “acepte de por vida una nueva identidad”. El niño considerado alienado, por su parte, debe soportar estar con su maltratador y/o abusador, y el de su madre. Durante el encierro, una pancarta reflejaba el dilema de estas madres: “Aguantar al maltratador o perder a tus hijos/as”.

PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR

Otro de los focos de difusión del SAP son los puntos de encuentro familiar (PEF) o “puntos de desencuentro” como lo definen estas madres. Teóricamente son centros neutrales donde se entrega y se recoge al menor en casos de litigio por la custodia, pero que, denuncian, han sido intrumentalizados. Si Gardner potenció la existencia de estos centros en EE UU, al Estado español llegaron de la mano de María Luisa Sacristán, presidenta de APROME, primera asociación en abrir uno de estos “puntos”. Sacristán, que según afirma Rosa, “es legionaria de Cristo, con una fuerte ideología integrista y ultracatólica”, también fue pionera en importar la visión de la teoría del SAP a través de los PEF, ya que entendía que el objetivo de éstos es, según valora Rosa, “revincular a la familia patriarcal por encima de la seguridad de los menores y de las mujeres”.

LA PROTECCIÓN DEL MENOR

La psicóloga experta en violencia de género Fátima Urzanqui, que participó en el encierro, critica la actitud de los jueces que emiten sentencias basándose en la existencia del SAP: “Para ellos es más fácil pensar que la mujer es maliciosa y que manipula a sus niños que pararse a estudiar si existe algún comportamiento objetivo del progenitor que justifique el rechazo de las criaturas”. Urzanqui resalta que “estas mujeres confiaron en las instituciones. No sólo no las han apoyado, sino que les están haciendo un daño aún mayor que el que cometió el maltratador”. Ante esto, Grito en Silencio aboga por modificar el Código Civil. Además, junto a la Asociación Madre Rea, Justicia, Infancia y Menores han consensuado una serie de propuestas para proteger al niño o la niña en caso de disputa por su custodia cuando se da un contexto de violencia y/o abusos.

INFLUENCIAS EN LA JUSTICIA

Incluso estas mujeres denuncian que algunos jueces incurren en “prevaricación”. Por ejemplo, el actual vicepresidente del CGPJ, el juez Fernando de Rosa Torner (en la foto), fue conseller de Justicia del Gobierno valenciano hasta las últimas elecciones y, a la vez, presidente de la Fundación Atención a las Víctimas de Delitos y Encuentro Familiar (FAVIDE), que gestiona los puntos de encuentro familiar en Valencia. Esto fue así porque el cargo de conseller de Justicia implica ser presidente de FAVIDE, según ha confirmado esta asociación.

LA NIÑA CANARIA CUYO CASO CONMOCIONÓ A LA OPINIÓN PÚBLICA sigue EN UN CENTRO DE MENORES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA.

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TAL día como HOY HACE 3 AÑOS SE LLEVARON A PIEDAD DE LA OROTAVA.

LA ADMINISTRACIÓN LE SIGUE NEGANDO NOTICIAS Y CONTACTOS CON LA FAMILIA QUE TANTO QUISO.



El caso PIEDAD tuvo su último episodio en la reciente condena impuesta a Soledad Perera, todavía provisional al estar apelada ante la Audiencia Provincial, siendo la única persona, además de PIEDAD, que ha tenido que pagar los platos rotos de la acción desmedida y desproporcionada de jueces y fiscales que actuaron en contra de los intereses de la menor;  y del comportamiento administrativo del sistema canario de Protección de Menores, negado a cualquier modificación que suponga permitir a la niña contactos y comunicación con el entorno social y afectivo del que hoy, hace 3 años, le obligaron a dejar, cerrando las puertas tras ella y arrojando la llave a las profundidades del olvido.

Desde entonces su periplo, no por ser harto conocido, ha dejado de seguir impresionando, al haber sido sometida a la tortura psicológica de la amputación de sus afectos y devuelta a un hogar endémicamente fracasado, que la retornó a la vida de los centros de menores, donde reside desde hace año y medio condenada a la más absoluta orfandad.

El caso PIEDAD conmocionó a la sociedad canaria y movilizó miles de firmas, y mociones de numerosos municipios reclamando el derecho de la niña a la recuperación de su memoria afectiva y a la reanudación de contactos y comunicación con el entorno afectivo y social de La Orotava. Sin embargo, la Administración canaria actúa como si nada fuera con ella, mirando para otro lado en un olímpico desprecio a la menor y a la demanda ciudadana.

No cabe duda alguna sobre la negativa situación personal de la menor, quien cada día que pasa consolida una vuelta más en la rosca de los desafectos y de la desestructuración familiar, cronificando su existencia en la sombría desesperanza de un futuro de adulta a la que le han robado su infancia.

Por otro lado, PRODENI, sigue a la espera de noticias de la Fiscalía canaria y de la Fiscalía General del Estado acerca del informe que en Enero 2010 presentó denunciando presuntas prácticas perversas de Protección de Menores de Canarias, a cuya Administración, la asociación hace responsable de gran parte de los actuales males de la pobre PIEDAD.

(Ver informe: "Historia de una desprotección anunciada" en la web de Prodeni).











 

Red de Madres Damnificadas por el pretendido Síndrome de Alienación Parental

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"Los jueces tienen que aplicar la ley, no su ideología”

Madrid, 26 abr (10), AmecoPress. La Red de Madres Damnificadas por el pretendido Síndrome de Alienación Parental o SAP está formada por mujeres que han sufrido o están sufriendo los efectos de la aplicación judicial del pretendido SAP en medio de un proceso de separación o divorcio.
“Si el CGPJ ya se ha pronunciado en el Observatorio contra la Violencia de Género en contra del SAP, no entiendo cómo es posible que los jueces lo puedan utilizar. Tienen que hacer cumplir la ley, pero también cumplirla, y no aplicar su ideología”, ha mantenido su presidenta, Purificación Vicente.
 
Aunque no se puede cuantificar a falta de una investigación minuciosa, son numerosas las mujeres que por toda la geografía española han perdido la custodia de sus hijos e hijas tras denunciar a su pareja por maltrato físico o psicológico contra las y los menores y contra ellas mismas.
 
Un síndrome que no es tal
 
La herramienta utilizada en los juzgados para dar la custodia al presunto maltratador y privar de ella a la madre es el Síndrome de Alienación Parental o SAP, y fue creado en 1985 en EEUU por el psiquiatra Richard Gardner.
 
Según el SAP, la madre utiliza al menor o a la menor hasta ponerle en contra del progenitor, hasta el punto de que este niño o niña inventa historias de maltrato físico y psicológico del hombre contra la madre o contra el o ella misma.
 
El propio psiquiatra creo el “tratamiento de la amenaza”, que recomienda, y hoy en día se aplica, que se le retire a la madre la custodia del o la menor, y que se le prohíba ningún contacto durante un tiempo, hasta que el o la menor estén “desprogramados”. A partir de ese momento las visitas tendrán que tener lugar en un punto de encuentro tutelado. En algunos casos, la sentencia ha considerado que el o la menor deber ingresar en un centro de menores, alejados de ambos progenitores.
 
Las asociaciones advierten del peligro de que los y las menores vuelvan con el maltratador, porque ellos, como las mujeres maltratadas, se adaptan y se autoculpan hasta considerarlo algo normal. Algún día, además, pueden perpetrar los mismos abusos a otras personas.
 
Aunque ha sido desestimado por numerosas asociaciones judiciales y psiquiátricas del mundo, sigue aplicándose en los juzgados, incluidos los españoles, a pesar de no constar en ningún documento legal. Como sus propias siglas van seguidas de numerosas y candorosas polémicas, los nombres que toma van variando.
 
“Cómo se ha demostrado que no es un síndrome, ahora lo tratan de nombrar como desorden, que tampoco se ha probado. También aparece como interferencias parentales. Son eufemismos. Con decir que la madre le manipula, le pueden quitar la custodia”, lamenta la presidenta de Crecer sin Violencia, quien además advierte de que Gardner “consideraba que la pedofilia era una orientación sexual más”.
 
Vulnerabilidad de las y los menores
 
Vicente ha contado como a su hijo de 4 años fueron a buscarlo agentes de los cuerpos de seguridad del Estado al colegio, sin avisar antes ni a ella ni al centro. Desde entonces, no ha podido volver a ver al pequeño. “Están haciendo verdaderos estragos con los más vulnerables, que son los niños”, denuncia la presidenta de FAVIDE.
 
Denuncian la poca preparación del personal de los puntos de encuentro, y la poca sensibilidad de los tribunales. “Hemos presentado vídeos de niños contando con pelos y señales lo que les hacía su padre a juicio, y le han dado la custodia. Está claro que no los veían, porque no hay nadie que tenga corazón para hacer eso después de ver ese testimonio”.
 
Además, los juzgados que aplican en SAP tampoco admiten como pruebas los testimonios de las personas familiares de la madre, ni del colegio al que asisten los y las menores.
 
La Red de Mujeres Damnificadas por el SAP exige el fin del uso del SAP en los juzgados de familia, y de la aplicación del “tratamiento de la amenaza”, además de la anulación de las sentencias ahora vigentes. Cada primer lunes de mes se concentrarán a las siete de la tarde frente a los juzgados de Plaza de Castilla para hacerse oír. Además han solicitado entrevistas con los ministros de Justicia e Interior, y con la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ.
 
Desprotección de las mujeres maltratadas
 
Las asociaciones se han mostrado muy duras con los poderes ejecutivo y judicial. “Animan a que las mujeres denuncien el maltrato, pero éste no termina con la denuncia, continua y puede hacerse mucho más profundo. Las mujeres necesitan garantías de que van a estar protegidas, de que se las va a creer”, ha manifestado la presidenta de la Asociación Universitaria contra la Violencia Machista.
 
Asimismo han puesto en evidencia la incoherencia presente en la enorme distancia entre el trato que se da a los hombres maltratadores. “Entre los casos de violencia de género, en los que el maltratador ha sido condenado, y por tanto probada su culpabilidad, la retirada del régimen de visitas de las y los menores no llega al 1%”, ha mantenido la presidenta de Crecer sin Violencia. También se han posicionado contra la teoría de las denuncias falsas de mujeres, que consideran muy puntuales.
 
Esta nueva red cuenta con el apoyo de numerosas asociaciones de mujeres, entre las cuales se encuentran la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas, Mujeres Juristas Themis, Fundación Mujeres, Comisión de Malos Tratos, Asociación Universitaria contra la Violencia Machista, Crecer sin Violencia y Nosotras en el Mundo.

SSª D Fernando Ledesma, exministro de justicia español: "la función de los jueces es la de resolver los problemas"

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No explicaba el muy respetado SSª D Fernando Ledesma, antiguo ministro de justicia, que la función de los jueces era la de resolver los problemas. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en la actuación de SSª D Joquin Femenia Torres, tirular del juzgado de instancia e instrucción nº 4 de Gancía, a quien la AUPECAM desea trasladar su más sincera y profunda gratitud a por su exquisita aplicación de los art 9, 12, y preámbulo de la CDN, ante la negativa de unos niños de llevar a cabo las visitas con su progenitor no custodio. 
 
Tras recibir el auto AUPECAM se puso en contacto con SSª, y le pareció que había hecho lo propio: él ante la negativa de los niños a las visitas, solicitó que fueran evaluados para determinar si los niños actuaban por propia voluntad o si por el contrario estaban manipulados o sufrían el síndrome de identidad. Una vez descartada estas dos últimes posibilidades, SSª suspendió el régimen de visitas, acorde al preámbulo, el art 9 y el 12 de la CDN, si bien recogió que si los menores cambiaban de opinión y en algún momento deseaban las visitas éstas se deberían llevar a cabo, y la fiscalía no recurrió dicho auto, actuando por tanto en consonancia. 
 
La AUPECAM, lamenta que esta magnifica sentencia no provenga de la AP, para que pueda ser invocada en los escritos y peticiones de los abogados, y como modelo para establecer la unidad de criterio del derecho de visitas, i.e. del cumplimiento estricto del preámbulo y los art 9 y 12 de la CDN por parte al menos de las APs. La AUPECAM aprovecha la ocasión para que los miembros del CGPJ y las APs se hagan eco de la situación respecto a la disparidad de cirterios de las diferentes secciones de la AP respecto al preámbulo y los art 9 y 12 de la CDN, y se efectúen las disligencias oportunas para establecer la unidad de criterio con el consiguientemente cumplimiento de la CDN. 
 
 Así, mientras que para la sección 24 de la AP de Madrid es un derecho de los niños, para la sección 22 es tambien un derecho, pero lo convierte en una obligación, no haciéndose eco de la voluntad de los niños, o tomando las decisiones sin oir a los niños, y ello a pesar de la STS 632/04, emitida precisamente para esta sección de la AP, y para la sección 2ª de la AP el derecho de visitas es un derecho de los progenitores... 
 
Asimismo, la AUPECAM solicita al defensor del menor, al defensor del pueblo, al congreso, al senado, al ministerio de justicia y a la FGE que se hagan eco de la situación y en: -el cumplimiento de su mandato constitucional de promover la acción de la justicia pa para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente, i.e. de la CDN y los derechos de los ciudadanos, i.e. de los niños -el cumplimiento de la ley 24/2007 de unidad de acción y prinicipio de jerarquia -la presente resolución, y la posición de las fiscalia adscritas al caso Manresa y al juzgado de !ª Instancia nº 2 de Dos Hermanas, que ante la negativa de dos niñas a mantener relaciones con sus progenitores, fiscalía solicitó que las niñas fueran evaluadas por la red institucional de atención a la infancia dependientes de Salud de la Generalitat y de la Junta respectivamente, donde se encuentran los expertos en sicología infantil capaces de discernir entre influencia, manipulación o síndrome de identidad, así como discernir entre conceptos tales como vínculos de afecto, seguridad o superación del conflicto con el padre, o incluso veracidad/credibilidad, se efectúen las diligencias oportunas para que la FGE establezca la unidad de acción en la fiscalía y no ocurra como por ejemplo en el juzgado de 1ª instancia nº 22 de Madrid en que la Ilma Sra Mercedes Barthe, ante un diagnóstico de SAP a un niño de catorce años solicita que sea internado en un centro de acogida, o ante la negativa de un niño a mantener relaciones con su progenitor, le dijo a la madre que no hacía lo suficiente porque el niño viera a su padre que estaba deseando verlo, y ello a pesar del art 16 de la CDN y al niño tras narrarle que no quería verlo porque le pegaba -y cuyos partes de lesiones obraban en poder del juzgado- y porque le hacía cosas que no se hacen con los niños pequeños, que luego presuntamente aclaró tras ser preguntado por SSª que qué era eso del juego de los novios, la Ilma Sra Barthe haciendo gala de su presunta ignornacia inexcusable no sólo del preámbulo, los art 9, 12, 16, 19 y 39 de la CDN, y de las secuelas del presunto maltrato y abusos sexuales infantiles, le dijo al niño: ¡Uy eso hay que olvidarlo, eso ha pasado hace mucho tiempo!. 
 
Ante ello, la madre se quejó ante la FGE, la muy respetada Ilma Sra Fiscal jefe de la secretaria técnica de la FGE, tomó el escrito en consideración, y le dió traslado a la inspección fiscal, donde no encontraron anomalía alguna en el funcionamiento de la Ilma Sra Barthe.... 
 
En este contexto, la AUPECAM solicita al observatorio de la infancia y a la plataforma de la infancia que se haga eco de la situación de la fiscalía adscrita al juzgado de 1ª instancia nº 22 de Madrid, y de la inspección de la FGE en relación al presunto incumplimiento por su parte de los art anteriormente mencionados de la CDN y den traslado de la situación a NN UU en Ginebra, en sus informes de seguimiento de la aplicación de la CDN en nuestro estado, acorde a los compromisos internacionales del estado español. 
 
Atentamente AUPECAM

Síndrome de Maltrato Institucional: abuso de menores

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Abuso de Menores, desprotección familiar y maltrato judicial:


El “Síndrome” en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires: el caso Díaz Guerra.

Hechos:

Abril 1996: Muere la mamá de Javier (11), Damián (4) y Gimena (4 días de vida) quedando los tres a cargo de Julio M, padre abusador sexual y golpeador: Javier declara sobre los abusos y maltratos a los que era sometido.

Agosto 1996: La familia Díaz Guerra, tíos maternos, hacen la denuncia y reclaman la guarda de los tres hermanos. El Juez Bernardo Mogaburu, del Juzgado de Menores N° 2 de San Martín, al comprobar los hechos, solo otorga la guarda de Javier, dejando perversamente en manos del padre abusador a los otros dos niños.

Durante los tres años siguientes, Damián, de tan solo 4 años, es golpeado y abusado por su padre. Recién en agosto de 1999, el Juez Mogaburu da la guarda del niño a sus tíos biológicos.

Mientras tanto Gimena, la más pequeña, es entregada por el padre abusador a sus vecinos, Dora y Carlos Mancuso; acto perversamente convalidado por el Juez Mogaburu.

Gimena es aislada de sus hermanos y obligada judicialmente a vivir con personas ajenas a su familia.

Una vez más, el Juez Mogaburu no atiende a los pedidos de los tíos Díaz Guerra. Por estas razones, en noviembre del 2001 este Juez fue apercibido gravemente y separado de la causa por la Suprema Corte de Justicia de la Pcia. De Buenos Aires, cuyo Presidente era el Dr. Hitters.

12 de abril de 2002: Gimena se reencuentra con sus hermanos y tíos con quienes vive actualmente. Sin embargo los menores y su familia hoy soportan nuevamente el embate de los apropiadores Mancuso y del nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Pettigiani, quien con la anuencia de los demás miembros pone en peligro la unión de los hermanos, estando Gimena en riesgo de ser separada nuevamente de su familia biológica y de origen.

Marzo 2003: El Juez Mogaburu sigue “administrando” justicia en San Martín.

24 de Marzo 2003: La Corte no conoce en persona, ni quiere acercarse a escuchar a los niños, no cumpliendo con la Convención Internacional de los Derechos del Niño y por lo tanto con nuestra Constitución Nacional. El Dr. Pettigiani se negó a recibir a los niños y a su familia biológica quienes viajaron expresamente a la ciudad de La Plata para hablar con él.

A lo largo del proceso judicial los niños y su familia biológica y de origen vienen sufriendo por parte de los funcionarios judiciales un verdadero “maltrato institucional” quedando perversamente victimizados y sometidos a experiencias de extrema vulnerabilidad; siendo paradojalmente desprotegidos por la institución estatal de la Justicia, originaria y supuestamente creada para protegerlos.

Los menores y su familia son víctimas del doble discurso institucional reiteradamente esgrimido por los funcionarios judiciales, que dicen proteger los vínculos familiares ahí donde imponen coactiva y arbitrariamente intervenciones inadecuadas e ineficaces, evaluaciones y medidas altamente iatrogénicas. Estos funcionarios no actúan ingenuamente sino siguiendo su propia conveniencia; accionando con descuido y negligencia para la salud física y emocional de los menores y su grupo familiar.

En términos psicosociales definimos la situación planteada por la institución judicial como “SÍNDROME DE LA PERVERSIDAD”caracterizado por:

1) La permanente y recurrente trasgresión y/o deformación de los principios que deberían definir la misión institucional de los funcionarios judiciales: proteger a los menores y a la unidad de familia biológica y de origen.

2) Dicha trasgresión institucional se sostiene en la acción voluntaria e intencional de los actores institucionales (Jueces, defensores de menores, peritos, etc.) provocando efectos destructivos sobre quienes deberían ser cuidados.

  1. Este cuadro institucional avala la impunidad de los actos perversos y la consecuente indefensión de las víctimas: en nuestro caso sobre el conjunto de la familia biológica y de origen, los Díaz Guerra y en particular sobre sus miembros más indefensos, los niños Gimena, Damián y Javier, verdaderos sobrevivientes del abuso de los adultos y de tantas situaciones de violencia institucional.

En el terreno clínico, los efectos más visibles de este perverso accionar por parte de los funcionarios judiciales sufrido por los menores y su grupo familiar se traducen psicológicamente en:

  • La obstaculización de los procesos de elaboración del trauma, haciendo que la repetición de declaraciones, peritajes y evaluaciones reactiven periódicamente y en forma actualizada el trauma históricamente vivido: madre muerta, padre abusador, entrega a los apropiadores y desprotección judicial. La recolección de información (contar lo que pasó) por su calidad meramente repetitiva, no tiene efecto de elaboración de la situación traumática, sino que solamente reactiva el recuerdo doloroso sin buscar integrarlo, comprenderlo ni significarlo. Este tipo de situaciones de evaluación dificulta y retrasa la elaboración del trauma, pudiendo incluso facilitar la cronificación de trastornos preexistentes, agudizando síntomas o promoviendo su reaparición (especialmente síntomas de stress postraumático).

  • La agudización de conductas defensivas presentadas por los menores.

  • Los niños pueden sentir que no son creíbles si tienen que repetir con insistencia, a distintas y desconocidas personas lo que les ocurrió. Los niños pueden presentar un profundo sentimiento de confusión respecto de qué adultos son confiables o no para ellos; activando sensaciones internas de inseguridad, baja autoestima, mecanismos de minimización y retractación, sobre todo si la situación percibida se torna altamente conflictiva y difícil de manejar.

  • La profundización de las dinámicas traumatógenas de estigmatización y sometimiento: para estos niños ser víctimas constituye un estigma que los lleva a buscar en sí mismos los atributos propios que les permitan explicarse “por qué me pasa a mí”. La exposición y evaluación continua coloca a los menores en una confusa línea entre la incredulidad y la imposibilidad de escapar de su realidad de “niños maltratados” antes por un padre abusador y los apropiadores, y ahora por los funcionarios judiciales. Sus vidas son periódicamente invadidas por evaluaciones y exámenes que no guardan ningún tipo de lógica científica y los estigmatizan. La dinámica de sometimiento al poder arbitrario y muchas veces autoritario de los funcionarios judiciales, distorsiona el sentido que los niños tienen acerca de su propia capacidad y eficacia para controlar los hechos y acontecimientos de sus vidas, aún los más simples y cotidianos; sintiéndose desprotegidos por la institución de la Justicia.

Es este reiterado accionar perverso de los funcionarios judiciales, el generador de la sensación de indefensión, soledad y miedo en la que se encuentran periódicamente sumergidos los menores y su grupo familiar, percibiéndose la ausencia total de respuestas institucionales acordes a sus necesidades reales.

Solo el accionar independiente y solidario del grupo familiar y una amplia red social de contención (vecinos, organismos de DDHH, legisladores de diferentes partidos políticos, miembros del Poder Ejecutivo Provincial) permitieron a los niños hasta el momento salir airosos de tal situación de desprotección institucional-judicial y de los efectos del Síndrome de la perversidad, recibiendo el sostén y la protección familiar necesarios para su crecimiento físico, social y afectivo.

En esta perversa y dramática historia, luego de tanto maltrato y desprotección judicial:

¿Podemos confiar en que estos niños y su familia tengan justicia y puedan vivir definitivamente en paz?

Lic. Miguel Orellano

Dr. Enrique Stola

Reeducar con juicio. Emilio Calatayud, Juez de Menores

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Era cuestión de tiempo que don Emilio publicase un libro que recogiese gran parte de las sentencias educativas que han servido para marcar una línea a seguir en lo que a Justicia de Menores se refiere. En "Mis sentencias ejemplares" (Editorial La Esfera de los Libros), el juez hace constar que tras sus decisiones hay un equipo de profesionales y que es imprescindible aplicar el sentido común a la hora de juzgar una falta o delito.

Emilio Calatayud, Juez de Menores.Justicia educativa.

-La Justicia de Menores ha de cumplir su máxima de reeducar, ¿cómo sacar lo mejor de un chaval?

-Para eso tenemos a los profesionales, los equipos técnicos, el psicólogo, el educador, los profesionales de medio abierto... Es decir, no todo sale de mí, somos un conjunto de trabajadores y yo confío en ellos y sigo más o menos sus indicaciones. Muchas veces lo importante es que se analice el caso desde el punto de vista positivo, porque a menudo a los chavales les falta autoestima y entonces hay que reforzar lo positivo y descartar un poco lo negativo.

-¿Qué importancia diría entonces que tiene el equipo en su trabajo?

-Para mí es fundamental, porque entre todos tenemos que cuadrar legalmente el delito y las circunstancias personales de cada uno de los chavales. El equipo permite distinguir si estamos ante un menor que comete delitos pero no es un delincuente -porque hoy en día para cometer un delito no hace falta nada más que estar en la calle-, o bien si estamos ante un chaval que tiene el perfil de delincuente. Qué historia tiene, qué circunstancias rodean el caso. Entonces en función de eso se actúa. Y la verdad es que la mayoría de los chavales comenten delitos pero no son delincuentes.

-Usted además forma equipo con muchas ONG, policía... ¿Cree que ha logrado transmitir la idea de que la rehabilitación de menores es tarea de todos?

-Creo que sí, que los años que llevamos en Granada luchando, trabajando, discutiendo con los políticos, se han traducido en una gran concienciación. Se ha volcado la sociedad, los políticos, las instituciones, para lograr una colaboración pionera en España. Eso nos permite ahora mismo tener cerca de ochocientos chavales en medidas alternativas al internamiento, lo cual es una gran satisfacción.

    "La mayoría de los chavales cometen delitos pero no son delincuentes"

-¿Piensa como juez, como padre o como hijo cuando impone una sentencia?

-Me pongo en el lugar de todos ellos. Soy juez pero no puedo olvidar mis circunstancias, ni mis principios, ni mi educación. Aplico la ley pero siempre subyacen mis circunstancias personales. Y luego sobre todo hay que creerse la genialidad de esta ley que es la reeducación, para lo cual hay que saber ver que muchas veces estamos ante delitos que en realidad son equivocaciones. Así que hay que aplicar el sentido común.

-Con algunas de sus "condenas" ha conseguido encauzar el futuro de algunos jóvenes. ¿Qué le produce acertar?

-Mucha satisfacción. Además esta es una justicia mucho más gratificante que la de adultos, que produce mucha satisfacción, sobre todo cuando con el tiempo un chaval que has condenado te da las gracias. Ahora, también es cierto que tenemos muchas equivocaciones o muchos fracasos -cada vez son menos- y eso te obliga es a seguir trabajando, y  hacen que te plantees si no has acertado o si el chaval no ha querido cambiar. Pero lo importante es que el menor nunca te pueda decir que no le has dado una oportunidad, o dos.

-¿Cree que juzgamos a los que nos rodean -adultos y menores- con una rectitud que no empleamos con nosotros mismos?


-Seguro. Por eso yo siempre digo que quién de los que estamos en la sala no ha cometido un delito en su vida. Hay que ver los dos lados, pero creo que somos mucho más exigentes con los demás que con nosotros mismos.

Jóvenes Delincuentes

-¿Por qué cree que el tenerlo todo genera igualmente delincuentes de corta edad?


-Esos chavales de clase media que lo tienen todo son precisamente los que cometen delitos pero no son delincuentes. Probablemente han tenido fallos en la educación, o precisamente por tenerlo todo no se les ha prestado la debida atención, o no se les ha sabido decir que no, se les ha consentido, nos hemos relajado. Luego hay otros factores, como el policonsumo de sustancias en las clases medias, y entramos en una dinámica más peligrosa.

Justicia educativa - Emilio Calatayud-Precisamente, ¿en qué sentido el botellón y las nuevas drogas están generando más delincuentes?


-Actualmente no tenemos el drogadicto puro y duro, sino que lo característico es el policonsumo de varias sustancias que está generando muchos problemas dentro de la sociedad y dentro del ambiente familiar. Tenemos muchos chavales con problemas psíquicos como consecuencia de este nuevo tipo de consumo de drogas, y muchos de ellos acaban mentalmente trastornados. Todo eso, con el tiempo, puede derivar en delincuentes.

-¿Ha cambiado el tipo de delitos desde que comenzó como Juez de Menores?

-Se han incorporado nuevos delitos, como el de los malos tratos familiares, sobre todo en la clase media. Las niñas están aumentando la violencia y el número de delitos, tenemos los delitos nuevos con los teléfonos e internet, y ahora tenemos el policonsumidor frente al drogadicto de una sustancia. Quizá tengamos un poco más de violencia y de falta de respeto a la autoridad. Y sobre todo que se han incorporado las clases medias, no sólo comenten delito las clases bajas.

-Pese a lo que pueda extraerse de su imagen pública, no es un juez blando y no le tiembla la mano a la hora de internar un menor en un centro de reforma...

-No, no, duermo exactamente igual. Llevo juzgados unos veintisiete asesinatos y homicidios, y como comprenderás no voy a condenar a un chaval que ha matado a leer y a escribir. Lo que no quita que, una vez encerrado, sí le ayude a salir del analfabetismo. Pero tengo sentencias muy duras y no hay ningún problema.

-¿Qué le hace decidirse a internar o no a un menor?

-Primero está la ley y los requisitos legales, que ya te condicionan bastante. Y luego las circunstancias personales de cada uno de los chavales, si el delito se ha cometido con violencia, qué peligrosidad tiene el chaval, qué pronóstico le vemos... Pero la ley ya te vincula en muchos casos y obligatoriamente tienes que adoptar la medida de internamiento.

Padres e hijos.

-Cuando comenzó en el Juzgado de Menores se encontró con padres que no llevaban a sus hijos al colegio. ¿Qué faltas de responsabilidad son comunes hoy por parte de los progenitores?

-Eso fue en el 95 y en aquella época éramos competentes para juzgar las faltas que cometían los padres sobre los menores. Entonces entendíamos -y yo lo sigo entendiendo-, que los padres que fomentan el que los hijos no vayan a la escuela, están cometiendo una falta de incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, algo que ahora ya es delito. Se les acusó de faltas y se les condenó en aquella época a varios padres. Pero a partir de la Ley del 2001 se nos quitó las competencias de las faltas que cometen los padres sobre los menores y ahora nosotros solamente entendemos de los delitos que comenten los menores. Cuando el delito lo comete un padre o un adulto sobre el menor, entonces ya interviene la justicia de adultos.

    "El maltrato de hijos a padres se debe a los complejos que tenemos los adultos, a la falta de autoridad, a que nos ha dado miedo poner límites a nuestros hijos"

-¿Habría que dar un carné a los padres para tener hijos, tras pasar un examen de responsabilidad?


-Yo creo que habría que darles formación y cursos. Quizás sería necesario que todos aquellos que vayan a inscribir a un hijo en el Registro tuviesen acceso a una escuela de padres.

-¿De dónde cree que procede el maltrato de hijos a padres que comienza a darse en la actualidad y que no existía hace años?

-Creo que debido a esos complejos que tenemos, a la falta de autoridad, nos ha dado miedo poner límites a nuestros hijos y se les ha consentido todo. Se les habla de derechos, no de deberes, existe mayor violencia, un poco de falta de respeto y de falta de autoridad. Tememos hablar de la autoridad de los padres y de la autoridad del profesorado, debido a esa pérdida de valores.
Estado de la Justicia

-Ante el atasco monumental que sufre la Justicia actualmente, ¿cree que habría que apostar por pactos, de modo que de mutuo acuerdo gracias a un intermediario se redujesen el número de expedientes judiciales?

Emilio Calatayud, Juez de Menores.Justicia educativa.-Desde luego yo creo que hay que intentar desjudicializar todo lo posible. La Justicia tiene que solucionar los problemas en última instancia. Entonces hay que intentar buscar alternativas porque un juicio debe ser siempre la última solución.

-Una persona de recursos como usted, hábil en solucionar problemas dispares, ¿qué opina de las quejas de jueces y secretarios judiciales? ¿La solución de la Justicia es una mezcla entre aportaciones estatales y la pericia de los profesionales?

-Aquí somos todos un poco responsables, pero realmente la Justicia necesita una dotación y un pacto fundamental entre los políticos. Hay que dotarla no solamente de medios materiales sino de medios personales de forma adecuada. A nivel informático, por ejemplo, yo reclamaría un sistema informático con la misma efectividad que tiene el de Hacienda, ni más ni menos. Y desde luego hay que incrementar el número de juzgados, el número de plantilla. También los jueces están un poco desmotivados, los funcionarios están desmotivados, no saben cómo diseñar las oficinas judiciales, estamos en una época de cambio y eso repercute.

    "No sé si interesa tener una Justicia independiente. Está claro que el juez es independiente, pero es más difícil saber si puede serlo el Consejo"


-¿Le preocupa la mala valoración que tiene el ciudadano de la Justicia?


-Creo que es peligroso que el ciudadano no tenga confianza en los jueces. El Consejo General del Poder Judicial no sólo debería prestar atención a los errores que se comenten, también tendría que vender la imagen de lo bien que se hace en muchas ocasiones, y devolver la confianza de los ciudadanos en los jueces. Ahora, hay que pringarse todos: hay que dotarla de medios, y al mismo tiempo hay que sensibilizar a todos los profesionales de que son un elemento importante. Es fundamental ese acuerdo político, el problema está en ver si interesa realmente tener una justicia independiente; está claro que el juez es independiente, ahora el CGPJ ya es más difícil saber si puede ser independiente o no.

-Opina que "no se puede legislar a golpe de opinión pública". ¿Cree que los crímenes de gran repercusión mediática influyen en la independencia de la Justicia?


-Se hacen juicios paralelos constantemente y, quieras que no, después influyen. Ahora, la obligación del juez es no verse inquietado por esa actividad o esos juicios paralelos, pero es difícil a veces. Aunque considero que tenemos unos jueces lo suficientemente objetivos para luchar contra eso.

Extraído de http://www.revistafusion.com/20090125696/Entrevistas/Entrevistas/reeducar-con-juicio-emilio-calatayud-juez-de-menores.htm