Día del niño africano: Cuando el trabajo es cosa de niños

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Pamela limpia el suelo de una casa en Lilongwe (Malaui). Marcel Crozet / OIT

• Unos 50 millones de menores de 14 años trabajan en África y reclaman su derecho a un empleo adaptado a su edad y en condiciones dignas

Aún no son las siete de la mañana y Ousmane Gueye ya lleva dos horas despierto. Tras hacer la última comida antes del ayuno de Ramadán y con las primeras luces del amanecer, recorre con paso cansino la Avenida Burguiba de Dakar rumbo a la pequeña tienda en la que trabaja. A esa misma hora, pero en el barrio de Medina, la pequeña Khadiya Fall se ha dado cuenta de que no queda detergente para lavar los platos y se asoma a la puerta de la casa de la familia Diop en la que vive como doméstica. Mientras, en Ouakam, al norte de la ciudad, Pape Ndiaye transita con una carreta llena de hierros y tirada por un caballo al que se ven todos los huesos. Ousmane tiene 16 años; Khadiya y Pape, 14. Los tres son niños trabajadores, pequeños que hacen cosas de adultos. O eso parece a primera vista.

Están por todas partes. Incluso hoy, 16 de junio, Día Mundial del Niño Africano. Son aprendices de mecánicos, sirvientas, vendedores de pañuelos y agricultores; empujan carritos de café, lavan coches, bajan a la mina y van a buscar el agua al pozo. Están en Ghana, Guinea-Bissau, Níger, Malí, Sierra Leona, Mauritania, Chad o Mozambique. Y, por supuesto, en Senegal. En África entera. "No me dieron a elegir", dice Ousmane con cara de resignación, "era trabajar o trabajar". Khadiya es de Thiès y vino a Dakar a casa de unos parientes. "Con lo que gano, puedo ayudar en casa", asegura sonriente. Pape fue a una escuela coránica hasta el año pasado, pero su padre lo sacó de allí. "Consigo unos 1.000 francos CFA al día (un euro y medio) dando viajes con el caballo. Estoy contento, sí", apunta.

"Seamos claros, en África los niños trabajan. Pensar o pretender lo contrario es una utopía", asegura el beninés Aimé Bada, coordinador regional de la ONG africana Enda Jeunesse Action. En 1994, Bada era solo un adolescente cuando, junto a menores de cuatro países, fundó en Bouaké (Costa de Marfil) el Movimiento Africano de Niños y Jóvenes Trabajadores (MAEJT). "No es que estén deseando trabajar, es que el contexto les obliga a ello. Y si esto es así, tenemos que proteger sus derechos, que la labor que realizan sea adaptada a su edad y condiciones y que sea limitada para que tengan tiempo para formarse, si lo desean", añade.

Unos 50 millones de niños africanos de entre 5 y 14 años trabajan, lo que supone un porcentaje del 26,4%, el mayor del mundo por delante de Asia y Pacífico (18,8%) y América Latina (5,1%), según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este organismo de Naciones Unidas asegura que la erradicación de la práctica va más despacio en África que en cualquier otro continente y cita como explicaciones la pobreza, el elevado crecimiento demográfico, las crisis alimentarias recurrentes y la inestabilidad política y los conflictos. Prácticamente, todos los países han ratificado los convenios y acuerdos internacionales contra el trabajo infantil, especialmente los relativos a tareas peligrosas. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. 

 

Omar Sow, del Movimiento de Niños y Jóvenes Trabajadores. J. N.

La jueza Aissetou Kante, especializada en menores y familia, lo tiene claro. "El trabajo infantil forma parte de la tradición de numerosas sociedades africanas, está enraizado. Lo normal es que aquí el niño se forme en un oficio. La ley lo permite, pero prohíbe que hagan trabajos duros, se reconoce a los menores derechos económicos, pero se les protege de trata o explotación. En nuestras legislaciones hay una convivencia de las prácticas tradicionales socialmente aceptadas y los estándares más occidentales", asegura Kante.

¿Y qué pasa entonces con la escuela? "Ir al colegio es un derecho fundamental, no hay duda. Pero una vez más nos tropezamos con la realidad. Si los padres no tienen los medios económicos para enviarlo a la escuela o si necesitan que el niño colabore para sostener la casa familiar, no los vamos a meter en la cárcel por ello. En EE UU si un niño está dos días sin ir a clase los Servicios Sociales van a su casa a ver qué pasa. Eso es un derecho real. Aquí ese derecho es virtual, el Estado no tiene medios para aplicarlo", explica la jueza, para quien es muy importante distinguir entre explotación y trabajo infantil, "hay una tendencia a confundir ambos conceptos y no son lo mismo".

Frente al rechazo al trabajo infantil de los organismos internacionales, el MAEJT, integrado por decenas de miles de niños de 27 países africanos, defiende "el valor socializante del empleo", en palabras de Bada, siempre que sea adaptado a la edad y en condiciones dignas. La fuerza de este movimiento son los grupos de base que surgen en mercados, estaciones de transporte, barrios o pueblos, allí donde haya niños que trabajen y sientan la necesidad de organizarse. En la actualidad hay más de 3.000 de estos grupos que prestan asistencia, apoyo y asesoramiento a los niños trabajadores. "Hace dos meses, una pequeña fue acusada de haber robado 10.000 francos (unos 15 euros) en la casa donde trabajaba como doméstica en Dakar y dio con sus huesos en la cárcel sin juicio ni pruebas. Los miembros de su grupo se movilizaron, fueron a Comisaría y lograron que fuera liberada", explica Bada.

En Keur Serigne, un barrio de Louga, ciudad del norte de Senegal, no hay muchos chicos que vayan al instituto. Quizás arropado por ese ambiente, Omar Sow dejó los estudios al cumplir los 16 años. "Quería tener dinero para salir por la noche, ir a bailar, ser independiente. Así que empecé a conducir una calesa. Ganaba un euro al día más o menos". Entonces entró en contacto con otros chavales trabajadores como él y le hablaron del MAEJT. "Yo veía las condiciones en las que vivían: niños que eran explotados, niñas que sufrían abusos, violencia de todo tipo, una vulnerabilidad enorme. Entonces decidí crear un grupo de base en Keur Serigne", recuerda.

Durante dos años, Sow luchó por reducir la carga de trabajo de los chicos y para que tuvieran un salario apropiado, denunció casos de violaciones, consiguió que un centenar tuvieran un certificado de nacimiento del que carecían y organizó cursos de alfabetización para que los pequeños pudieran volver a la escuela. Hasta que se dio cuenta de que estaba predicando una cosa y haciendo otra. "Comprendí que debía ser modelo, que si quería seguir trabajando por la protección de menores debía terminar mis estudios. Además, quería reconciliarme con mi familia. Cuando decidí dejarlo fue una gran frustración para todos".

En la actualidad, Omar Sow, responsable de movilización del MAEJT en Senegal, que agrupa a unos 18.000 miembros, trabaja para una ONG italiana tras haber terminado con sobresaliente la carrera de Filosofía en Dakar. "Uno de los pensadores que más me gusta es Emmanuel Kant y, en concreto, su primera formulación del imperativo categórico, en la que dice que hay que actuar de tal modo que puedas igualmente querer que tu máxima de acción se vuelva una ley universal. Yo lo traduzco diciendo que nunca debes hacer al otro lo que no quieres que te hagan a ti".

Desde España, la Fundación Xaley lleva 12 años apoyando al MAEJT de Senegal con el objetivo de reforzar las capacidades de sus miembros e inspirar a la juventud española, "un intercambio enriquecedor para ambas culturas que se aleje de las relaciones de dependencia, del etno y adultocentrismo". En concreto, Xaley se ha embarcado este año en la renovación de seis escuelas de Thiès en colaboración con la Red Internacional de Educación, la educación entre iguales en salud biopsicosocial y el empoderamiento juvenil para la protección de la infancia. "Hoy, Día Internacional del Niño Africano, es el momento perfecto para recordar que la infancia y juventud africana en situación de vulnerabilidad no solo es receptora de ayuda internacional, sino que también se moviliza activamente para transformar su realidad y… la nuestra", asegura Caroline Jérôme, directora de Xaley.

Los 12 derechos

El MAEJT vio la luz en 1994, cuando un grupo de niños y niñas de Costa de Marfil, Benín, Senegal y Malí decidieron marchar en la manifestación del Primero de Mayo que se celebraba en Bouaké. Entonces decidieron constituirse en movimiento y dotarse de unos principios fundamentales, los llamados 12 derechos:

1. Derecho a una formación para aprender un oficio
2. Derecho a quedarse en el pueblo (a no emigrar).
3. Derecho a ejercer nuestras actividades con toda seguridad.
4. Derecho a un trabajo ligero y limitado.
5. Derecho a baja médica.
6. Derecho a ser respetado.
7. Derecho a ser escuchado.
8. Derecho a divertirse y jugar.
9. Derecho a atención médica.
10. Derecho a expresarse y organizarse.
11. Derecho a aprender a leer y escribir.
12. Derecho a una justicia equitativa en caso de problemas.

FUENTE: El País.

“Un maltratador nunca puede ser un buen padre”

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Agentes de la Guardia Civil, en el domicilio del hombre de Moraña que degolló a sus dos hijas el 30 de julio. / O. CORRAL (EL PAÍS)

• Los protocolos para proteger a hijos de víctimas de violencia de género no se aplican

Elena G. Sevillano / Pilar Álvarez Madrid 7 AGO 2015 -


Cuatro menores supuestamente asesinados por sus padres en apenas una semana. Desde 2013, un total de 18 niños víctimas mortales de la violencia de género. Sobre el papel, España dispone de protocolos que alertan de la necesidad de vigilar y proteger a los hijos de mujeres maltratadas, pero los expertos denuncian que no se están poniendo en práctica y que los agresores siguen disfrutando de visitas sin supervisión o de la guarda y custodia de sus hijos que les conceden los jueces. “Un maltratador nunca puede ser un buen padre”, advierten.

El Gobierno acaba de aprobar una Ley de Infancia que reconoce como víctimas directas a los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de género y que recuerda a los jueces que siempre deben pronunciarse sobre las medidas cautelares (régimen de visitas, guarda y custodia...) que les afectan. Al hacerlo, viene a reconocer que la protección de los menores sigue siendo una asignatura pendiente en España, algo con lo que coinciden los expertos consultados. El debate se reabre después de conocerse que un hombre presuntamente mató a su mujer y a sus dos hijos en Castelldefels (Barcelona) y luego se suicidó y que otro degolló a sus dos hijas en Moraña (Pontevedra).

“Lo primero cuando se produce un caso de violencia de género debería ser evaluar sistemáticamente el riesgo que corren niños y niñas, pero en muchos casos son los propios juzgados los que no lo hacen y aseguran que no es necesario”, señala Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado de Violencia de Género entre 2008 y 2011.

“Todavía se normaliza o se minimiza la violencia de género, que tiene raíces muy profundas”, asegura Tania Sordo, abogada de Women’s Link especializada en derechos de las mujeres. Uno de los estereotipos es el de que un hombre puede ser buen padre a pesar de ser un maltratador. “El proceso está fallando. A muchas víctimas se les resta credibilidad. No se les acredita la condición de víctima y los jueces no intervienen para valorar el interés superior del menor, que siempre debe ser superior al derecho del padre de ver a sus hijos”, añade. Tanto Sordo como Lorente relatan casos de niños que manifiestan temor a quedarse con sus padres, testimonios recogidos en documentos, pero que finalmente no se tienen en cuenta. La convención de los derechos de los niños, ratificada por España, señala que “se les debe escuchar conforme a su madurez y edad y tener en cuenta sus opiniones”.

Los expertos recuerdan que este tipo de violencia no se dirige físicamente a la mujer, pero va directamente contra ella. Los hijos son el canal que usan para hacerle el mayor daño posible. “El componente vengativo forma parte de uno de los motores de estos delitos. La venganza, la ira, el machismo, la impulsividad, la obcecación con la pareja, el trastorno emocional son otros de ellos”, apunta Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona.

Lorente no cree que en la proximidad en el tiempo de estos dos casos haya un efecto llamada. Ver otros casos “refuerza al maltratador y hace que piense más en el posible crimen”, señala, pero opina que se trata de actos normalmente premeditados y planeados con antelación.

El PSOE reclamó ayer un sistema de valoración de riesgo que facilite a los jueces la adopción de medidas para proteger a los hijos de la violencia de género. Ha presentado una proposición no de ley en el Congreso. El ministro de Sanidad, por su parte, pidió que se denuncie más. Las denuncias, sin embargo, no siempre evitan la tragedia. Una de cada tres mujeres asesinadas el año pasado (54) denunció a su agresor.

Marisa Soleto, de la Fundación Mujeres, apuntó a otro problema: la formación de quienes intervienen en un caso de violencia de género. “Cómo es posible —señaló sobre los asesinatos de Castelldefels— que después de varias intervenciones de los Mossos, aunque no mediase denuncia, nadie se plantease que había que hacer una intervención de protección de los menores que vivían allí”.

FUENTE: El País.

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“Pido medidas efectivas contra los hombres envenenados”

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Margarita Dopico, madre de un niño asesinado por su padre. / Óscar Corral (Atlas) 

• Madres de niños asesinados por sus padres denuncian la desprotección de los hijos de mujeres maltratadas tras el crimen de Moraña

Sonia Vizoso A Coruña 5 AGO 2015 - 21:52 CEST

Margarita Dopico, la madre del bebé de 14 meses al que su padre prendió fuego dentro de un coche en 2010 en Paderne (A Coruña) tras anunciarle a ella el crimen por teléfono, dedicó en la mañana de este miércoles unas palabras a los “hombres envenenados”: “Les pido que por favor se lo piensen antes, porque esto causa dolor no solo a las madres sino a sus propias familias y a toda la sociedad”. Dopico expresó en A Coruña su “profundo pesar y dolor” por Candela y Amaia, las dos hermanas de cuatro y nueve años degolladas presuntamente el pasado viernes por su padre en Moraña (Pontevedra), y por “todos los niños asesinados por sus progenitores”.

Lo hizo rodeada de mujeres maltratadas que sufren hoy la angustia de tener que dejar a sus hijos, por orden judicial, con quienes podrían ser sus verdugos. Y apoyada por Ruth Ortiz, la exmujer de José Bretón, el parricida de los pequeños Ruth y José. Ortiz viajó a A Coruña pero no soportó la presión y finalmente decidió no participar en el acto. “Pido a las autoridades que, además de expresarse públicamente, no quede la cosa solo en palabras, que tomen medidas efectivas”, ha añadido Dopico durante una protesta convocada, con toda la intención, a los pies de la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Juristas y asociaciones feministas reclaman medidas para proteger a los hijos de hombres maltratadores, que siguen recibiendo permisos para quedarse al cuidado de los menores sin ningún tipo de supervisión. Hace solo unos días el Gobierno de Mariano Rajoy ratificó su negativa a indemnizar a una mujer cuya hija de siete años fue asesinada por su padre en uno de los encuentros del régimen de visitas que se le impuso cuando se separaron. El Ministerio de Justicia ignora así una condena del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer que considera que España desprotegió a Ángela González y a su pequeña. El crimen ocurrió hace 12 años después de que esta madre, que había denunciado a su exmarido en 30 ocasiones, suplicase reiteradamente que su agresor no viese a su niña sin vigilancia.

Entre decenas de zapatos rojos, símbolo internacional contra la violencia machista, la asociación gallega de mujeres maltratadas Ve-la Luz, organizadora del acto, ha denunciado el caso de una víctima con orden de alejamiento de su presunto agresor a la que la Audiencia Provincial de A Coruña acaba de imponer una custodia compartida. “¿Cómo se comparte custodia con un violento?”, se pregunta una de las portavoces del colectivo, quien considera que en “muchos casos” de parricidio “se sabía lo que podía pasar y no se evitó”.

La abogada Pilar López Guerrero lleva más de 20 años especializada en asistir a mujeres maltratadas. La ahora decana del Colegio de Abogados de Ourense creó en los años noventa con otros colegas un turno específico para estos casos y un teléfono de atención a víctimas durante 24 horas. Desde su experiencia defiende que no es preciso cambiar el Código Penal o la Ley Integral contra la Violencia de Género para proteger a los hijos de hombres maltratadores porque las medidas cautelares previstas, si se aplican, funcionan. A juicio de López Guerrero, a un agresor se le debe retirar la custodia o el régimen de visitas si ha sido condenado, mientras que si todavía no ha ido a juicio se le deberían mantener encuentros con sus hijos bajo supervisión.

Donde sí ve carencias López Guerrero es en la evaluación de los riesgos y la protección de las víctimas cuando el infierno del maltrato acaba en denuncia. La abogada aprecia “falta de medios” en las comisarías de policía, que deberían contar con psicólogos y trabajadores sociales que pudiesen dar amparo profesional a las angustiadas mujeres que intentan huir de su agresor. “En un accidente aéreo o de tren se envía rápidamente un equipo de psicólogos, en estos temas no”, lamenta. “Aumentar los medios ayudaría a garantizar que las denuncias se hiciesen bien y llegasen a buen fin”. El Colexio Oficial de Psicólogos de Galicia denunció recientemente en el Parlamento gallego la falta de formación psicológica de los agentes de las fuerzas de seguridad para evaluar la peligrosidad de un maltratador y detectar dependencias emocionales o psicopatías, mientras que miembros de la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer del Consejo General de la Abogacía Española critican que las decisiones judiciales sobre las visitas de padres agresores se toman basándose en informes psicosociales realizados por equipos de la Administración que están "infradotados" y, en muchos casos, "desbordados".

FUENTE: El País. 

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China estudia erradicar la política del hijo único

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Las autoridades visitan en un hospital de Pekín al niño considerado el habitante 1.300 millones de China, en 2012. / AP (Xinhua Chen Shugen)

• Pekín se plantea esta medida ante el envejecimiento de la población

Xavier Fontdeglòria Pekín 4 AGO 2015 - 21:26 CEST

Tras casi 40 años de control estricto de la natalidad, China parece estar dispuesta a dar el carpetazo definitivo a la política del hijo único. Ante el envejecimiento de la población, Pekín se plantea extender a todas las parejas la posibilidad de tener un segundo vástago, un cambio de gran simbolismo que enterraría una de las leyes más polémicas del país. Se calcula que la norma ha evitado 400 millones de nacimientos.

Los expertos coinciden en señalar que la cuestión no es si se suprimirá la medida del hijo único, sino cuándo. El periódico local China Business News, citando fuentes de la Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar, ha asegurado que el cambio podría llegar “antes de finales de año si todo va bien”. El organismo, que no respondió a las preguntas de este periódico sobre el asunto, negó sin embargo al rotativo China Daily que se haya establecido un calendario para permitir el segundo vástago a todas las parejas. “Hace tiempo que se debería haber implantado. Por cada año que se tarda en hacerlo, millones de mujeres pierden su mejor época para concebir un bebé”, argumenta el demógrafo He Yafu.

La ley del hijo único se puso en marcha bajo la Administración de Deng Xiaoping con el objetivo de mitigar los problemas sociales, económicos y medioambientales de una sobrepoblación del país. Pero su aplicación ha sido controvertida tanto por la privación del derecho de los padres a decidir de forma libre el número de hijos que quieren criar, como por las numerosas denuncias de abortos y esterilizaciones forzosas. El legado de la ley, además, es el de una población cada vez más envejecida que amenaza la sostenibilidad del ya de por sí frágil sistema de seguridad social chino y el de un concepto de familia basado en tener pocos hijos que ahora será difícil de erradicar.

Según datos del último informe de perspectivas de población de Naciones Unidas, un 16,8% de la población china tiene 60 años o más. El porcentaje se disparará hasta el 45,4% en 2050 y podría alcanzar el 56,1% en el año 2100. Por otra parte, la población del gigante asiático en edad de trabajar decrece desde 2012 a un ritmo anual de entre dos y cuatro millones de personas. “El envejecimiento de la población es una gran amenaza para el sistema de Seguridad Social. Una vez tienes una gran proporción de personas que no trabajan, la presión crece sobre las pensiones, el sistema de salud, los recursos disponibles para cuidar de las personas mayores... El Gobierno chino es consciente de ello, pero tiene que llevar a cabo políticas más proactivas”, defiende Elena Glinskaya, especialista en protección social del Banco Mundial en China.

En un intento de aliviar esta presión, Pekín decidió flexibilizar parcialmente la política del hijo único a finales de 2013. Si antes solo se permitía un segundo vástago a parejas formadas por hijos únicos, ahora basta con que uno de los dos cónyuges lo sea para conseguir el permiso. Pero la medida no ha provocado el baby boom esperado: de los 11 millones de parejas que cumplen este nuevo requisito, solo un millón y medio ha pedido el permiso. Los expertos temen que el país quede estancado en una tasa de fertilidad baja de forma permanente: “La actitud de los ciudadanos también ha cambiado, se han acostumbrado a este tipo de familia. Incluso con nuevas políticas que fomentaran los nacimientos podría no ser suficiente”, señala He.

En un informe publicado a principios de año, la Academia China de Ciencias Sociales instó a las autoridades a adoptar una política demográfica “más agresiva” al constatar que la tasa de fertilidad en el país es de 1,4 hijos por mujer. Es una cifra que se acerca peligrosamente al 1,3, un umbral que los países que lo han alcanzado no han conseguido remontar por muchos incentivos a la natalidad que hayan aprobado.

“No podemos permitirnos otro más”

Li Rui y su marido viven más allá del quinto anillo de Pekín, donde la densidad de población es menor y los alquileres más baratos. Su hija está a punto de cumplir tres años. El cambio de la ley del hijo único en 2013 les da la opción, como a otros 11 millones de parejas chinas, de pedir autorización para tener otro descendiente. Les gustaría aumentar la familia, pero no se les pasa por la cabeza: “Criar un hijo en una ciudad como Pekín es demasiado caro, no podemos permitirnos otro”.

Estudios como el realizado en 2014 por la agencia oficial Xinhua muestran que es cada vez más caro criar a un hijo en China, y más en las principales ciudades del país, como Pekín. La renta per capita disponible en 2014 en la capital china fue de 43.910 yuanes anuales (unos 6.300 euros). Una cantidad con la que a muchas parejas no les salen las cuentas para lanzarse a tener más descendencia.

En el caso de Li y su esposo, además, la familia tendría que mudarse a un piso más grande. Oriundos de la provincia central de Henan, tampoco tienen la suerte de contar con los abuelos para cuidar de la niña y la mujer tuvo que dejar de trabajar para atenderla.

FUENTE: El País. 

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Claves para tener un divorcio sin violencia ni complicaciones

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• El primer paso es aceptar lo ocurrido y pasar página cuando antes.
• Un divorcio se puede gestionar de forma positiva.
• Si hay hijos, es mejor no ocultarles la realidad.
  

BEATRIZ G. PORTALATÍN Madrid

Desde que en el año 1981 se aprobara en España la Ley del Divorcio, muchas parejas se han quedado en el camino. Según los últimos registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de nulidades, separaciones y divorcios en 2013 fue de 100.437. En 2012 de 110.764. La cifra más alta hasta entonces, se dio en el año 2006 con más de 145.000 rupturas. Pero no todos los procesos han sido iguales ni han tenido las mismas consecuencias para la pareja ni para los hijos, en el caso de que hubieran. ¿Cuándo es más difícil una ruptura?

Algunas separaciones son complicadas, violentas y agresivas, como la que están protagonizando el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar y Natalia de la Nuez -según han reconocido ambos- y otras, en cambio, transcurren sin ruidos sabiendo el valor que ha tenido la persona que ha pasado un tiempo en tu vida. Pero no es fácil.

"En líneas generales, un proceso de divorcio es más complicado cuando ha habido muchos conflictos en la pareja y, sobre todo, cuando ha fallado la comunicación o bien ha habido un silencio conflictivo", asegura a EL MUNDO Rosa Collado Carrascosa, especialista en sexología y psicoterapia integradora del centro Álava Reyes de Madrid. Por supuesto, "si las diferencias se han resuelto con violencia, agresividad, insultos y desprecios, y se desea hacer daño a la otra parte, la cuestión empeora mucho más", añade Ana Sierra, psicóloga y terapeuta sexual y de pareja.

Una ruptura sentimental supone uno de los cambios más importantes para una persona, sean cuales sean los motivos de ruptura y a pesar de lo feliz o no que se haya sido en el tiempo que ha durado la relación, incluso si la ruptura ha sido de mutuo acuerdo. Tanto si hay acuerdo para terminar con la historia, como para quien deja la relación o es dejado. Todos pasan por un proceso de duelo que, según los manuales, tiene al menos cuatro fases: Una primera de negación (esto no me está pasando a mí), una segunda de rabia, una tercera de dolor y tristeza y, finalmente, una de aceptación y asimilación de todo lo ocurrido.

"Las personas tienen que reorientar de nuevo su vida y en ese camino surgen muchos miedos e inseguridades. A veces, incluso existen problemas de ansiedad y depresiones que es necesario tratar para que no se prologuen en el tiempo. Pero el sentimiento de tristeza, por regla general, siempre está presente en este cambio", afirma Collado. Además, según añade la psicóloga Patricia Ramírez Loeffler, el dolor de la ruptura no es proporcional a los años de relación, sino que tiene ver con otros factores como por ejemplo, el grado de enamoramiento, complicidad o adoración hacia la otra persona.

Pero a pesar de lo malo, un divorcio se puede hacer de forma que resulte lo más saludable y positivo para ambos miembros de la pareja, "o al menos intentarlo", dice Collado. Sólo hay que tener en cuenta algunas claves. Las más importantes como el respeto y una buena comunicación.
 

Claves para facilitar el proceso

Para Patricia Ramírez, el primer paso está en aceptar que la otra persona ya no quiere estar con nosotros. Hay que pasar página. Es importante tomar distancia porque es el momento de que cada uno aprenda a vivir solo. Hay que respetar la decisión del otro, sin amenazas ni chantajes. Y nunca utilizar a los hijos como arma de chantaje, porque eso sólo traería más problemas.

Del mismo modo, añade Ramírez, hay que facilitar a la persona que se va de casa que pueda recoger sus cosas de forma tranquila, y formalizar cuanto antes los papeles. De nada sirve, alargar la espera. "Si quieres descansar y cerrar la carpeta, desea lo mejor al otro y piensa que a veces las cosas pasan por algo. Igual algún día tienes que agradecer esa ruptura por haber encontrado después a una persona maravillosa", afirma esta experta.

Otra de las opciones que puede facilitar el proceso es contar con un abogado común o incluso un psicólogo que oriente a la pareja en todo el proceso facilita mucho el divorcio. "Buscar ayuda siempre es importante", dice Collado.

"Lo crucial es aprender a comunicarse, escuchar y desear lo mejor para todos", señala Sierra. La comunicación ha de ser eficiente y efectiva, ser claros y no dejar nada por supuesto. A veces, el sentido del humor es un buen aliado para poder sobrellevar mejor esta carga. Al final, los resentimientos y las venganzas no valen de nada.

Cuando hay niños

Si hay niños, hay que tenerles presentes en todo momento y tomar las decisiones pensando en facilitarles las cosas en todo lo que se pueda. "Aunque estemos muy enfadados con la ex pareja, siguen siendo padres o madres de nuestros hijos y ellos tienen derecho a tener el afecto de ambos", afirma Sierra. Por ello, es necesario tener en cuenta otra serie de consejos y/o recomendaciones aparte de las anteriores.

La especialista Rosa Collado señala las siguientes indicaciones:

1- No mentirles ni sobreprotegerles. Es mejor no ocultarles la realidad.

2- Informarles con el lenguaje adecuado a su edad, de lo que es una separación y lo que significa que sus padres ya no estén juntos.

3- Dejar que expresen sus emociones, que no las tapen ni las se las nieguen sino ayudarles a que las expresen de la forma que quieran y escucharles en todo momento.

4- Mantener la rutina. Aunque la estructura familiar cambie, es importante que los niños mantengan sus hábitos diarios, sus rutinas y actividades.

5- Darles mucha atención y cariño porque a veces los niños se sienten culpables de lo que ha pasado. Por ello, es fundamental repetirles que las decisiones que toman los adultos nada tienen que ver con ellos, que son precisamente eso: decisiones de adultos.

6. No atacar ni desvalorizar al otro miembros de la pareja delante de los pequeños, sino favorecer el entendimiento y acercamiento hacia él o ella.

7. Resolver todas las dudas que puedan tener.

FUENTE: El Mundo.

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• Expertos exigen medidas de protección que prevengan el rapto de los menores de edad

Elizabeth Ramírez Restrepo Madrid 18 NOV 2014 - 12:26 CET

Este es uno de los tantos procesos judiciales de secuestro parental aún sin resolver en España. La pelea por la custodia del niño Hugo Medina Ferrer comenzó semanas después de que sus padres Emiliano Medina y Elena Fiorella Ferrer se divorciaran. Ella, según asegura Emiliano, secuestró al menor tres años atrás cuando se lo llevó consigo fuera de Madrid para comenzar otra vida en la ciudad de Trujillo, en la costa norte peruana. Desde aquel verano de septiembre de 2011, cuando ambos partieron en un avión para Sudamérica sin billete de regreso a España, las alegaciones en los juzgados han sido permanentes. Sentencias y posteriores apelaciones han hecho que la resolución de este caso de secuestro parental internacional se haya alargado más tiempo de lo que el Convenio de La Haya sugiere, seis semanas.

Según datos del Ministerio de Justicia español, el Gobierno recibió 214 solicitudes de restitución en 2012 —estadísticas que se limitan a los casos relacionados con el Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980—; en 133 de estas el país actúo como estado requirente, y en 81 como requerido. Al año siguiente, España recibió 243 peticiones de restitución de menores; en 95 de estas el Gobierno actuó como país requerido, y en los 148 restantes, fue requirente.

De momento, el padre de Hugo cuenta con una sentencia de custodia definitiva emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Colmenar Viejo (Madrid); mientras que la madre posee la anulación del fallo español expedido por la Segunda Sala de Familia de La Libertad en Perú. Ambos esperan el dictamen del fiscal de dicho país suramericano.

La madre, peruana y de 29 años de edad, reside con su hijo (nacido en España) en la localidad Trujillo desde septiembre de 2011; y el padre en Madrid. El Quinto Juzgado de Familia de Perú inició el proceso judicial de restitución el cinco de junio de 2012. En las alegaciones, la madre ha asegurado ante el juez que el Gobierno español nunca le pidió autorización de viaje del menor al momento de sacarlo.

Medina sostuvo una relación sentimental con la peruana que fracasó después de seis años de convivir como pareja de hecho. En verano de 2010, Medina planteó a su mujer terminar con la relación sentimental. Ambos firmaron el divorcio 13 de mayo de 2011. Posteriormente, ella le denunció por malos tratos el 28 de mayo de 2010. Un juez terminó por darle la razón a Medina que quedó en libertad sin cargos el 31 de mayo de 2010. Un mes después estos firmaron un acuerdo extrajudicial a fin de establecer el tiempo que cada uno tendría cada uno en las vacaciones de verano. El 28 de enero de 2011, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de Colmenar Viejo otorgó al padre de manera temporal la custodia del menor, que pasó a ser definitiva el 13 de junio de 2011.

Dicho fallo dictaminaba que el niño "quedaba en compañía y bajo el cuidado directo del padre, siendo la patria potestad compartida". Así, la madre "tendría derecho a estar con su hijo: fines de semana alternos, desde el viernes a la salida del colegio hasta el domingo a las 21.00 horas. La mitad del periodo vacacional escolar podría dividirse por quincenas de existir acuerdo entre ambos progenitores". Fue precisamente durante las vacaciones del verano de 2011 cuando la madre salió de España con Hugo rumbo a Perú, sin el permiso del padre de este.

La directora de la Fundación Anar de España, Leticia Mata, asegura que "la más reciente memoria de la Fiscalía del Estado publicada a finales de 2012 ya avisaba de un incremento del 67% respecto al año anterior de los procedimientos judiciales iniciados por este motivo. El aumento de los casos de secuestro parental ha sido muy grande. La sociedad está preocupada y exige respuestas porque consideran que no son suficientes las medidas para prevenir esto, ya que en el momento que el rapto se produce las posibilidades de restituir a tu hijo al país de residencia son mínimas".

El representante de España ante la Red Internacional de Jueces de La Haya, Javier Forcada Miranda, asegura que “el tiempo estimado que puede llevar el proceso de restitución de niños españoles víctimas de secuestro parental depende del país donde se encuentren estos. Reino Unido, Finlandia, Holanda, y otros estados del entorno europeo tienen buenos ratios pero, por ejemplo, en Estados Unidos la duración media de un proceso de estos supera los dos años, cuando el Convenio de 25 de octubre de 1980 marca seis semanas”.

La Red Internacional de Jueces de La Haya, que está formada por 91 jueces correspondientes a 60 países de todo el mundo, "intervino de manera activa en 49 casos que afectan a 25 países en el periodo bianual 2011-2012. Y el año pasado lo hizo con 54 casos que afectaban a 25 países", según Forcada.

Mata, directora de la Fundación Anar, explica que "cuando se trata de dos padres españoles es raro que uno de ellos huya a otro país en compañía de los hijos. A nosotros cuando nos llaman y nos cuentan que los progenitores comienzan a tener problemas, y detectamos que uno es extranjero y que carece de vínculos con España y que además está sin trabajo, procedemos a prevenir el secuestro parental. Le decimos al progenitor que sí se quiere divorciar lo primero que tiene que hacer es pedir unas medidas cautelares para que el niño no salga del país, mientras que dura el procedimiento de la separación".

En las últimas estadísticas de la plataforma Missing Children de Europa informaban en junio en Bruselas que el 85% de los casos de desaparición de menores reportados en 2013 habían sido por fuga o secuestro parental. De estos, un 36% correspondía a secuestros parentales y un 50% a fugas. Respecto a España, el teléfono Anar atendió un total de 229 casos de niños desaparecidos —por fugas, secuestro parental o criminal, ser echado de casa, estar perdido o tratarse de un inmigrante no acompañado— durante el año pasado. "Los principales motivos de desaparición de niños y adolescentes en España recogidos por el 116 000 son las fugas, que representan el 50,2% % de los casos; los secuestros parentales, el 19,6%; y situaciones en las que los menores de edad han sido echados de casa, el 18,8%", según cifras recogidas en el último informe publicado por la Fundación Anar. Cualquier situación de emergencia puede ser denunciada al teléfono 116 000.

Existen tres convenios internacionales que cobijan a una gran parte de países respecto al tema de sustracción de menores. Se trata del Convenio de La Haya de 1980, el Convenio de Montevideo en Latinoamérica, y el Convenio de Bruselas II. Los tres convenios intentan proteger a los niños sustraídos y al mismo tiempo buscan agilizar el proceso de restitución.

Según el padre de Hugo, Emiliano Medina, que trabaja como vigilante de seguridad para la empresa Seguritas en Madrid, el proceso judicial de restitución de su hijo, con "honorarios pagados a los abogados en ambos países, además de los desplazamientos de un continente a otro y la papelería" le han costado "50.000 euros hasta la fecha". Este hombre que resalta que fue engañado por su primer abogado, detalla el dinero gastado desde el salón de su residencia en Alcobendas. "A lo mejor un informe psicosocial me ha podido valer unos 800 euros, y luego el envío de este que debe de estar certificado, pues también me ha podido valer ciento y algo de euros. Cada cosa me ha supuesto un dineral", explica este hombre, mientras sostiene un libro de al menos 400 páginas que reúne a varios documentos y fotocopias de sentencias, peticiones, presupuestos, fotos y declaraciones.

El abogado de familia Ricardo Cañizares recalca que "no se puede generalizar en cuanto a las cifras porque cada procedimiento judicial es diferente. El precio depende de si este es complejo o no, de los convenios de restitución que España tenga con el país donde se encuentra el menor o de la facilidad de negociación entre las dos partes".

La abogada de familia Charo García Mariscal, que lleva el caso de Emiliano en España, explica que la Audiencia Provincial de Lima 'juega' con los conceptos de patria potestad y custodia al decir que si los dos tenían la patria potestad, la madre podía sacar al menor de España. La Audiencia Provincial ordena que el caso vuelva a primera instancia y que lo subsane. Todo se va dilatando y el tiempo opera en favor de la madre, porque el niño cada vez está más arraigado en Perú".

Para el abogado experto en secuestro internacional de menores, José Luis Ariego, desde que "España aprobó la ley de violencia de género 2011-2004 esta se ha convertido en un paraíso para las secuestradoras de niños”. Este asegura que “aquella mujer que en cualquier país del mundo quiere tener una facilidad para que no tenga que devolver al niño se lo trae a España y presenta una denuncia de malos tratos diciendo que está huyendo del otro progenitor. Sin una medida cautelar, cualquiera de las dos partes puede sacar el niño de España sin ningún problema, teniendo a la mano el pasaporte del menor”.

La extrabajadora social de Child Care Susana Pascual, opina que el hecho de salir del país es "independiente" de la sentencia por malos tratos. "Lo que sí que es verdad es que hay ocasiones en que las madres aprovechan este tipo de denuncias para que la custodia sea favorable para ellas, y así, les sea más fácil sacar al niño del país; o en otras ocasiones, lo hacen incluso en el momento en que la pareja está detenida en el calabozo por malos maltratos", señala.

El pasado 27 de junio entró en vigor el real decreto que requiere el consentimiento expreso de los dos progenitores —antes se requería solo de uno— para que la policía expida el pasaporte del menor (hasta que cumpla los 18 años). Pero según los expertos consultados, esta medida de prevención de secuestro parental no es suficiente para proteger a los niños.

"Esta medida no es suficiente. Imagínate que ambos padres, que tienen una excelente relación, expiden el pasaporte del menor conjuntamente, pero luego de tramitar el divorcio uno de los dos decide llevarse al niño fuera del país. El padre o la madre puede huir al extranjero con el menor si uno de los dos posee el pasaporte del menor", explica la directora de la Fundación Anar, Leticia Mata. Y agrega, que "varios países latinoamericanos —tales como Colombia, Venezuela o Chile— han solucionado el problema social a través del requerimiento de una autorización judicial firmada por ambos progenitores cada vez que el menor vaya a ser sacado del país donde reside".

Mata, asevera que "la forma más terrible de maltratar a un niño es secuestrándolo". "He interrogado varios niños que han sido raptados que aseguraban que uno de sus progenitores los había abandonado o había muerto. Imagínate el trauma de un niño, con doce años, que después de tres o cuatro de pleito sabe que su padre o madre está vivo", relata.

Otro caso es el de Alberto Encinas, de origen español y padre de la menor Olivia Encinas Hlond, de 11 años, que también ha sido víctima de secuestro parental. Estuvo casado con la polaca Katarzina Hlond, relación de la cual nació Olivia el 25 de abril de 2004. Luego de divorciarse de Hlond la Audiencia Territorial de Czestochowa (Polonia) otorgó la custodia compartida a ambos.

Katarcina Hlond y su hija, de 11 años, nunca regresaron a Palma de Mallorca —actual residencia de Alberto Encinas— de un viaje a Polonia a casa de los padres de Hlond en 2011.

Según la abogada de Encinas en Polonia, Marta Świrgoń el "21 de febrero de 2013 el Juzgado de Primera Instancia de Polonia emitió una sentencia de custodia de la menor a favor del padre. Después, la madre puso un recurso, y entonces, el Juzgado de Segunda Instancia del distrito de Częstochowa Czestochowa (Polonia) pasó a revisar la decisión del juez de Primera Instancia. El 2 de julio 2013 el Juzgado de segunda instancia dedujo que la decisión del Juzgado de Primera Instancia era totalmente correcta, y entonces, desde esa fecha la sentencia pasó a ser firme". La abogada asegura también, que en el momento del procedimiento de restitución de la menor Katarzina Hlond desapareció junto con la niña. "Nosotros no sabemos dónde está. En este momento la policía la está buscando, pero hasta ahora no la han podido encontrar”, finaliza. La niña, desde febrero de este año, aparece en la lista oficial de desaparecidos en Polonia.

El Centro Experto Internacional de Secuestros de Menores con sede en Holanda (CEIS). De los 50 casos españoles que este Centro recibe al año solo aceptan como clientes reales entre cinco y diez padres a los que les cobran entre 9.000 y 35.000 euros en total por la recuperación del menor de edad. "Usamos cuatro categorías de países y de presupuestos. Las categorías se rigen por el estado donde fue secuestrado el menor. Hacia o dentro de Benelux 9.500 euros, más costes por viajes; hacia dentro o fuera de Europa y Estados Unidos 15.500 euros, más costes por viajes; fuera o desde Europa o Estados Unidos (hacia un estado no musulmán) 25.500 euros, más costes por viajes; fuera o desde Europa o Estados Unidos (hacia un estado musulmán) 35.500, más costes por viajes", explica por correo electrónico Anselmo Llobera, fundador del Centro Experto Internacional de Secuestros de Menores.

Él lo vivió en primera persona. Su mujer secuestró a los tres hijos de ambos en 1999. Recuperó a todos. "Hay muchos métodos que se pueden utilizar para una restitución legal y segura del menor secuestrado internacionalmente desde el país de origen al otro. Nosotros no trabajamos usando métodos ilegales, nosotros trabajamos de otra manera", agrega que asegura además que el porcentaje de éxito es más 90%, simplemente por usamos diferentes métodos —a la misma vez— poco ortodoxos, pero siempre legales", agrega Llobera.

"Mi hija en Polonia no puede escolarizarse, ni puede acudir a sanidad ni nada de esto sin ser rastreado por la policía, en principio. La orden internacional por Interpol la debería hacer España", agrega Encinas, que a la fecha "ha pagado a la fecha 20.000 euros por el procedimiento judicial".

El representante de España ante Red Internacional de Jueces de La Haya, Francisco Javier Forcada Miranda, precisa que "el único convenio bilateral con otro país que tenemos sobre esta materia es el de 30 de mayo de 1997 con Marruecos, país con el que desde el 1 de mayo de 2011 tenemos en vigor a la vez el de La Haya de 25 de octubre de 1980. Sería deseable contar con convenios o instrumentos bilaterales, especialmente con aquellos países con los que no nos vincula un convenio multilateral".

FUENTE: El País.

FORMACIÓN RELACIONADA:

-Máster en Maltrato al Menor.

La pesadilla argelina de Asunción

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• Una mujer sevillana recorre cada fin de semana cerca de mil kilómetros en Argelia para ver a los tres hijos que se llevó ilegalmente su exmarido

Ignacio Cembrero Madrid 3 NOV 2013 - 22:47 CET

El pasado fin de semana tampoco lo consiguió. Asunción Salas Dual se recorrió los 500 kilómetros que separan Argel del pueblo de Ain Trab, en el este de Argelia. Se presentó allí, ante la puerta de la casa de su exmarido, Hocine Mabrouk, pero no pudo ver a ninguno de sus tres hijos.

El anterior fin de semana, el viernes 25 de octubre, esta madre sevillana de 32 años tuvo algo más de suerte. “Los niños pudieron salir al porche unos diez minutos y allí nos abrazamos con todas nuestras fuerzas”, recuerda Salas, por teléfono, desde el taxi colectivo que la traslada a Constantina, la gran ciudad del este de Argelia donde se hospeda cuando intenta visitar a sus hijos.

“La última vez que les abracé, los niños me hicieron prometer entre sollozos que volvería a verles el siguiente fin de semana”, prosigue. “Como si yo fallase alguna vez a la cita semanal, aunque a veces ni les veo y solo cosecho insultos y algún que otro golpe”, añade. “No han olvidado el español”, pese a los tres años de separación, recalca orgullosa, “aunque Rayhan, la pequeña, ahora contesta en árabe a las preguntas que le hago”. “Este calvario es muy duro”, insiste con la voz quebrada. “Es una pesadilla interminable”.

Asunción Salas lleva tres años luchando para poder ver con regularidad a Samara, de 15 años, a Salahdin, de 12, y a Rayhan, de 10 años. Desde junio tiene una sentencia de divorcio en Argelia, pronunciada por una juez, que otorga la custodia al padre, pero que le obliga a entregarle a sus hijos el fin de semana argelino —desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la tarde— y también la mitad de las vacaciones escolares. “No se cumple”, se queja Salas amargamente.

El exmarido no contestó a las llamadas de EL PAÍS, pero ante el abogado de Salas, Djebbari Mehdi, justificó su rechazo a cumplir la sentencia judicial por el miedo a que la madre se marchase a España con los hijos. Propuso que los pudiera ver semanalmente solo en casa de su madre, en el pueblo donde reside.

La historia de Salas es una de tantas de esas mujeres europeas que se casaron con hombres musulmanes aparentemente tolerantes y liberales, pero que, con el transcurso del tiempo —sobre todo cuando regresan a sus países de origen—, dejaron aflorar su educación ultraconservadora y machista.

Cuando aún era una adolescente de 17 años, Salas se fue a Londres a estudiar inglés y allí conoció a Mabrouk, del que se enamoró. “Al principio fuimos muy felices”, recuerda. No tardó en quedarse embarazada. La pareja se casó rápidamente, sin ni siquiera invitar a la familia de la novia.

En 2008 “empezaron los malos tratos", prosigue Salas, “pero la gota que hizo desbordar el vaso de mi paciencia fueron los palos que dio a Samara”, la mayor. “Tomé entonces la decisión de separarme y empecé, en mayo de 2009, por ingresar con los niños en un hogar para mujeres maltratadas”, rememora.

El tribunal del condado de Brentford le concedió a Salas el divorcio y la custodia de los tres pequeños, y hasta prohibió al padre llevarlos fuera de Reino Unido. El 10 de marzo de 2010 Mabrouk acudió a recogerlos con el pretexto de llevarles a la piscina, pero les sacó del país rumbo a Argel. “¿Cómo es posible que le hayan dejado pasar por el aeropuerto con los niños con esta sentencia?”, se indigna Salas.

Aunque en agosto de ese año el Tribunal Superior de Justicia de Londres ordenó la vuelta de los tres hijos —que son británicos, españoles y argelinos— a Reino Unido, Asunción Salas ya había comprendido que la única manera de verles —no ya de recuperarles— era trasladarse a Argelia. “Y ya llevo tres años en este país. Primero tramitando la residencia, que me costó mucho obtener, y después buscando trabajo para poder seguir viviendo legalmente y tener algunos ingresos”, afirma desde el taxi.

“Enseño inglés en una guardería de Argel, hago de intérprete en alguna feria industrial para ir tirando y, de paso, he aprendido el árabe dialectal que se habla aquí”, asegura. Los fines de semana pone rumbo en un taxi colectivo a Constantina, ahí toma otro a Oued Zenati y, por último, un tercero hasta el pueblo de Ain Trab.

Acude hasta allí no solo para ver a los niños, sino porque ha solicitado en el juzgado de Oued Zenati que se cumpla el veredicto argelino que le da derecho a pasar con ellos el fin de semana. “El juez me ha dicho que bastará con que un alguacil de juzgado testifique que me presenté al menos dos veces en la casa y no me los entregó, para que él dicte una sentencia ordenando que se cumpla mi derecho de visita”, indica Salas.

“He conseguido que una vez me acompañe un alguacil —pagándole la tarifa estipulada—, pero para levantar acta una segunda vez, la vez definitiva, ya no le encuentro a él ni a ningún otro”, se lamenta Salas. “Es como si se en este pueblo se hubiesen coaligado contra mí”.

Fuente: El País.

El CGPJ rechaza la custodia compartida impuesta por el juez sin acuerdo parental

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• Un informe de la Comisión de Estudios alerta de los problemas para el menor de esta decisión

Alejandra Agudo Madrid 17 SEP 2013 - 18:00 CET

“Puede ser problemático para el menor que el juez imponga la custodia compartida si ninguno de los padres lo quiere”. Así resume Margarita Robles, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una de las principales objeciones del órgano judicial al anteproyecto de ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental en caso de nulidad, separación y divorcio, recogida en un informe redactado por la comisión de estudios. La reforma proyectada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón permite al juez establecer la convivencia de los hijos con ambos progenitores sin tener en cuenta el criterio de los padres y atendiendo únicamente al interés superior del menor.

El documento del CGPJ alerta de los "inconvenientes" de imponer la custodia compartida sin que al menos uno de los progenitores la pida. "Esta modalidad exige un alto grado de cooperación para que resulte exitosa, toda vez que las decisiones relativas al cuidado de los menores y las pautas educativas a seguir necesariamente deberán ser consensuadas, so riesgo, en caso contrario, de revertir negativamente en el interés del menor", apunta el Consejo. Por eso, el organismo llama a “repensar” esta modificación de la ley. Fuentes del ministerio de Justicia apuntan que "el espíritu de la ley es romper con la excepcionalidad de la custodia compartida, lo que no significa que se le de prioridad". "Confiamos en que los jueces velarán siempre por el interés del menor y en que ninguno va a obligar a esta modalidad si observa que no habrá forma de mantenerla", añaden.

Robles, ponente del texto -todavía provisional a falta de su aprobación por el pleno del CGPJ el próximo jueves 19 y que podría sufrir modificaciones-, aboga, sin embargo, por que “se mantenga el modelo actual”. Esto es que el juez decida otorgar la custodia compartida siempre que haya acuerdo “o que al menos uno de los cónyuges lo pida y el juez valore esta opción en beneficio del menor”, señala la vocal.

“No somos partidarios de la custodia compartida impuesta por el juez porque puede generar problemas. Esto no significa que cuestionemos este régimen”, puntualiza Robles. En este sentido, el documento destaca que “en términos generales, la modalidad compartida resulta una opción ventajosa, en tanto posibilita que ambos progenitores participen activamente en el cuidado y la educación de los hijos”.

Para Robles, sin embargo, que sea el juez el que decida esta modalidad contra la voluntad de los progenitores, provocará que se “judicialicen las relaciones de los padres con los hijos”. EL CGPJ subraya los problemas que “por la experiencia” prevé que puede ocasionar una custodia compartida forzada, sobre todo, en los cambios de domicilio. “Si un juez establece que el menor pase 15 días, tres o seis meses con cada uno de los progenitores, bien sea porque el niño se mude de una casa a otra o sean los padres los que vivan ese tiempo en el hogar del hijo, es necesaria la voluntad de hacerlo”, explica la vocal del CGPJ. En su opinión, cuando las relaciones “son horrorosas” y se deterioran hasta el punto de no llegar a un acuerdo, es muy difícil que se alcance ese grado de colaboración mutua.

El informe del CGPJ también advierte de la posibilidad de que los jueces la fijen “a modo de solución salomónica” en caso de desacuerdo entre los padres. Además, al no haber sido solicitada expresamente por alguno de los progenitores, es previsible que su otorgamiento sea recurrido ante la justicia, señala el texto.

Fuente: El País.

La justicia europea da un espaldarazo a la adopción por parejas homosexuales

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• Una sentencia del Constitucional en Alemania y otra del Tribunal Europeo referida a Austria da un espaldarazo a las familias homoparentales

• Ambos países limitaban las adopciones en situaciones que los magistrados ven discriminatoria

Juan Gómez / Agencias Berlín / Estrasburgo 19 FEB 2013 - 13:58 CET

Dos sentencias, una europea y otra solo para Alemania, han reforzado el papel de las familias homoparentales. El Tribunal Constitucional alemán ha dado un paso más hacia la equiparación de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y los matrimonios tradicionales. Una sentencia de hoy permitirá a las personas que hayan contraído un vínculo civil adoptar a los hijos adoptados por su pareja. Hasta ahora, solo podían asumir la responsabilidad de los hijos biológicos de sus compañeros.

En la misma línea, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha obligado también a Austria a derogar la ley que impide en los matrimonios del mismo sexo que un cónyuge adopte a los hijos adoptivos de su pareja, como lo hacen los heterosexuales, por considerarla "discriminatoria".

Pese a la sentencia del Constitucional alemán, que homologa los derechos de los homosexuales en los diferentes länder y permite las llamadas adopciones sucesivas, las parejas gais y lesbianas seguirán teniendo vetada la adopción conjunta. Los matrimonios sí pueden. Según el Tribunal con sede en Karlsruhe, de momento no hay ningún proceso en marcha sobre este punto. Los jueces trabajan en otra demanda parejas que aspiran a que se les equipare a efectos fiscales con los matrimonios. En Alemania, estar casado con o sin hijos permite desgravar una buena porción del IRPF, sobre todo si el cónyuge no trabaja. Las uniones civiles, con o sin hijos, no tienen esta posibilidad.

La demanda de inconstitucionalidad en Alemania había sido interpuesta por dos parejas. Entre ellas, la formada por una médico de Münster que lleva 20 años conviviendo con otra mujer. Su pareja adoptó a una niña búlgara en 2004, pero la médico no ha podido registrarla como hija suya. En el caso austríaco, dos mujeres en una relación estable reclamaron ante la justicia poder convertirse ambas en responsables legales de un niño adoptado por una de ellas, pero hasta hoy se les había denegado.

La sentencia de Alemania beneficiará a los hijos adoptivos en caso de separación de la pareja, tras la cual podrá decidirse con cuál de los dos seguirán viviendo. Además, tendrán derecho a que el otro progenitor contribuya a sus gastos. También saldrán ganando a la hora de heredar. El TC ya había dictado antes varias sentencias favorables a la equiparación de ambas formas de compromiso, por ejemplo en lo relativo a las sucesiones.

Los Verdes ha sido el primer partido en aplaudir la decisión de Karlsruhe como “una victoria para los niños” que se verán protegidos por ambos progenitores. La ley actual reconoce “algo que ya es realidad” en muchos casos.

Tankred Schipanski, diputado federal de la Unión Demócrata Cristiana de la canciller Angela Merkel (CDU), se apresuró en cambio a lamentar por Twitter “la mala interpretación de la idea fundamental del matrimonio y la familia”.

De poco le va a servir la protesta, porque él y los demás legisladores tienen hasta el 30 de junio de 2014 para aprobar una ley acorde con la sentencia del Constitucional.

El tribunal de Karlsruhe ha rechazado las críticas de la asociación alemana de las familias (DFV, por sus siglas en alemán) que pone en duda que un niño pueda crecer de manera feliz dentro de una familia con los dos padres del mismo sexo. "Por fin los hijos adoptivos de familias homosexuales tienen los mismos derechos que las de heterosexuales", ha expresado la Federación de Gais y Lesbianas (LSVD), que ha pedido al Gobierno de Angela Merkel ir más allá.

En Alemania, el matrimonio homosexual no existe legalmente porque precisa de una modificación de la ley fundamental de 1949. Desde 2001, existe el régimen de "contrato de comunidad de vida" (el equivalente a la pareja de hecho), que permite a las parejas homosexuales oficializar su unión y da derechos similares a los del matrimonio, excepto en materia fiscal y la adopción.

Fuente: El País.

Adopción internacional como último recurso

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• Los acogimientos de extranjeros se han reducido drásticamente por el aumento de controles legales y reparos éticos.
• Dirimir qué es lo mejor para el menor no resulta fácil en muchos casos.

J. A. Aunión / Jose Reinoso 8 ENE 2013 - 22:14 CET


Niños de un orfanato de Bunia, al noreste de la República Democrática de Congo, en 2009. / Finbarr O'Reilly (REUTERS)

Para la mayoría de especialistas el descenso a la mitad de las adopciones internacionales en todo el mundo desde 2004 (45.299) a 2011 (23.500, según las estimaciones del especialista de la Universidad de Newcastle Peter Selman) responde al aumento de los controles y a la disminución de los menores en desamparo susceptibles de ser acogidos, lo cual es una buena noticia. Y, sin embargo, hay algunas voces que, también proclamando ese interés superior del menor, advierten contra esa tendencia. Por ejemplo, la profesora de la Universidad de Harvard Elizabeth Bartholet considera que esas buenas intenciones pueden castigar a miles de menores que en la práctica se ven obligados a pasar más tiempo en orfanatos o se les cierra la posibilidad de ser adoptados.

En España, uno de los países que más adoptan en el extranjero, la cifra bajó de 5.500 a 2.560 desde 2004. China y Rusia, los países de origen principales, han endurecido las condiciones a las adopciones internacionales en los últimos años, por las razones éticas y jurídicas, pero también con un punto de orgullo herido de potencia económica. A esto, además, se suman casos aislados de países que cierran sus fronteras a estos procesos por motivos religiosos: lo han hecho en los últimos meses Marruecos y Malí.

“Existe un asedio contra la adopción internacional. Las fuerzas principales del ataque se envuelven en el manto de los derechos humanos, argumentan que se niegan los derechos al patrimonio cultural, y dicen que a menudo involucra prácticas abusivas [...]. Pero el más elemental derecho humano de los niños es crecer en las familias que a menudo se encuentran solo en la adopción internacional. Estos derechos deben prevalecer sobre cualquier reclamo de soberanía estatal”, escribió la profesora Bartholet en un artículo de investigación de 2009.

Bartholet se refiere en su queja, entre otras cosas, al principio de subsidiariedad que contempla el Convenio de La Haya sobre la Protección de los Niños y la Cooperación en Adopción Internacional de 1993. Este dice que “si un niño puede ser adoptado en su país, no debe estar disponible para la adopción internacional”, explica el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Sevilla Jesús Palacios. “El convenio establece cosas muy importantes y básicas, como la necesidad de intervención judicial”, añade.

Así, con mayores controles se alargan los tiempos de espera y el que pasan los niños en los orfanatos. Además, la idea de la subsidiariedad hace que el perfil de los niños adoptables desde otros países varíe hacia chavales mayores y con problemas físicos o psíquicos, explica Adolfo García, coordinador general de la Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el acogimiento (Cora) en España.

García admite que la normativa internacional “exige unas infraestructuras que es imposible que muchos países tengan, o requisitos como una asistencia médica específica” también muy complicados de cumplir. Asegura, no obstante, que a pesar de los defectos e inconvenientes que pueda acarrear, “en la práctica, es mucho mejor tener que no tener” todas esas medidas de protección a la infancia. En cuanto a la subsidiariedad, está completamente de acuerdo —“la adopción internacional debe ser el último recurso, porque supone renunciar a lo más valioso que tiene un país”— y también con el cambio de perfil de los chavales que se pueden adoptar en otros países.

El mejor ejemplo de la tendencia global es China, el país del mundo que más niños envía a otros países: han sido casi 80.000 entre 2003 y 2011. Pero desde 2005, las cifras de adopciones internacionales han bajado de 13.000 a 4.000.

Diversos factores explican esta situación. El continuo progreso económico y la introducción de algunas políticas gubernamentales han hecho que existan menos chavales disponibles, las familias chinas están adoptando más, y nacen menos niños no deseados. Las autoridades han endurecido las condiciones a las familias extranjeras, con requisitos como que los adoptantes no tengan más de 50 años, no sean homosexuales, y la no elegibilidad de familias monoparentales.

Al tiempo que Pekín ha endurecido las condiciones para las familias extranjeras que quieren adoptar niños sanos, las ha suavizado para aquellas que optan por niños con discapacidades o “necesidades especiales”. Es el llamado pasaje verde, cuyos plazos de entrega son mucho menores: de uno a dos años. Esto ha tenido como consecuencia un incremento de la proporción de estos niños entre los adoptados; el 90% de los bebés y chavales disponibles son niñas, debido a la política del hijo único y la tradicional preferencia en China por los varones, lo que lleva a muchas familias a abandonar a los bebés si son niñas. Las medidas restrictivas tienen un componente de orgullo en la segunda potencia económica mundial, pero sobre todo reflejan la tendencia impulsada por organismos internacionales y ONG.

Desde mediados de los ochenta hasta 2004 hubo una enorme expansión de las adopciones desde países ricos a países pobres y ello trajo consigo algunos resultados indeseados. “Se ha producido un fenómeno tan terrible como incuestionable: la presión de la demanda ha generado un aumento de la oferta. Si hay alguien dispuesto a conseguir un bebé a toda costa, siempre habrá alguien que trate de satisfacer esa demanda y de aprovecharse. Gracias a lo establecido en el Convenio de La Haya y al buen juicio de la mayor parte de las familias y las autoridades implicadas, casi todas las adopciones se han hecho de forma correcta. Pero se deben establecer todas las medidas y requisitos posibles para lograr que las excepciones a esta regla sean las menores posibles y, ojalá, inexistentes”, explica Palacios.

“Ciertos países de recepción realizan presión sobre ciertos países de origen para poder adoptar niños. A su vez, algunos países de origen piden a los de recepción que apoyen u organicen programas de ayuda al desarrollo en ese país (normalmente a sus organismos acreditados). Esto puede tener la mejor de las intenciones (por ejemplo, ayudar a las familias y niños que nunca podrán ser adoptados), pero en la práctica, a veces, si no se ofrece dicha ayuda no se puede adoptar”, señala Laura Martínez-Mora, asesora legal de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Y añade: “Si bien hay que alentar a los Estados de recepción a estudiar formas de apoyo a los de origen a través de las agencias de cooperación y otras entidades especializadas, hay que establecer en todos los casos una clara separación entre la adopción internacional y esas contribuciones”.

En ese contexto, han ido ganando fuerza las tesis y los controles que establece el convenio, al que se van añadiendo cada vez más países: hasta el momento se han suscrito 89 países, incluida España en 1995. Entre los principios que establece están que las madres solo pueden consentir a la adopción de su hijo tras el nacimiento del mismo; que no puede haber contacto alguno entre los candidatos a la adopción y el niño o niña o sus familiares o representantes antes de que se haya realizado la asignación; que se prohíben los beneficios materiales indebidos; además de ese criterio de subsidiariedad.

La adopción internacional se abrirá solo cuando no “haya sido posible encontrar en su propio país una forma de cuidado alternativo de carácter familiar y permanente”, añade Martínez-Mora, pero eso no significa que de hayan de agotarse todas “las posibilidades de colocación del niño en su país; esto no sería realista, supondría una carga innecesaria para las autoridades, y podría alargar de manera indefinida la posibilidad de encontrar un hogar permanente en el extranjero para el niño”. “Precisamente, tanto en los países de origen como en los de recepción, es encontrar el difícil equilibrio entre el tiempo y las medidas con las que se va a apoyar a la familia de origen del niño con vistas a su reintegración del niño en su familia; y la necesidad de encontrar una solución de tipo familiar permanente y estable para el niño en su propio país en el menor tiempo posible”.

A pesar de esos matices, lo cierto es que esa idea de subsidiariedad es un argumento muy poderoso que se levanta tras el descenso de las adopciones internacionales, se queja desde Harvard Elizabeth Bartholet. De hecho, el especialista de Newcastle Peter Selman habla en un reciente artículo de la posibilidad de que, “si no se le aplica una verdadera reforma, la adopción internacional acabará siendo abolida, tachada como un error neocolonial”. A estas tendencias se suman otras que tienen que ver con cierto orgullo nacionalista de gran potencia de los principales países de origen, no solo en China, sino también en Rusia. Además, aunque en mucha menor medida, tras la restricción o el cierre de las adopciones internacionales hay motivaciones religiosas, por ejemplo, por parte de algunos países islámicos que no quieren que sus niños se eduquen en otras religiones (caso de Malí, Marruecos o Zanzíbar).

No obstante, desde Unicef, Susan Bissell, jefa de Protección Infantil, asegura que, en general, cuando se cierra el proceso de adopciones internacionales, es por “la preocupación que han producido casos de irregularidades en el proceso, por ejemplo en los casos de Guatemala, Camboya y Etiopía. Habitualmente estas restricciones se han aplicado de forma temporal, para que los países pudieran suscribir el convenio de La Haya. Camboya, por ejemplo, ha reabierto sus adopciones internacionales el 1 de enero de 2013, aunque se irán poniendo en marcha gradualmente”. Guatemala era en el año 2008 el segundo país que más niños envió a otros países, 4.186, por detrás de China y ligeramente por delante de Rusia.

Palacios insiste además en el cambio de perfil de los niños que se pueden adoptar desde otros países. “La tendencia es, claramente, hacia edades algo superiores y hacia mayor presencia de dificultades (de tipo médico, psicológico...). Y eso, lógicamente, choca con los deseos de muchas familias, cuya meta es un bebé lo más pequeño y lo más sano y sin problemas posible”. Pero añade: “Ahora hemos empezado a acordarnos de los grandes olvidados: los niños y niñas invisibles de nuestro propio sistema de protección español, muchos de los cuales pueden ser adoptados. Durante años hemos vivido la paradoja de ser uno de los países que más niños adoptaba fuera y que más niños adoptables tenía en sus propias instituciones. Las autoridades responsables, así estatales como autonómicas, hicieron muy poco para evitar esa paradoja, más inclinados a gestionar la demanda que a reorientarla”.

Fuente: El País.