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Los sindicatos de Educación se muestran a favor de la primera sentencia en España que condena a una menor por golpear a su profesora en un instituto de Las Palmas.
La violencia en las aulas ya no se considera un episodio al margen del artículo 550 del Código Penal, que por primera vez en su historia castiga a una alumna por agredir en clase a su profesora. Así lo ha decido el juzgado de Menores número 1 de Las Palmas, que le imputa a la estudiante un delito de atentado a un funcionario público y le impone a la menor, de quince años de edad, el castigo de nueve meses de libertad vigilada acompañada de tratamiento ambulatorio y la prohibición de acercarse a la agredida a menos 100 metros. Sus padres, además, tendrán que indemnizar a la docente con 8.475 euros.
Las reacciones de las secciones de educación de los sindicatos de todo el país no se han hecho esperar y vienen a refrendar las necesidades de protección que los profesores ya habían puesto sobre la mesa. «Es una sentencia positiva a favor del profesorado y es precisamente lo que veníamos demandando desde ANPE, agredir es un delito y así tiene que reflejarse en todos los ámbitos laborales y sociales», señala el secretario general de ANPE en Zamora, Fermín Casado, que se postula a favor de promover y conseguir un efectivo control de los alumnos en el colegio, es decir, hacer realidad la famosa autoridad en las aulas, «es una concesión que nos la tenemos que ganar nosotros, los profesores, y lo estamos intentando todos los días».
El mundo de la educación considera que «este es el buen camino», según expresa Ángel del Carmen desde la Secretaría General de UGT en la provincia. «No se puede seguir mirando para otro lado cuando se produce una agresión, hay que conseguir que los profesionales se encuentren en esta situación sepan que tienen todo el apoyo», asegura del Carmen, que incide en la importancia de que esta sentencia se conozca por toda la comunidad educativa, «que los alumnos sepan a qué se atienen y los profesores tengan la seguridad de que están protegidos. Es necesario que la sociedad aprecie la importancia que entraña este fallo judicial».
La sentencia, un paso adelante y una puerta abierta para nuevas resoluciones, deja en entredicho para el sindicato Comisiones Obreras la necesidad de una ley que autoridad para los profesores, «que se haya conseguido una sentencia favorable para la comunidad docente sin que exista una ley específica que los respalde hace innecesario que se redacte una», apunta Raquel Vidales, responsable provincial del sindicato. Desde CC OO «aceptan» la sentencia, la considera un avance y quieren que el rumbo continúe por ese derrotero, «sin necesidad de unos artículos que además de derechos para los profesores incluiría numerosas obligaciones», señala Vidales.
Para el secretario general de UGT, Ángel del Carmen, en Castilla y León la ley protege más a los profesores y les tiende una mano amiga en los casos de acoso o agresión en las aulas, «la Junta tiene puesto en marcha un sistema de apoyo a los docentes en estos casos, un teléfono al que llamar y ser escuchado», señala del Carmen, que se lamenta de que la profesora a la que beneficia la sentencia acudiera al Cabildo de Canarias en busca de protección y no encontrara ningún tipo de apoyo o respaldo.
Las reacciones de las secciones de educación de los sindicatos de todo el país no se han hecho esperar y vienen a refrendar las necesidades de protección que los profesores ya habían puesto sobre la mesa. «Es una sentencia positiva a favor del profesorado y es precisamente lo que veníamos demandando desde ANPE, agredir es un delito y así tiene que reflejarse en todos los ámbitos laborales y sociales», señala el secretario general de ANPE en Zamora, Fermín Casado, que se postula a favor de promover y conseguir un efectivo control de los alumnos en el colegio, es decir, hacer realidad la famosa autoridad en las aulas, «es una concesión que nos la tenemos que ganar nosotros, los profesores, y lo estamos intentando todos los días».
El mundo de la educación considera que «este es el buen camino», según expresa Ángel del Carmen desde la Secretaría General de UGT en la provincia. «No se puede seguir mirando para otro lado cuando se produce una agresión, hay que conseguir que los profesionales se encuentren en esta situación sepan que tienen todo el apoyo», asegura del Carmen, que incide en la importancia de que esta sentencia se conozca por toda la comunidad educativa, «que los alumnos sepan a qué se atienen y los profesores tengan la seguridad de que están protegidos. Es necesario que la sociedad aprecie la importancia que entraña este fallo judicial».
La sentencia, un paso adelante y una puerta abierta para nuevas resoluciones, deja en entredicho para el sindicato Comisiones Obreras la necesidad de una ley que autoridad para los profesores, «que se haya conseguido una sentencia favorable para la comunidad docente sin que exista una ley específica que los respalde hace innecesario que se redacte una», apunta Raquel Vidales, responsable provincial del sindicato. Desde CC OO «aceptan» la sentencia, la considera un avance y quieren que el rumbo continúe por ese derrotero, «sin necesidad de unos artículos que además de derechos para los profesores incluiría numerosas obligaciones», señala Vidales.
Para el secretario general de UGT, Ángel del Carmen, en Castilla y León la ley protege más a los profesores y les tiende una mano amiga en los casos de acoso o agresión en las aulas, «la Junta tiene puesto en marcha un sistema de apoyo a los docentes en estos casos, un teléfono al que llamar y ser escuchado», señala del Carmen, que se lamenta de que la profesora a la que beneficia la sentencia acudiera al Cabildo de Canarias en busca de protección y no encontrara ningún tipo de apoyo o respaldo.
Extraído de http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2010/01/23/mazo-justicia-resuena-aulas/412229.html
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