El PP destacó la defensa de los derechos de los menores que garantiza esta norma, así como que contemple el asesoramiento de personal especializado, mientras que los dos grupos de la oposición, que apoyaron algunos artículos de la ley y destacaron su importancia, la rechazaron porque consideraron que el Gobierno valenciano busca la privatización de este servicio.
Los Puntos de Encuentro Familiar son los espacios en los que se presta el servicio especializado con el que se ofrece atención profesional para facilitar que los menores puedan mantener relaciones con sus familiares durante los procesis y situaciones de separación o divorcio de sus progenitores, u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, como define la ley aprobada en el Parlamento valenciano.
Estos espacios, según establece dicha norma, son un servicio social gratuito, universal y especializado al que se accede por resolución judicial o administrativa, que busca facilitar el derecho de los menores a relacionarse con ambos progenitores y/u otros parientes o allegados, así como su seguridad en dichas relaciones. Ambos principios se garantizan por medio de este servicio mediante una intervención temporal de carácter psicológico, educativo y jurídico por parte de profesionales debidamente formados, como indica el texto de la nueva ley.
El grupo parlamentario popular aseguró que se trata de una norma "pionera" que regulará el funcionamiento "de un espacio idóneo y neutral" con el fin de "garantizar el cumplimiento del régimen de visitas en casos de conflicto familiar", como manifestó la diputada del PP Asunción Quinzá, que destacó también que esta norma garantiza también "el derecho de los menores a relacionarse con sus padres u otros familiares" en estos supuestos.
Quinzá afirmó que la protección de la familia y de los menores es "un mandato irrenunciable" para los poderes públicos que establecen tanto la Constitución española como el Estatuto de Autonomía de la Comunitat y subrayó la necesidad de "dar rango de ley" a la regulación del servicio de los puntos de encuentro familiar "con el objetivo prioritario de proteger en todo momento al menor".
Tras el debate, durante la explicación del voto, el diputado popular Antonio Vicente Peral indicó que, "una vez más", ha sido el PP el que ha sacado adelante "sólo con sus votos, sin el apoyo de la oposición, una ley pionera y vanguardista" en España. Lamentó que esta división del voto se haya producido, en este caso, en una materia cuya importancia, por estar relacionada con la defensa "de los que más lo necesitan", hubiese requerido "alzanzar los mayores apoyos" en el hemiciclo de la Cámara autonómica.
Asimismo, censuró que PSPV y Compromís hayan "lanzado dudas" sobre la gestión del Gobierno valenciano y la prestación de "un servicio más eficaz" como el que se persigue con la nueva ley en los Puntos de Encuentro Familiar.
Peral, que apuntó la voluntad del Consell de extender este servicio "al mayor número de municipios posibles" de la Comunitat, coincidió con Quinzá en destacar la gratuidad de su prestación. Ambos resaltaron que en los doce puntos de encuentro familiar existentes hasta el momento se realizaron durante 2007 cerca de 6.000 atenciones, según dijeron, "un 50 por ciento más" que las efectuadas en 2006.
La parlamentaria popular, que defendió la ley durante su debate la sesión plenaria celebrada este miércoles en Les Corts Valencianes, destacó que la norma contempla la intervención de "profesionales cualificados" para ofrecer al menor, a las personas mayores con incapacidad que acudan a los puntos de encuentro y a las víctimas de violencia familiar atención psicológica, educativa y legal, y "paliar la conflictividad" de la que son víctimas.
Así, indicó que la norma establece que los puntos cuenten con letrado, auxiliar administrativo y trabajador o educador social para que además de las medidas jurídicas se pueda ofrecer "un trabajo complementario" con carácter "psicopedagógico".
"Desigualdades".
Por su lado, la diputada del PSPV Mª Dolores Huesca, que intervino en el debate en nombre del grupo socialista, indicó que además de la atención del menor para garantizar el régimen de visitas establecido por un juzgado y garantizar "la seguridad y el bienestar" del menor en la relación con sus familiares en casos de conflicto familiar, los puntos de encuentro familiar deben atender casos de violencia de género o familiar.
Señaló, tras recordar que su grupo presentó una enmienda a la totalidad de esta ley, que las instalaciones en las que se encuentra este servicio "no están preparadas" para atender estas últimas situaciones y apuntó que ello genera quejas.
Huesca se mostró contraria al "intervencionismo" por parte de los profesionales de este servicio en cuestiones más allá del cumplimiento de las sentencias que fijan el régimen de visitas de los menores. Indicó que "no pueden actuar o hacer informes periciales" y rechazó también que se pretenda "privatizarlos" porque ello "lleva a diferencias en los criterios de funcionamiento, crea desigualdades entre los usuarios y genera quejas y reclamanciones".
Consideró que éste debe ser "un servicio público" y afirmó que de este modo se garantiza la "transparencia" y la calidad, además de señalar que si se privatiza se crearán "favoritismos" hacia fundaciones y empresas privadas.
Así, censuró que esto sirva para que "el Consel haga negocio con los intereses de los ciudadanos" y manifestó la voluntad de su grupo de crear, por medio de una proposición no de ley, "un catálogo de funcionamiento" de los puntos de encuentro familiar "para evitar desigualdades". Criticó también que los puntos están "saturados" y que cuentan con "personal en prácticas no especialistas en violencia de género por mucho que la ley lo quiera hacer creer".
La diputada de Compromís, Mireia Mollà, por su parte, recordó las enmiendas presentadas por su grupo para "mejorar" la ley por lo que se refiere a la necesidad de "garantizar el principio de no discriminación" y a la de que los puntos de encuentro familiar sean "un servicio público". Estimó que dejarlo en manos privadas "podría ser un error" y aseguró que la privatización es algo a lo que la administración del PP "nos tiene acostumbrados". Lamentó que en este caso se pretenda aplicarla en un servicio dirigido a los menores y pidió que sea la administración quien se haga cargo de ellos.
"Error gravísimo"
Mollà destacó también el interés de Compromís por "evitar infracciones en el funcionamiento de estos puntos" y la conveniencia de que cuenten con personal titulado. Aseguró que entre los objetivos del punto de encuentro ha de estar el de "dar cobertura legal, psicológica y educativa" y estimó "un error gravísimo" que el PP deje como "optativo" y "complementario" que cuenten con un educador o trabajados social. Recahzó el discurso "del constante engaño, del farol y de la trampa" de los populares.
En respuesta, Asunción Quinzá aseguró que la ley no habla de privatizar y destacó que su objetivo no es "engañar a nadie", al tiempo que destacó que la composición de los puntos de encuentro, por lo que se refiere al personal, "lo marca la ley". Asimismo, negó que se busque "hacer negocio".
Extraído de http://www.panorama-actual.es/noticias/not273651.htm
Equipo de Investigación.
Área Violencia Doméstica y Maltrato.
Instituto Europeo Campus Stellae.
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