La “tradición” de “robarse a la novia”, donde un hombre que se vale de la violencia o del engaño para sustraer de su hogar a una mujer, con el objeto de abusar sexualmente de ella y mantenerla secuestrada, forma parte de los actos criminales que la ley perdona cuando el delincuente acepta casarse con su víctima.
Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de asuntos jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que la condonación del delito de “rapto”, entendido como la sustracción, retención o apoderamiento de una mujer por medio de violencia física o moral, para tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, tiene lugar en 20 códigos penales del país.
Se trata de Baja California Sur, Campeche y Coahuila, así como de Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, donde aún predomina la “supuesta tradición de robarse a la novia, aun cuando sea en contra de su voluntad, atente contra sus derechos humanos y su integridad física”.
“El delito de violar a una mujer y mantenerla secuestrada se extingue cuando el delincuente se casa con la víctima. La ley en estos estados premia al responsable. Esta situación es aún más grave cuando se trata de menores de edad”.
Navarrete Gutiérrez dijo que las menores tampoco son protegidas por la ley ya que en 30 códigos penales se protege a quien cometió “estupro”, entendido como la relación sexual que se sostiene con una niña mayor de 12 años y menor de 18 años por medio del engaño o seducción.
Además, en estos códigos se legitimiza el matrimonio forzado con menores, algo que el derecho internacional prohíbe.
Con excepción de Tlaxcala y Tabasco, las demás entidades federativas protegen al violador, además de que se le premia. “Esto sólo incentiva aún más la violencia contra las mujeres”, dijo.
El especialista en leyes rechazó que deban de ponderarse los denominados “usos y costumbres” para justificar la violencia contra las mujeres y pisotear sus derechos humanos.
“En muchas comunidades indígenas hay venta de niñas por parte de la familia, y este tipo de prácticas son las que deben de revertirse ya que promueven los matrimonios forzados e incluso el esclavismo. La gente es vendida para realizar trabajo doméstico o para fines de explotación sexual”, precisó Navarrete Gutiérrez.
Hace unos días la directora de Inmujeres, María del Rocío García Gaytán, solicitó al Poder Legislativo promover modificaciones en los códigos civiles y penales que atentan contra las mujeres.
Extraído de http://www.milenio.com/tampico/milenio/nota.asp?id=649758
Equipo de Investigación.
Área Violencia Doméstica y Maltrato.
Instituto Europeo Campus Stellae.
Correo electrónico.
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