La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha anunciado hoy que su Departamento diseñará un paquete de medidas "específicas" para luchar "contra el creciente aumento de violencia en la población extranjera inmigrante" porque este ámbito requiere "respuestas específicas".
Tras condenar las dos nuevas víctimas de este fin de semana, en su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Senado, la ministra ha subrayado el valor de la Ley Integral contra la Violencia de Género y ha señalado que gracias a ella "hay más conciencia social, las mujeres están más protegidas, denuncian más y tienen más derechos sociales y apoyo para salir de la violencia".
Sin embargo, "aunque estamos en el camino correcto", se han detectado "algunos déficit en la Ley, errores de coordinación y nuevas demandas" que deben ser respondidas, ha reconocido.
Plan de empleo
La ministra, que no ha aclarado en qué consistirá el plan específico para las inmigrantes que ha anunciado, ha dicho también que Igualdad impulsará un plan de empleo para las víctimas de la violencia machista (nacionales y extranjeras) que incluirá programas formativos e incentivos para las empresas que las contraten y para que estas mujeres trabajen por cuenta propia.
Además, el Ministerio reforzará la prevención de los malos tratos y la sensibilización desde el ámbito educativo, creará un espacio de intercambio de buenas prácticas entre las autonomías, armonizará los programas de reeducación de maltratadores y seguirá reforzando la formación especializada de todos los profesionales involucrados en este problema (personal sanitario y judicial, policía, etc).
La ministra ha recordado que junto a todas estas medidas, el Gobierno celebrará una Conferencia de Presidentes para abordar este tema desde "el máximo nivel político" y "el que corresponde a un Pacto de Estado; el que merece este asunto", ha subrayado.
Interrupción del embarazo
Aído se ha referido también a la futura ley de interrupción voluntaria del embarazo que el Gobierno presentará el año próximo y en la que ya trabaja un Comité de Expertos.
Ha explicado que la regulación actual tiene que ser evaluada porque hoy en día "no satisface a nadie ni garantiza la mejor prestación sanitaria posible" y es "manifiestamente mejorable".
La intención del Gobierno -ha dicho- es garantizar los derechos fundamentales y la seguridad jurídica de las mujeres y de los profesionales que intervienen en el proceso, así como la igualdad territorial de esta prestación sanitaria.
"Queremos además que se redacte con el mayor consenso social posible y con el mayor respaldo parlamentario posible", ha dicho.
Ha reconocido que la interrupción del embarazo "es un trauma" y "por eso precisamente no podemos añadirle más dificultades" al proceso, sino todo lo contrario, hay que "ampliar las libertades" y hacerlo "con la mayor transparencia posible".
Falta de recursos
Por su parte, María del Carmen Dueñas (PP) ha denunciado que el Ministerio no busca ni propone soluciones reales para luchar contra la violencia machista y ha asegurado que faltan medidas y recursos.
También ha manifestado que el aborto es "un fracaso moral y social" y que ampliar los supuestos del aborto "no es un triunfo para los derechos de las mujeres".
Rosa Núria Aleixandre (CiU) ha advertido que las inmigrantes víctimas de violencia machista temen denunciar a sus parejas por miedo a la expulsión y por problemas de comunicación e idioma, ha denunciado que "algo se está haciendo mal" cuando miles de menores se quedan embarazadas cada año y ha recriminado a la ministra que su Departamento olvide a las viudas.
Extraído de http://www.publico.es/espana/154887/igualdad/disenara/medidas/inmigrantes/victimas/violencia/genero
Equipo de Investigación.
Área Violencia Doméstica y Maltrato.
Instituto Europeo Campus Stellae.
Correo electrónico.
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