Por mayoría absoluta, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el 3 de julio una modificación de la legislación laboral referida al trabajo doméstico infantil. La reforma establece que la edad mínima de ingreso al empleo doméstico es de 14 años cumplidos, y en caso de que un empleador contrate a un o una adolescente deberá notificarlo a la Inspectoría de Trabajo.
Asimismo, señala el tipo de sanciones administrativas que recibirán quienes inflijan trato humillante, discriminación, violencia física, psíquica y sexual contra el o la adolescente, a la vez que obliga al pago de una remuneración y la inscripción de la persona trabajadora en el régimen de seguridad social.
En Honduras, organizaciones campesinas y obreras proclamaron en una reciente declaración su compromiso “por la prevención y erradicación del trabajo infantil y en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Firmada por la Central General de Trabajadores de Honduras, la Confederación Nacional de Campesinos, la Confederación de Trabajadores de Honduras, el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras y la Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales de Honduras, la declaración resolvió incorporar la erradicación del trabajo infantil “con la prioridad e importancia más alta” a sus reivindicaciones históricas.
Guillermo Dema, coordinador subregional del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo (IPEC/OIT), resaltó el hecho de que “todo el movimiento obrero y campesino de Honduras se une en torno a la prevención y erradicación del trabajo infantil”.
Es un delito.
Igualmente, fue lanzada en Costa Rica, Honduras y Panamá la campaña “¡Es un delito!” contra la explotación sexual comercial en América Central. Con afiches y mensajes en radio y televisión, se pretende sensibilizar a la población en la no tolerancia de la explotación sexual infantil.
La campaña, cuyo mensaje es “Matar es un delito, robar es un delito… Utilizar a personas menores de 18 años en actividades sexuales también es un grave delito que se paga con la cárcel”, es impulsada por colegios de periodistas y comisiones nacionales contra la explotación sexual comercial y está dirigida a un público masculino, buscando romper el círculo de la tolerancia social y mostrando las consecuencias penales.
La OIT advierte que el delito de explotación sexual comercial “es una violación a los derechos humanos de las personas menores de edad y una forma de explotación análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso. Es un modo de vulnerar los derechos humanos de las personas menores de 18 años, ya que atenta contra su integridad física y psicológica, su dignidad y su desarrollo”.
Los impulsores de la campaña explicaron que “urge promover y asumir de manera inmediata una cultura de rechazo absoluto a la explotación sexual comercial, garantizando la protección y el ejercicio pleno de los derechos de las personas menores de edad. Hay que tomar conciencia de que son las personas adultas las responsables de detener este tipo de violencia, tanto desde el punto de vista individual, como de las organizaciones sociales y privadas y del Estado que, en última instancia, es el principal responsable de la protección de los niños, niñas y adolescentes”.
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